2 de junio de 2016
Hon. José ʺConnyʺ Varela
Presidente
Comisión de Gobierno
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Aldiaz@camaraderepresentantes.org
Señor Presidente:
Ref.: Ponencia en torno al Proyecto de la Cámara 2944 para establecer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
ʺPara establecer la política pública de acceso a la información y documentación gubernativa; ordenar, organizar y pautar lo mecanismos de acceso real; consignar principios e instrumentos de garantía al acceso; establecer la obligación gubernativa de informar y de educar sobre el principio y la práctica de la transparencia gubernativa, el acceso a la información y documentación, y a os mecanismos de cómo conseguirla; organizar y reglamentar los mecanismos de creación de expedientes; ordenar la designación de un Oficial de Información Pública; crear una Junta Administrativa Revisora de controversias sobre violaciones a esta ley; pautar un procedimiento de Apelación Judicial final a las resoluciones de esta Junta y para otros finesʺ
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Señor Presidente y señores integrantes de esta Comisión, comparece ante ustedes Sandra D. Rodríguez Cotto. Vengo a deponer sobre esta medida por petición de periodistas a favor y en contra a la misma, y a base de las serias interrogantes y preocupaciones que levanta en mi carácter personal y laboral.
Soy relacionista profesional, con el número de licencia #R-389, laboro en este campo desde el año 2004 y presido mi firma de consultoría, Joy PR, pero muchos me conocen por mi carrera como periodista en y fuera de este país. Hoy vengo a deponer en calidad de comunicadora, como relacionista profesional, y como periodista de vocación con una larga trayectoria. Vengo además como analista de medios de comunicación, función que llevo haciendo por más de 25 años. Adjunto a esta ponencia encontrará una descripción de mi experiencia profesional esos campos.
Agradezco a la Comisión y a los legisladores la oportunidad de comparecer ante esta Comisión de Gobierno para exponer mis serios reparos, recomendaciones y otros planteamientos en torno a la medida que crearía la Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y a la Información Pública (P. de la C. 2944).
I. Introducción
Para preparar esta ponencia les debo admitir que he conversado con cuatro abogados, una jueza del Tribunal de Primera Instancia, otra jueza del Tribunal de Apelaciones, con tres líderes comunitarios, más de una decena de relacionistas profesionales y con más de 20 periodistas de todas las regiones geográficas de Puerto Rico a los que les he consultado su parecer y poder así dar una opinión informada.
Conversé varias veces incluso con mi amigo y uno de los proponentes de la medida, el periodista Oscar Serrano, quien me presentó varios de los temas y me contestó preguntas, al igual que otros miembros del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. No he conversado con los presidentes de gremios de periodistas, pero si leí la ponencia de la Asociación de Relaciones Profesionales de Puerto Rico.
Todas esas gestiones me llevaron a concluir varias cosas irrefutables:
1. Que la mayoría de los periodistas NO se han leído la medida propuesta ni todas las ponencias a favor o en contra. Sus expresiones se basan en comentarios de colegas o en la percepción que se ha generado por los titulares de los medios que han cubierto el tema. En ese sentido, la opinión pública que se ha generado no parte de un conocimiento real del tema propuesto.
2. Que NOtodos los periodistas se han expresado del tema. Tampoco se han expresado públicamente ni han comparecido hasta ahora a las vistas públicas los empresarios mediáticos o los representantes de la mayoría de los medios o las empresas mediáticas en la prensa tradicional nacional o regional. Esto hace preguntar a su vez por qué NO le han prestado interés a este asunto, lo que me obliga a especular si ese silencio responde a su vez al desconocimiento del tema, a que la prensa en realidad apoya la medida o a si en verdad la rechazan y no quieren decirlo públicamente. Cualquiera de esas razones necesitaría una aclaración.
3. Que los relacionistas y otras profesiones relacionadas al campo de la comunicación no se han expresado sobre un tema que los afecta directamente. Se necesitaría su insumo en este asunto.
4. Que son pocas las entidades comunitarias que han participado en la discusión y no se ve una amplia diversidad de grupos cívicos, religiosos, sindicales o de otras entidades participando, más allá de las cerca de 30 incluidas en las listas distribuidas por el Centro de Periodismo Investigativo hasta el momento. Desconozco si ha habido reunión cumbre de estos sectores y si las incluidas en la lista en realidad son representativas del resto.
5. Que también ha sido limitada la participación en este asunto de la academia, particularmente de los programas de comunicación y política a nivel universitario. No están todas las universidades participando y eso merece una explicación.
En el análisis de la percepción pública de este tema, y de la medida como tal, todo esto me hace concluir que aunque tiene una buena intención, esta medida como esta presentada, es peligrosa para el ejercicio del periodismo y para la práctica de las relaciones públicas en el país.
Tengo serias objeciones a esta medida que no son solamente por principios, como bien podrían argumentar algunos aquí presentes, sino también en términos de los intereses que la impulsan, la implantación de lo propuesto y el impacto final en lo que a todas luces apunta a que será una carga adicional al erario y traería una mayor dificultad para el campo de la comunicación en general.
Debo aclarar además que como principio, nunca acepto ni me gusta, ni mucho menos creo que sea propio que periodistas y comunicadores voluntariamente validen el que legisladores incidan en el ejercicio de sus funciones a través de la radicación de proyectos. Siempre lo he combatido. Sin embargo, reconozco que hay una necesidad de que se establezcan mecanismos para que se mejore el acceso de la ciudanía a la información. Espero poder presentarles mis planteamientos y que sean considerados para que la medida NO sea aprobada tal y como se ha presentado.
