(NOTA: Este artículo salió publicado originalmente en Revista Seguros, hoy 22 de septiembre de 2021 - https://revistaseguros.com/ases-teme-que-molina-healthcare-se-vaya-sin-pagar-38-millones-a-proveedores/2021/22/06/00/gobierno/)
Por Sandra Rodríguez Cotto y Miguel Díaz Román
La aseguradora del Plan Vital, Molina Healthcare, estuvo haciendo gestiones para abandonar el país sin culminar el pago de $38 millones en deudas que arrastra con diversos proveedores por servicios prestados desde antes del 2017, por lo que la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), tomaron medidas para evitarlo.
La información surge de una réplica presentada por ASES para responder a una demanda radicada por Molina Healthcare el pasado 13 de agosto, en la que reclama el pago de $87.3 millones por primas adeudadas, intereses y daños.
En su réplica, radicada el 13 de septiembre, ASES reconoció que había suspendido los pagos de primas del Plan Vital a Molina Healthcare, porque la aseguradora no estaba pagando las reclamaciones de los proveedores.
Además, ASES señaló que la matriz de la aseguradora, denominada como Molina USA, es la responsable de pagar por los incumplimientos de su subsidiaria local.
“ASES no tiene ningún otro remedio adecuado en ley para evitar que Molina PR y/o Molina USA se vayan de Puerto Rico sin cumplir sus obligaciones contractuales, enajenen o muevan fuera de Puerto Rico sus bienes y retiren los fondos depositados en cuentas bancarias en la Isla, que deben ser utilizados para el pago de sus deudas con los proveedores”, declara abiertamente la moción.
ASES es representada en el caso por el bufete Aldarondo & López Bras.
La moción recibió un “no ha lugar en esta etapa de los procesos”, de parte de la juez Waleska Aldebol Mora, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, porque las partes no habían sido debidamente emplazadas y porque la OCS y Molina Healthcare, lograron un acuerdo que atiende la solicitud de ASES para que el tribunal congele las cuentas bancarias y activos de la aseguradora.
La decisión de la juez Aldebol Mora se refiere a un “Escrito de Estipulación”, en el que la OCS sometió a Molina Healthcare a un riguroso seguimiento de sus transacciones financieras con los fondos depositados en bancos locales, que incluye utilizar esos dineros solo para pagar los reclamos de los proveedores.
La citada estipulación fue el resultado de una intervención sin precedentes de la OCS en las oficinas de Molina Healthcare, ubicadas en un edificio de oficinas de la avenida Muñoz Rivera, el pasado mes de junio.
OCS descubre mudanza y cierre de Molina Healthcare
Al llegar a las instalaciones los funcionarios del regulador descubrieron que el asegurador “estaba en un proceso de mudanza y cierre”, sin que la OCS hubiese recibido una notificación previa de su intención de abandonar el país, tras iniciar de manera unilateral un proceso de liquidación voluntaria.
Tras esa intervención de la OCS, autorizada por una orden de investigación especial emitida el 22 de junio por el Comisionado de Seguros designado, Mariano Mier Romeu, el organismo emitió el 29 de junio una contundente orden de cese y desista.
La orden señala que a pesar de que Molina Healthcare firmó un contrato de transición con ASES que la obliga a pagar con prioridad las reclamaciones a los proveedores, la aseguradora ha utilizado los fondos que posee en una cuenta bancaria “restricta para el pago de las reclamaciones de los proveedores”, para “otros desembolsos”.
La orden la OCS no indica el destino de los citados desembolsos, pero si advierte que antes de realizar una distribución a sus accionistas, la aseguradora está obligada a saldar todas sus obligaciones con sus acreedores, según lo dispone el artículo 29 del Código de Seguros.
El documento señala que la aseguradora posee “fondos estatales y federales provenientes de ASES para el pago de las reclamaciones de los proveedores y al día de hoy todavía no ha saldado ni liquidado todas las reclamaciones de los proveedores”.
La orden también determinó que la aseguradora no notificó a la OCS sobre el proceso de liquidación voluntaria, el cual está regulado por el artículo 29 del Código de Seguros.
De hecho, de la orden se desprende claramente que la OCS entendió que el proceso de liquidación voluntaria con el fin de abandonar el país, iniciado por Molina Healthcare, implicaba el traslado de fondos fuera de Puerto Rico o la venta de activos, lo que podría causar el impago de sus deudas con los proveedores.
La posibilidad del impago a los proveedores es tan abrumadora, que el documento señala que “en protección del interés público” se decidió emitir la abarcadora directriz de cese y desista porque de “continuar con el proceso de liquidación y disolución voluntaria sin sujeción a lo establecido en el Código de Seguros, pone en riesgo los reclamos de los proveedores a los cuales Molina PR le adeuda por sus servicios y también pone en riesgo los activos que posee Molina PR para el cumplimiento con sus obligaciones”.
Riguroso seguimiento al dinero
El pasado 7 de julio, la OCS y Molina Healthcare firmaron el “Escrito de Estipulación”, en el que la aseguradora reconoce todos los señalamientos de la orden de cese y desista, con excepción de que actualmente la aseguradora no ha decidido si abandonará el país o si continuará haciendo negocios de seguros en Puerto Rico.
