¿Quién es el verdadero culpable que la Judicatura de Puerto Rico haya tenido por 20 años a un juez maltratante de mujeres y usuario de cocaína? Esa es la pregunta que debe surgir a raíz del escandaloso informe que trascendió ayer con la destitución del “honorable” juez Reinaldo Santiago Concepción.
En un hecho sin precedentes el Tribunal Supremo de Puerto Rico destituyó ayer al juez y lo desaforó del ejercicio de la abogacía por actos continuos de violencia doméstica y utilizar cocaína. Los jueces del Supremo también refirieron el caso al Departamento de Justicia. El juez que trabajó en el Tribunal de Aibonito, por años maltrató a su mujer quien era abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal, al punto que hasta le rompió una costilla.
¿Quién fue la persona que metió a Santiago Concepción a juez? ¿Bajo qué criterios lo nombraron? ¿Quién lo protegió para darle el premio de ser juez? ¿Quién empujó ese nombramiento en la Comisión de lo Jurídico del Senado y defendió su permanencia?
Santiago Concepción fue nombrado como juez en el 2009 por el ex gobernador Luis Fortuño. En ese entonces la comisión legislativa que evaluaba los jueces estaba dirigida por el hoy ex convicto senador Héctor Martínez. ¿Fue así? ¿Fue Martínez quien empujó ese nombramiento?
Habría que cuestionar si la investigación de campo que se hace - o que se supone que se haga – a los candidatos a la judicatura – reflejó algún tipo de violencia en sus relaciones previas. Se supone que le hagan un examen psicológico. ¿Cómo es que no se dieron cuenta de esto? ¿Habrá demostrado ese informe alguna patología del entonces futuro juez? Si lo demostró y los legisladores lo ‘amapucharon’, de por sí es un escándalo que amerita investigación de esos legisladores. Si por el contrario, el informe no demostró patología, entonces fue un informe “chapucero”. No se hizo el trabajo adecuado porque es evidente que una persona que maltrata a otra al nivel que se le imputa al juez, no lo hace una sola vez.
¿Conocían otros jueces, alguaciles, abogados y fiscales cómo actuaba este juez? ¿Lo protegieron? ¿Por qué hubo silencio por un tiempo en el que la víctima sufrió todo tipo de humillación?
Lo que es un hecho indiscutible es que el Tribunal Supremo y la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) actuaron con prudencia, respeto a la víctima y contundencia en este caso.
En conversaciones con dos jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico en lo que va del día de hoy, uno nombrado por gobiernos populares y otro de la cepa de los estadistas – constaté que actuaron como cuerpo colegiado, obviando sus diferencias ideológicas y todos, al unísono, coincidieron en una opinión cruda, contundente y fuerte para que el Pueblo abra sus ojos ante una evidencia irrefutable de lo que es la violencia doméstica.
Por su parte, la directora administrativa de la OAT, Sonia Ivette Vélez Colón, indicó a la prensa y en entrevistas radiales, que la sanción fue el resultado de una investigación iniciada por la Oficina de Asuntos Legales de esa dependencia, tras querellas recibidas contra Santiago Concepción. Además dijo que tuvieron que trabajar con la víctima para que se fortaleciera, y con valentía, se atreviera a ir en contra de quien la abusaba.
La víctima, según los jueces con los que conversamos, es una mujer joven, guapa e inteligente, pero demostró que la violencia doméstica puede afectar a cualquiera. El ciclo de la violencia doméstica arrastra y crea un ambiente de temor de niveles insospechados, difíciles de creer para el que nunca ha vivido esa tragedia.
Como abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal, o sea, una entidad que se dedica a ayudar a la población más vulnerable y pobre, ella sólo atendía casos criminales incluyendo muchos de violencia doméstica o Ley 54. Esto es irónico siendo ella víctima de un patrón horrible de violencia. Sin embargo, el miedo al que Santiago Concepción la tenía sometida, la mantuvo cautiva a golpes y vejámenes.
Según la opinión del Supremo, el ex juez le pegaba tan duro que le dejó varias heridas abiertas en la cara que debieron requerir intervención médica. Llegó a quemarle ropa, a botarle sus pertenencias, a romperle su celular, además de continuos insultos. En una ocasión le pegó en Plaza Las Américas, pero nadie dijo nada. En otra, manejó hasta un punto de venta de drogas con ella y la amenazó de dejarla abandonada en el lugar. A pesar de que hubo testigos de las agresiones y hasta un vecino una vez llamó al sistema de emergencias 9-1-1, el hasta ahora juez negó todo ante la Comisión de Disciplina Judicial.
Como esta víctima, en Puerto Rico se suscitan alrededor de 12,000 incidentes de violencia doméstica al año. Según las estadísticas de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, cada 15 días en Puerto Rico una mujer es asesinada por el motivo de violencia doméstica. Esta víctima tuvo suerte de que salió del ciclo. Si no llega a ser por su supervisor, la víctima todavía estaría sufriendo golpes y humillaciones del supuesto ‘honorable’ juez. Ojalá todas las víctimas tuvieran la dicha de tener a alguien cerca que se dé cuenta y actúe para ayudarlas a salir de ese ciclo. Sólo así, quizás, se acabaría este mal.
Nota: Fue publicado en Noticel.
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