Adelanto que durante mi ponencia les presentaré una serie de razones por las que esto no se debe aprobar de la manera en que está presentado. Presento además como prueba en un anejo a la ponencia, que esta no es la primera vez se intenta desde la Legislatura, del Gobierno y desde la sociedad civil legislar para promover la transparencia en la información pública.
II. Señalamientos generales
El acceso a la información es un derecho constitucional, y por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de reconocerlo ante todos sin distinción alguna.
Todo ciudadano - llámese líder comunitario, empresario, estudiante, periodista o lo que sea – tiene como derecho humano fundamental la necesidad de saber y conocer que es lo que le afecta. Por lo tanto, tiene la obligación de exigir total transparencia del gobierno. Los periodistas y los comunicadores que suelen ser los interlocutores de los públicos en ese proceso de conocer la información oficial, tienen la obligación moral de relatar los hechos tal y como acontecen, libre de limitaciones.
Es por eso que tengo que comenzar señalando que el Proyecto de la Cámara 2944, de su faz, ha sido un ejercicio loable de los grupos que lo han venido impulsando. Ha sido positiva esta gestión para que el gobierno y los funcionarios recuerden que se deben al público y no a sus intereses personales, ideológicos y políticos. En ese sentido, presentar este tipo de medida que abona a la transparencia en la información pública es algo que todo el mundo debe aplaudir.
Sin embargo, la medida plantea varias interrogantes que no se han contestado al día de hoy y que esbozaré a continuación.
Si queremos decir que vivimos en un país democrático, tenemos que lograr y defender que exista una libertad de expresión amplia, pero eso no se puede lograr si persisten mecanismos que obstaculizan el acceso a esa información. Tampoco se logra si se permite que sean solo unos pocos individuos los que determinen que es pertinente que se sepa, controlando así el libre flujo de esa información.
Esos pocos que controlan la información, hasta ahora son funcionarios públicos, y bajo ningún motivo se puede permitir que periodistas, comunicadores, abogados o líderes cívicos o comunitarios se presten para formar parte de estratagemas que redunden en controlar la información, paralizar o neutralizar el interés de investigar temas ocultos, ni mucho menos se puede permitir que se carpetee a todo aquel individuo que se registre en algún foro público para buscar información. Otras de las preocupaciones que tengo con esta medida son las siguientes:
1. La intención de algunos proponentes es crear una versión local de la Ley Federal de Acceso a la Información, tendencia a la que se han unido varios estados y países. Lo no que no comprendo es el método de la selección de componentes de la Junta Administrativa y el proceso para hacerlo, ya que lo incluido en esta medida levanta más interrogantes que certezas.
2. ¿Cuál es la urgencia de crear una nueva agencia cuando estamos en una virtual quiebra del gobierno, con la posibilidad de que se imponga una Junta Fiscal porque no hay dinero, cuando estamos próximos a unas elecciones y en la última sesión? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué no esperar para hacer algo más ponderado y participativo? La rapidez abona a que se creen suspicacias innecesarias sobre el proceso y las motivaciones de sus proponentes.
3. Se ha dicho reiteradamente en este proceso de vistas públicas que el derecho a la información recae en los ciudadanos y no en los periodistas. Estoy clara que la prensa se debe al público y parte esencial del ejercicio del periodismo es servir de interlocutor para descubrir aquello que entidades públicas o privadas quieran ocultar. Si bien es cierto que entidades necesitan una estructura que garantice el acceso a la información, ¿por qué entonces se tiene hacer creando más burocracia y constándole tanto dinero al pueblo?
4. La medida crea un proceso alterno para aquellos que busquen información pública. En el proceso se le concede un término a la entidad para contestar pero si no se entrega la información, el solicitante puede acudir al tribunal. ¿Eso no es acaso más burocracia?
5. Tampoco se explica cómo en efecto los empleados públicos van a poder llevar una bitácora para mantener al día la información en sus respectivas agencias. ¿Afecta esto las funciones de aquellos empleados públicos con labores negociadas en convenios colectivos? No he visto una explicación sobre este tema.
6. ¿Cuánto va a costar esta operación en realidad? Todavía no se ha dado una explicación adecuada o convincente de los costos para operar esta propuesta Junta Administrativa Revisora ni toda la operación de este nuevo componente del gobierno. No me refiero únicamente al escandaloso salario que devengará el presidente – que equivale al de un juez por $90,000 al año– ni a los beneficios que tendrá el puesto, ni a las dietas de $200 que cobrarán estos funcionarios, sino también a los costos de crear un andamiaje cibernético, de adiestramientos para el personal y de educación a la comunidad.
7. Tampoco hay claridad sobre la composición de la Junta Administrativa Revisora. ¿Cómo es que la selección de candidatos recae sólo en cuatro entidades? (Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, el Centro de Periodismo Investigativo, Abre Puerto Rico, Casa Pueblo y el Instituto para el Desarrollo de la Juventud) ¿Por qué estas y otras no? ¿Por qué no incluir en esa terna a otras de las 30 entidades que apoyan la medida como la misma Comisión de Derechos Civiles, Pro Bono, a otros sindicatos bonafide, a más universidades e institutos de educación superior, a iglesias o entidades del sector privado o profesional?
8. La Junta Revisora, con sede en el Departamento de Estado sabrá quién está pidiendo qué información. En ninguna parte de la medida propuesta se dice ni se aclara que la propia Junta es una agencia con requisitos de transparencia. ¿Estará auto exenta?