Para logra un adecuado seguimiento al movimiento de dinero, la OCS determinó en la estipulación que los gastos administrativos de Molina Healthcare serán pagados por Molina USA. Además, la aseguradora no podrá disponer de todos sus bienes y activos en Puerto Rico sin previa autorización escrita de la OCS, excepto para pagar a los proveedores.
La OCS también exigió a la aseguradora entregar todos los meses los estados bancarios de sus cuentas y un informe detallado de los pagos realizados a proveedores y de cualquier tipo de desembolso. Otro requisito es proveer al final de cada mes un informe de las reclamaciones no pagadas y en la etapa en que se encuentran.
En el documento la OCS advierte a Molina Healthcare que en ningún caso dispondrá de sus bienes y activos para satisfacer obligaciones que pueda tener con Molina USA y la obliga a mantener una oficina en Puerto Rico con el personal necesario para proveer la información que le requiera la OCS. Desde esa oficina la aseguradora deberá atender sus negocios en Puerto Rico, y deberá tener sus libros disponibles a los requerimientos que realice la OCS.
Incluso, la estipulación exige a la aseguradora notificar de forma inmediata a la OCS cualquier cambio en la dirección o localización de sus oficinas en Puerto Rico, así como cualquier cambio en sus oficiales y personas de contacto o enlace.
Molina Healthcare reclama $87.3 millones
La demanda de Molina Healthcare alega que en octubre de 2014, la aseguradora y ASES firmaron un contrato para ofrecer sus servicios en plan de salud del gobierno, que para entonces se llamaba Mi Salud. El contrato comenzó a partir del 1 de abril de 2015 y se extendió hasta el 30 de junio de 2017.
Según el reclamo de la aseguradora, desde que entró en vigor el contrato hubo dificultades en la presentación de datos en el sistema de suscripción de ASES. Como resultado, ASES no ha pagado a la aseguradora $14.7 millones en primas debido a que el sistema rechazó un número significativo de miembros.
Molina Healthcare alega que ASES también le debe $5.5 millones por concepto de primas no pagadas.
Además, la aseguradora sostiene que ASES le debe $54 millones adicionales por el llamado “ajuste de riesgo”, que es un incentivo que se debe pagar cada 30 días y que tiene como propósito de estimular el mejor manejo de las reclamaciones para reducir los costos del plan de salud. Alegadamente, ASES también adeuda la cantidad de $135,101.00 por concepto de intereses.
Entre el dinero adeudado por ASES, la aseguradora incluyó $4.5 millones del llamado Fondo de Retención, que es una retención mensual del 2% de los pagos de primas, que se reembolsa cada trimestre según el desempeño de la aseguradora para cumplir con las metas del programa de salud.
En total Molina Healthcare reclama en su demanda $78 millones de deuda, más $1.3 millones por intereses y $8 millones por daños, para un total de $87.3 millones. A Molina Healthcare lo representa el bufete de abogados O’Neill & Borges, que es la firma de abogados donde Pedro Pierluisi trabajaba antes de ganar la gobernación.
ASES sostiene que Molina USA es responsable de pagar a proveedores
En su réplica, ASES indica que el 15 de mayo del 2020 la aseguradora notificó su intención de dejar de proveer servicios al Plan Vital, lo que se concretó el 31 de octubre de ese año. También sostiene que la aseguradora había comenzado a realizar un proceso de transición sin el consentimiento de ASES y que el 5 de junio de 2020, la agencia rechazó un preacuerdo para que Triple S acogiera los asegurados de Molina Healthcare.
Luego, el 3 de septiembre el 2020, Molina Healthcare y ASES firmaron un acuerdo de transición, que implicó el pago de una porción de las primas adeudadas. No obstante, según la réplica, la aseguradora no pagó reclamaciones tras recibir el pago de primas. Tras lo cual, ASES continuó realizando múltiples gestiones para que Molina Healthcare o Molina USA paguen las reclamaciones adeudadas.
El documento indica que la empresa matriz, Molina USA, sostuvo en una misiva que “la falta de pago de la ASES afecta las obligaciones contractuales de Molina con sus proveedores”. En respuesta, ASES indicó que la carta de Molina USA representaba una admisión del incumplimiento con sus obligaciones bajo el acuerdo de transición “ya que ambos estaban obligados a mantener fondos suficientes en Puerto Rico para cumplir las obligaciones con los proveedores”.
ASES argumentó que la demanda de Molina Healthcare no es más que una táctica “para desviar la atención de su propio incumplimiento y evitar responder a las insistentes demandas de la ASES de que cumpla con sus obligaciones bajo el Contrato Vital y el acuerdo de transición”. En su réplica ASES reclama que por el incumplimiento de Molina Healthcare con el plan Vital incurrió en gastos de más de $500,000 en gastos de abogados, contratistas y asesores y le solicita al Tribunal que ordene a la aseguradora a cumplir con el plan Vital, con el acuerdo de transición y que pague los honorarios de abogado y “cualquier otro remedio que en justicia proceda”.