9. Nadie ha pensado en el gasto de defender casos en los tribunales. ¿A quién le toca? Si la Junta está adscrita a Estado, ¿será Justicia quien lleve los casos cuando quiera? O sea, la rama ejecutiva decide qué documentos son públicos, el tiempo de producción, y hasta provee una estructura para atender el tema.
10. La junta creará conflicto de interpretación. La Junta se revisa ante Apelaciones. Esto es costoso, lento, y requiere de un abogado. Los que no opten por ir por el mecanismo de la Junta y acudan directo a un tribunal contra la agencia o entidad que no entrega información, generarán decisiones en dos niveles. Esto no se ha explicado en el transcurso de las vistas. De todos modos, y sin ser abogada, entiendo que son los tribunales los que pueden constitucionalmente buscar el acomodo de derechos en pugna. La Legislatura no puede hacerlo y menos el Ejecutivo.
11. ¿Cómo se impide que el director de esta nueva agencia se convierta en el Zar de la Información? El tener acceso a toda la información pública, y conocer quién es que la pide podría redundar en una estrategia de manipulación para dosificar noticias negativas, o de carpeteo porque se puede saber los intereses detrás de cada petición de data.
12. Tampoco han explicado cual será la penalidad del oficial que deniega información. No sería más fácil enmendar el código penal para que cualquier denegatoria sea un delito menos grave de negligencia, y adicionalmente, que Justicia no pueda darle protección de Ley 9 al ejecutivo que deniegue en vez de crear toda esta estructura en una nueva agencia de gobierno.
13. ¿Cómo evitan que el funcionario que reciba las peticiones corrompan las escenas u oculten más información? Recordemos que esto fue lo que pasó precisamente en el caso de los asesinatos del Cerro Maravilla.
III. Impacto de la medida en el ejercicio de las relaciones publicas
Tengo también una serie de planteamientos específicos sobre cómo esta medida propuesta puede afectar la práctica de las relaciones públicas. Como ustedes saben, esta profesión está regida por ley, la Numero 204 del 8 de agosto de 2008, que crea una Junta Reglamentadora de Relacionistas en Puerto Rico. Como dice esa ley en su Exposición de Motivos, y cito:
ʺAl igual que en otras materias fundamentales, como la salud, el derecho o los asuntos financieros, las Relaciones Públicas ocupan un rol neurálgico en nuestra sociedad. La información debe estar en manos de aquéllos que puedan ejercerla con prudencia y responsabilidad, de modo que, lo que es un ejercicio legítimo de las organizaciones de proyectarse positivamente y fortalecer las relaciones con sus públicos, no se convierta en un intento inescrupuloso y antiético de manipular la opinión públicaʺ.
El relacionista, a diferencia de otros profesionales, tiene una responsabilidad que trasciende los límites de la ética y la credibilidad porque todo el tiempo maneja la reputación de individuos e instituciones públicas o privadas. Por lo tanto, y debido a su función intrínseca, el relacionista es una persona que tiene que velar siempre por esa integridad, que todos los esfuerzos y trabajos que realicen sean para proyectar a esa organización de manera ética y transparente.
De hecho, y en esto quiero ser meridianamente clara: el principal objetivo de todo relacionista es lograr el bien común entre todos los públicos, promoviendo el intercambio ético y responsable de por encima de los intereses particulares. Es por esto que todo relacionista profesional es una persona con altos estándares éticos. Ahí radica el primer gran problema en la comunicación y en el acceso a la información en el gobierno.
La inmensa mayoría de los que ejercen las relaciones públicas como oficiales de prensa o de comunicación en la Legislatura, en el Ejecutivo, en la Rama Judicial, en los Municipios y en las corporaciones públicas NO son relacionistas. De hecho, muchos en esos puestos violan la Ley que rige esta profesión. Por el contrario, son agentes de la propaganda que son los primeros en negarles accesos a información a periodistas y a ciudadanos.
En ese sentido, es el propio gobierno el que permite y fomenta esos ejemplos de ʺmal practiceʺ cuando ubica en esos puestos o permite que se nombren a personas sin el conocimiento, peritaje ni los valores éticos que lo lleven a tomar decisiones adecuadas.
Por eso suceden situaciones como la que precisamente ayer reporto el diario Metro, en donde la Directora de Comunicaciones en la Policía de Puerto Rico se negó a proveer información solicitada por periodistas sobre querellas a miembros de la Fuerza. Los agentes de la propaganda son los primeros obstaculizadores de la información. En ese sentido, planteo las siguientes interrogantes que no se contestan de la medida presentada:
14. ¿Por qué no se fiscaliza mejor a los que ejercen las relaciones públicas en el gobierno para que no obstaculicen el libre flujo de información? Yo reconozco que hay preocupación por la incompetencia con la que muchos pseudo-relacionistas practican esta profesión, especialmente en el gobierno. Un ejemplo reciente es la negativa a proveer las listas de los deudores del gobierno, razón por la cual el Centro de Periodismo Investigativo ha tenido que recurrir a los tribunales y llevan casi un año en ese proceso sin tener información. Sin embargo, esto se atiende de otra manera. Por ejemplo, propiciando investigaciones sobre los practicantes de estas funciones.
15. ¿En cuántas agencias del gobierno violan la ley que regula esta profesión? Para lograr que los ciudadanos tengan acceso a la información, hay que fomentar una cultura de transparencia entre los mismos funcionarios que tienen que ser los que den la información. Una manera de lograr esa transparencia, por ejemplo, sería que se divulgara exactamente cuántos de los oficiales de prensa, directores de comunicación, jefes de información y otros en todas las agencias cumplen o no con la ley de que reglamenta las relaciones públicas.
16. La figura del Oficial de Información usurpa algunas de las funciones que por ley debe tener el relacionista. El oficial de información deberá atender las peticione de información de la ciudadanía, pero los periodistas, como parte de la ciudadanía, podrían requerirle alguna data. ¿Cómo se evita que no se traspasen los linderos? Por otro lado, ¿Cómo se evita la duplicidad de funciones entre ambos empleados?
17. Esta medida crea confusión con la figura del Oficial de Información en cada dependencia.Muchos de los practicantes de las relaciones públicas que laboran en el gobierno tienen puestos con títulos de oficial de información o director de información y prensa. Entiendo que la nomenclatura usada en esta medida debe ser aclarada porque crea confusión y se abre a posibles interpretaciones negativas. Además está en contra de la ley que regula las relaciones públicas y las definiciones que esta contiene.
18. ¿Cómo se evita que los oficiales de información o la Junta tengan acceso a información de clientes de aquellos relacionistas que pidan información al gobierno? Reconozco la importancia de acceder a información que generan terceros de empresas privadas contratadas por el Gobierno para eliminar la secretividad de sus manejos en decisiones de política pública. Pero esta medida no explica ni considera los compromisos contractuales y de confidenciales que, por ejemplo, puede tener un relacionista con algún cliente privado. Digamos que ese relacionista va a buscar información en una agencia de gobierno para un plan de comunicación, ¿qué garantiza que la Junta no le condicione el acceso a la misma si no dice cuál es su cliente?
19. Sería recomendable incluir en esta discusión a más relacionistas y a profesores de este campo, así como a los miembros de la Junta Reglamentadora de las Relaciones Publicas y a la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico.
IV. Impacto de la medida en el ejercicio del periodismo
Es evidente que esta medida ha tenido un impacto entre los periodistas, dividiendo profundamente las opiniones, especialmente entre los gremios y los proponentes.
No entraré en las pugnas entre periodistas individuales, porque a fin de cuentas, son polémicas estériles que no conducen a nada positivo para el ejercicio del periodismo ni para el derecho del pueblo a recibir un periodismo de calidad con información veraz, certera, sin ataduras de ninguna índole, y sin el miedo que abunda actualmente entre tantos periodistas. Mis expresiones serán a basa de la experiencia personal y de lo que veo que ocurre en el periodismo actualmente.
Debo decir que es de todos es conocido que el periodismo en Puerto Rico pasa por uno de los momentos más difíciles en su historia. Hay quienes dicen que el periodismo murió porque no se hacen investigaciones adecuadas, porque los periodistas no preguntan y se conforman con el comunicado de prensa que les dé el funcionario, o que sólo tienen tiempo para noticias breves al estilo de 140 caracteres de Twitter, o porque la cobertura se centra en polémicas, en lo negativo, en los temas superficiales y en los chismes. Hay mucho de eso, pero también esto responde a otras dos razones una económica y la otra de enfoque.
Primero está a la estructura corporativa y la crisis económica que ha redundado en reducciones de puestos y eliminaciones de plazas. Como he venido denunciando a través de mis columnas en El Vocero, en 80 Grados, en NotiCel y en mi blog En Blanco y Negro, en la última década en Puerto Rico han cerrado sobre 35 medios de comunicación, dejando desplazados a más de 1,200 empleados entre reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores, correctores, trabajadores de prensa, gerenciales y otros. Cuatro medios se han ido a la quiebra sólo en los últimos dos años y ha habido reducciones de plantillas de empleados y de salarios prácticamente en todos los medios. Esto ha ido a la par del aumento del periodismo ciudadano y las redes sociales. Por eso, entiendo que la medida propuesta debería contestar las siguientes interrogantes:
20. Esta medida afecta el ejercicio de la libertad de prensa por las restricciones y burocracia que añade al proceso de conseguir información. Los medios, como negocios que son, necesitan sobrevivir. Optan por lo que cueste menos y por eso cada día hay menos investigaciones o contratan periodistas jóvenes que los sobrecargan de responsabilidades sin tiempo para hacer verdaderas pesquisas. Por eso, ante la realidad del mercado mediático actual, entiendo que esta medida propuesta en vez de proveer más accesos a la información, hará lo contrario. La esencia de este asunto es si la prensa puede ejercer sus obligaciones tradicionales y constitucionales cuando sus libertadas se ven amenazadas por funcionarios que en vez de apoyar la transparencia, hagan lo contrario.
21. ¿Responde esta medida a la tendencia del periodismo light? La manera en que se ejerce el periodismo en la actualidad es más superficial y los periodistas quieren todo rápido y digerido. La discusión en las vistas públicas da a entender que hay interés porque se mecanice data y esté accesible por la Internet. Esto es viable, imperativo y necesario para cualquier ciudadano, pero la discusión parecería apuntar a que el interés es evitar que los periodistas tengan que pasar el trabajo y el tiempo de investigar, moverse e ir a los sitios a preguntar y a rebuscar. ¿No es eso una de las normas de todo buen periodista?
22. ¿Por qué se impulsa que la legislatura interceda en el ejercicio del periodismo? Los legisladores - con contadas excepciones - son aves de paso. A veces están en sus cargos por uno o dos términos y no suelen permanecer para ver cómo se interpretan sus medidas. ¿Cuál será el impacto de esta medida a largo plazo en el ejercicio del periodismo? Esto no se contempla.
23. ¿Qué hacen si la Junta Revisora decide, por ejemplo, sentarse por 60 días sobre una petición de información para enfriarla, por conveniencia del jefe de agencia, y el tema pierde vigencia?¿No es eso un flaco servicio a la prensa? ¿No es eso encubrir información? Tampoco dice que pasará cuando un periodista requiera información y esa Junta determine, como hacen muchos en el gobierno, emitir un comunicado a toda la prensa rompiendo el esfuerzo investigativo del periodista individual que formuló la petición. ¿No es eso adverso a la función del periodista? Recordemos que precisamente eso era lo que hacía Maggie Oronoz, madre de la actual presidenta del Tribunal Supremo, la jueza Maite Oronoz, cuando trabajaba en La Fortaleza y rehusaba darle a la prensa información sobre los gastos de viajes del ex gobernador Rafael Hernández Colon. Yo no estuve en esa época de reportera, pero recuerdo los cuentos. También recuerdo cuando la ex Contralora Ileana Colon hacia exactamente lo mismo cuando se enteraba que un medio adelantaría los resultados de un informe que hacia esa oficina y que habían recibido en adelanto por fuentes.
V. Legislación anterior
Esta no es la primera vez que se trata de aprobar una medida de este tipo. De hecho, a través de la historia he sabido de al menos otras 25 instancia en las que se ha intentado hacer lo mismo. Un resumen de dichas medidas, contenidas en un informe que presente en el año 2000 precisamente aquí en la Cámara de Representantes, lo añado como anejo a esta propuesta para su consideración y para el récord histórico.
VI. Conclusiones y recomendaciones
Concluyo diciendo que todo es cíclico. Ha pasado antes y volverá a pasar. Todo buen periodista lo único que tiene que hacer es buscar el record histórico.
Las buenas intenciones que tienen los proponentes de esta medida para lograr una mayor transparencia en el gobierno y mejorar el flujo de información palidecen, incluso desaparecen, ante la realidad de que una vez le abren la puerta a los políticos, cualquier cosa puede pasar.
Con todo el respeto a los legisladores presentes, es un hecho que los representantes y senadores pueden y en efecto, legislan de noche, de madrugada y hasta los fines de semana. Por descargue. De esa manera, pueden cambiar estatutos incluyendo el de transparencia de la manera que más le convenga a sus intereses en el momento.
La misma Asamblea Legislativa que aprueba el nombramiento de una Jueza Presidenta del Tribunal
Supremo ni vistas públicas, la misma Asamblea Legislativa que aprobó los nombramientos de cinco ayudantes del Presidente del Senado a la Judicatura y que no ha tenido cuestionamientos de nadie, ni si quiera de la prensa, es la Asamblea Legislativa que ahora analiza el acceso a la información.
Y es la Asamblea Legislativa de una administración de gobierno que NO ha sido fiscalizada con la energía debida y que ha cerrado el paso a la información, creando una mordaza institucional a todos los temas medulares de país – desde quienes son los acreedores de la deuda pública hasta cuánto dinero se paga en asesores financieros – es la administración que ahora analizara la transparencia en la comunicación oficial. No podemos borrar ese contexto intelectual y ese medioambiente en el que esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se está evaluando.La prensa no puede caer en ese juego, ni las organizaciones que endosan esta medida.
Además, esto es asunto de prioridades que rayan en la moral. En estos momentos en los que no hay dinero para pagar a los terapistas de educación especial, no dinero para gasolina de las patrullas de policía, ni para comprar medicinas en los hospitales, ¿cómo se justifica crear todo este andamiaje de reclutar o trasladar directores de información en más de 100 agencias, 20 corporaciones públicas, 78 municipios y otros, que aunque sean empleados de carrera, necesitaran adiestramientos y quizás nuevas compensaciones? ¿Es esto ético de parte de los legisladores y de los periodistas?, pregunto yo.
Sé que esto que planteo aquí no les va a gustar a muchos legisladores ni a muchos amigos aquí presentes. Créanme que llevo días pensando, y a pesar de situaciones personales en mi entorno y de que estuve hasta anoche hasta las 11 de la noche sopesando mi respuesta a esta medida, no puedo aceptarla como se presentó. La verdad es una, y no se puede tapar el cielo con la mano.
Esta medida, necesita enmiendas tan significativas que la hacen imposible de aceptar tal y como está presentada. Nunca es una buena idea que se permita a los que hacen las leyes a que interfieran con el derecho a la libertad de expresión. Para esto tenemos ya la Constitución del ELA y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Quedo a la disposición para atender a cualquier interrogante a esta reflexión.
Respetuosamente sometida,
Sandra D. Rodríguez Cotto, R-#389
Anejo 1:
Resumen de legislaciones anteriores que se han presentado para abogar por una transparencia en el gobierno y/o que han afectado el ejercicio del periodismo, la comunicación pública o han atentado contra la libertad de expresión.
El propuesto proyecto de la cámara 2944 para crear una Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación e Información Pública no es la primera ocasión en la que se intenta someter legislación de este tipo. De hecho, a través de la historia he sabido de al menos otras 25 ocasiones en las que se ha intentado hacer lo mismo.
La única diferencia fundamental entre ésta y otros casos, es que antes se sometían por interés de la Asamblea Legislativa, apoyados en organismos cívicos, de base comunitaria o ideológica como los propios partidos políticos. En esta ocasión, la medida viene impulsada por un grupo de entidades encabezadas por el Centro de Periodismo Investigativo, el Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, Casa Pueblo, Abre Puerto Rico, el Instituto de Desarrollo de la Juventud y otras, además del propio presidente de la Comisión, José M. Varela y otros legisladores y ex legisladores.
Para poner en contexto el historial de legislaciones parecidas, incluyo a continuación un resumen de un informe que presenté en el año 2000 precisamente ante la Cámara de Representantes y a la matrícula del Overseas Press Club bajo mi presidencia de ese gremio.
El informe original titulado “Libertad de Prensa en un Año Eleccionario” fue recopilado por un comité de experimentados periodistas entre los que se encontraban varios ex presidentes del OPC y de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, compuesto por María Judith Luciano, Maggie Bobb, Manny Suárez, Eneid Routté Gómez y Raúl Quiñones, y esta servidora.
Todas las medidas fueron ampliamente combatidas por los periodistas y gremios de prensa por entender que venían como subterfugios para eliminar derechos constitucionales e impedir el ejercicio del periodismo.
1973:
Ese año se radicó una medida para crear la Ley para Garantizar el Acceso de la Prensa a la Información Gubernamental. Esta medida fue aprobada tras bastidores en Cámara y Senado, y supuestamente era para garantizar el acceso a la prensa a información del gobierno. Sin embargo, una cláusula decía que se daba acceso y cito: “a toda información menos a lo que el Ejecutivo declarara confidencial”. Presidido entonces por Maggie Bobb, el OPC exigió una reunión con el entonces gobernador Rafael Hernández Colón, quien, al ver la actitud de la prensa unida, vetó la medida.
1978:
En la Cámara de Representantes se intentó legislar para regular la confidencialidad de las fuentes de información. La medida pretendía conceder a los periodistas el “privilegio” de mantener la confidencialidad de sus fuentes de información. La medida fue engavetada.
1981:
En el Senado se presentó un proyecto de ley con el supuesto propósito de facilitar el acceso a la información pública. El mismo incluía seis (6) categorías de información gubernamental que quedaba protegida o “exenta” de ser reveladas a la prensa y al público. La medida no fue aprobada.
1986:
En la Cámara de Representantes se presentó un proyecto que pretendía conceder a los periodistas el derecho ya incluido en la Constitución, a la información gubernamental. Igualmente establecía excepciones a lo que podía ser difundido a la prensa, por razones de seguridad social, pública o de los derechos de intimidad. La medida no fue aprobada.
1987:
Un año más tarde se radica de nuevo en la Cámara de Representantes un proyecto que pretendía convertir en “privilegio” el deber de los periodistas a mantener la confidencialidad e sus fuentes de información, y facilitar la citación de periodistas por organismos investigativos judiciales. Además, buscaba eliminar la filtración anónima de documentos gubernamentales a la prensa. La medida no fue aprobada.
1989:
En el 1989 se radicaron tres medidas distintas para tratar de proveer más acceso a información, pero que en realidad eran subterfugios para ocultar datos oficiales. Se presentó en el Senado una medida para “facilitar el acceso de la ciudadanía a la información gubernamental”. En la Cámara de Representantes se propuso enmendar la ley vigente en materia de difamación y libelo a los fines de “proveer una protección más amplia a los funcionarios públicos en estos casos”. También se radicó en la Cámara otra medida para reglamentar el acceso de la ciudadanía a los documentos públicos y establecer excepciones a las agencias que podrían invocar un derecho a negar información. Ninguna de las tres medidas fue aprobada.
1990:
Se intentó crear una nueva Ley de Mordaza. La administración del entonces Gobernador Rafael Hernández Colón presentó una medida para enmendar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, con disposiciones que restringían el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y eran levisas a la libertad de prensa y de información. La medida, luego de un amplio debate público, fue retirada por El Ejecutivo.
1991:
Como no pudo lograrlo por la vía legislativa, el Gobernador Rafael Hernández Colón estableció entones por orden ejecutiva “la mordaza” para supuestamente reglamentar la obtención de información pública. Esta orden ejecutiva quedó sin efecto por una determinación judicial. A raíz de esta situación, en la Cámara de Representantes se creó una Comisión Especial sobre la Libertad de Información para estudiar la deseabilidad de aprobar una legislación que enmendara la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, y aclarara las disposiciones relacionadas a la obtención de información y documentos del gobierno.
1993:
El entonces Gobernador Pedro Rosselló firmó una Orden Ejecutiva para reglamentar la información pública.
1995:
El diario El Vocero de Puerto Rico demandó al entonces Secretario de Justicia, Pedro Pierluisi, y a otros dos funcionarios por pretender tomar represalias contra algunos empleados que dieron información sobre actos de corrupción en esa agencia. El Vocero presentó el caso al amparo del principio de proyección del “whistle blower” o el privilegio de mantener en el anonimato las fuentes de información. Como resultado del pleito, El Vocero fue galardonado con el premio en defensa de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el “Scripps Howard First Amendment Award”.
1996:
El gobernador Pedro Rosselló creó una Comisión Especial para estudiar y recomendar medidas relacionadas a ʺla responsabilidad del gobierno de informar al puebloʺ, cuyo objetivo era reglamentar los fondos públicos que se usaban para los anuncios oficiales.
1997:
Fue un año de muchas polémicas entre el gobierno y la prensa. El Gobernador Pedro Rosselló firmó una orden ejecutiva que establecía las categorías de anuncios gubernamentales a ser publicados en los medios. El entonces Secretario de Prensa del Gobernador, Pedro Rosario Urdaz, le exigió al periódico El Nuevo Día que sustituyera al periodista Julio Ghillioty de cubrir en La Fortaleza por otro que tuviera “una mejor relación” con el Primer Ejecutivo.
Ese mismo año El Nuevo Día radicó una demanda federal contra el gobierno para evitar que la administración Rosselló obligara a dos de sus periodistas a revelar sus fuentes. Esos dos periodistas éramos Ghillioty y esta servidora, Sandra Rodríguez Cotto, que estábamos fiscalizando las ejecutorias de ese gobierno a nivel de Fortaleza y del Comité de Privatización. La administración también estaba en contra de otras coberturas hechas por otros periodistas del diario, incluyendo a José Javier Pérez y María Judith Luciano.
También en el 1997 se presentó en la Cámara de Representantes una medida para establecer el ʺDerecho a la Réplicaʺ cuando se tratara de expresiones que el afectado considerara difamatorias. Iba dirigida a proteger a los propios funcionarios del gobierno. La medida se engavetó.
Además en el 1997 en la Cámara se presentó otro proyecto para establecer nuevamente el “privilegio” de la comunicación entre el periodista y su fuente de información. La medida tenía el efecto de ser disuasivo a las fuentes que tienen los periodistas en el gobierno. La medida no fue aprobada.
1998:
La entonces senadora popular Mercedes Otero de Ramos sometió una medida para tipificar como delito las agresiones a periodistas. La medida no fue aprobada.
1999:
Ese año, como presidenta del OPC, depuse ante la Asamblea Legislativa acompañada de otros periodistas de la organización y de las juntas de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico. Presente entonces un Informe de Monitoreo de Agresiones a los Periodistas ya que hubo sobre 40 incidentes de agresiones físicas a reporteros y periodistas gráficos. El informe fue recopilado por un comité especial compuesto por los entonces reporteros Machi Medina, Denisse Pérez y Meriemil Rodríguez. La Cámara investigó esto (P. de la C. 5644).
Este año fue se transó otra demanda entre El Nuevo Día y la administración Rosselló por la cancelación de los anuncios de propaganda del gobierno en ese medio. También se estableció el Centro para la Libertad de Prensa.
El entonces Presidente del Senado Charlie Rodríguez, presentó legislación para proteger a los delatores de corrupción o “whistle blowers”, siempre y cuando éstos no acudieran a dar la información a la prensa. La medida no fue aprobada.
Ese año se acusó de libelo en su modalidad criminal al periodista Obed Betancourt del periódico El Vocero. El OPC llevo el caso al tribunal en defensa del periodista junto al medio y el mismo se desestimó. Posteriormente, en ese mismo año, el reportero de ese mismo rotativo Tomás de Jesús Mangual impugnó la validez de la difamación criminal y esta se declaró inconstitucional, confirmado por el Circuito de Boston. Como resultado de esa lucha iniciada por los periodistas y el OPC, el Código Penal del 2004 no contiene una disposición de difamación criminal como pretendía la Asamblea Legislativa.
En el 1999 también el entonces representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, Víctor García San Inocencio, radicó una medida para enmendar el Código Penal y tipificar como delito en su modalidad agravada las agresiones a periodistas en funciones. El OPC se oponía a conceder privilegios especiales a los periodistas porque el gremio entendía que la prensa no debe tener más privilegios que cualquier ciudadano. La medida quedó “engavetada”.
El senador del Partido Nuevo Progresista Enrique Meléndez también radicó una medida parecida a la García San Inocencio ese mismo año, pero tampoco fue aprobada.
Ese año además en el Senado se intentó revivir la Ley de Mordaza, pero ante denuncias de los gremios periodísticos, el presidente del Senado Charlie Rodríguez retiró el proyecto.
El entonces senador Kenneth McClintock sometió legislación para clasificar los mensajes que se enviaban a la prensa por Internet. El OPC se opuso a la medida por entender que afectaba la libertad de expresión. La medida no se aprobó.
2000:
En la Cámara de Representantes se presentó una medida (P. de la C. 2807) para enmendar la Ley del Negociado de Investigaciones Especiales en la que se mantendría como confidencial por 30 años toda información de esa agencia, a menos que el gobernador permitiera su difusión, y aquellos empleados que divulgaran información a la prensa serían acusados. El OPC se opuso y demostró la inconstitucionalidad de esa medida (Caso Soto vs. Secretario de Justicia 1978). La medida se engavetó.
Ese año también se intentó legislar en la Cámara - por la entonces representante del Partido Nuevo Progresista Maggie Martínez - para crear una “hemeroteca” en el Departamento de Educación en donde guardarían información personal, profesional y la trayectoria de periodistas y fotoperiodistas. La medida fue denunciada por el OPC como un intento de crear carpetas de periodistas. No fue aprobada.
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Dieciséis años han pasado desde ese informe y mucho ha cambiado el ejercicio del periodismo desde entonces. Menos medios noticiosos, el aumento de medios cibernéticos y la autogestión periodística. Además las redes sociales han permitido un mayor intercambio de ideas y un aumento en el periodismo ciudadano.
Desde el 2000 al 2016 ha habido otros intentos por coaccionar el libre flujo de información del gobierno mediante medidas legislativo, pero deben ser los gremios periodísticos y las universidades los que presenten dichos informes.
No obstante, es claro que en los pasados tres años la transparencia de información oficial es cada vez menor, hecho que se constata en las demandas incoadas por medios como Sin Comillas y el Centro de Periodismo Investigativo contra el gobierno.
Respetuosamente sometido como Anejo 1,
Sandra D. Rodríguez Cotto, R-#389
6-2-2016
Anejo 2: Datos biográficos Sandra D. Rodríguez Cotto, presidenta de Joy PR, Inc.
Es relacionista profesional licenciada (R-#389), asesora de comunicaciones, analista de prensa y noticias sobre el mundo de la comunicación, comentarista radial, productora de televisión, columnista y bloguera. Posee más de 25 años de experiencia en las comunicaciones en Puerto Rico y otros países. A lo largo de su carrera como periodista y relacionista, ha ayudado a crear o asesorado a más de 15 medios de comunicación locales, incluyendo programas de televisión y radio. Posee un Bachillerato de Rutgers University en New Jersey, y estudios en Maestría de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico.
Experiencia en relaciones públicas
· Es relacionista profesional licenciada (R-#389) y se ha desempeñado como asesora de comunicaciones por más de 10 años.
· Ha trabajado en todas las facetas del campo de las relaciones públicas aunque su especialidad ha sido en manejo de crisis e issues en la comunicación, manejo de reputación pública, desarrollo de estrategias, y relaciones con la prensa y los periodistas.
· Pertenece a la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico y a la Public Relations Society of America.
· Se encuentra en la última etapa de cinco fases para recibir la acreditación profesional en relaciones públicas que otorga la Public Relations Society of America. En Puerto Rico sólo hay 18 profesionales con dicha credencial que los convierte en “APR” o “Accredited in Public Relations”, una distinción que tienen menos de 2,000 en los Estados Unidos.
· Está considera una de las principales cinco especialistas en Puerto Rico en el ofrecimiento de talleres y adiestramientos de manejo ante la prensa (media trainings) por su experiencia en ese campo.
· Escribe frecuentemente del tema de las relaciones públicas en diversos medios locales e internacionales.
· Ha sido profesora de relaciones públicas y comunicación en varias universidades.
· Está próxima a publicar su primer libro sobre la comunicación y el periodismo.
· Ha manejado algunas de las crisis de comunicación pública más impactantes en los últimos años.
· Ha trabajado de manera independiente y con algunas de las principales agencias de publicidad y relaciones públicas en el país.
· En el 2004 fundó la primera firma de relaciones públicas establecida por dos periodistas, Avant Communications Consultants.
· En el 2013 se independizó y estableció su propia firma Joy PR Inc.
· Es la única relacionista puertorriqueña que colabora regularmente con el Portal de Relaciones Públicas de América Latina, con análisis y artículos sobre tendencias en este campo, basado en Argentina. http://www.rrppnet.com.ar/
Experiencia en los medios de comunicación
· Ha trabajado como periodista en Puerto Rico, Estados Unidos y México en radio, prensa, revistas y televisión.
· Se ha desempeñado en distintas facetas del periodismo tales como reportera, investigadora, editora, analista de contenidos, productora ejecutiva en televisión y panelista radial.
· Ha sido galardonada a nivel local e internacional con algunos de los principales reconocimientos en el campo tales como el Premio Eddie López a la trayectoria que ha otorgado el Overseas Press Club a menos de 30 periodistas en sus 40 años de historia.
· Trabajó en el Noticiero Nacional de la Cadena Univisión en Miami, Canal 47 de Telemundo en Nueva York, Cadena de noticias SUN en México, fue colaboradora de Antena 3 en España y corresponsal en el Caribe de Agence France Press.
· En Puerto Rico ha trabajado en medios como Caribbean Business y el periódico El Nuevo Día en donde fundó la Revista Negocios del Domingo, fue miembro de la Unidad de Investigación y estableció la primera corresponsalía del diario en Cuba (1996).
· En radio ha laborado para las principales emisoras en Puerto Rico como SuperKadena (ahora Radio Isla) y WKAQ Radio.
· En televisión fue parte del programa de análisis Prensa Libre en SUAGM y laboró en Wapa TV.
· Presidió el Overseas Press Club, fue miembro fundador del Centro para la Libertad de Prensa de Puerto Rico, y miembro de la junta de la National Association of Hispanic Journalists.
· Por tres años mantuvo la sección semanal “En Blanco y Negro con Sandra” la primera y única de análisis crítico de medios y comunicación en el programa El Azote de WKAQ Univisión Radio.
· En enero de 2013 aceptó el reto de lanzar un proyecto informativo y de entretenimiento como directora de la Unidad de Investigación en el programa “Lo Sé Todo” que se transmite por Wapa TV en Puerto Rico y Wapa América en los Estados Unidos de lunes a viernes. En tan sólo tres meses fue parte del equipo que logró consolidar este programa como el primero en sintonía en la televisión puertorriqueña.
· En septiembre de 2013 aceptó ser la investigadora y estratega de la nueva revista de periodismo investigativo “Ahí está la verdad” con el periodista Normando Valentín que se transmite una vez al mes por Wapa TV y Wapa América.
· Ha sido colaboradora y columnista fija en El Vocero, 80 Grados y es activa en las redes sociales. Funge además como analista de prensa en varios medios electrónicos.
· Desde hace un ano mantiene una columna semana en el diario cibernético NotiCel y una sección fija de análisis en WPAB Radio Ponce.
· Escribe regularmente análisis y columnas de opinión en inglés para los medios de noticias en los Estados Unidos All Digitocracy y Huffington Post.
Servicio comunitario
· Colabora con diversas entidades profesionales y de base comunitaria como el Centro de Estudios y Recursos Educativos de la Península de Cantera (C.E.R.E.), Iniciativa Comunitaria, Hogares Crea, Fundación CAP y el Festival de la Palabra, entre otros.
· Fue miembro de la Junta de Directores de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico 2011-2013.
· Fue miembro de la Junta de la Asociación de Padres de Niños con Impedimentos (APNI).
· Es una madre orgullosa de una niña de 11 años con necesidades especiales.
Respetuosamente sometido como Anejo 2,
Sandra D. Rodríguez Cotto, R-#389
6-2-2016
