(NOTA: Este artículo es parte de una serie investigativa sobre el uso de fondos en el Departamento de Salud y algunas de sus dependencias como la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud).
Un contrato tóxico para alquilar un espacio de oficina en Hato Rey por más de $600,000 al año yace sobre el escritorio del Secretario de Salud Lorenzo González, quien no le ha dado paso desde que fue aprobado por el extitular de la agencia Rafael Rodríguez Mercado y firmado por la exsecretaria interina, la doctora Concepción Quiñones.
El controvertible contrato, por el que el pueblo de Puerto Rico tendrá que pagar $50,157 al mes y $601,884.00 al año, es para mover la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS), y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. La ORCPS es una dependencia que se supone que administre todos los servicios que proveen miles de profesionales de la salud como médicos, enfermeros, farmacéuticos, paramédicos, terapistas y otros.
Pero el origen del contrato, quién lo promovió, el proceso de negociación y otros detalles lo han convertido en un asunto tóxico para Salud, al punto que el mismo exsecretario Rodríguez Mercado detuvo el proceso e intentó prescindir del mismo, sin éxito. Su sucesora, Quiñones de Longo, por la situación de la pandemia, no actuó. El contrato está en suspenso desde septiembre del año pasado. La vigencia es del 1ro de septiembre de 2019 y regirá hasta el 29 de febrero de 2024.
Ahora González intenta cancelarlo, pero según fuentes del propio departamento de Salud “lo redactaron de tal forma que no lo pueden cancelar a menos que paguen unas penalidades demasiado altas”.
Aunque hay serias dudas sobre el oneroso contrato, la directora de la ORCPS, Norma Torres, lo ha estado defendiendo desde el primer día. Igualmente, lo defiende la asesora legal de esa entidad, Luz Ríos, quien, según varias fuentes de la ORCPS y de Salud, fue quien promovió la transacción y participó en la negociación. Ninguna de las dos funcionarias respondió peticiones de este medio ayer para obtener su versión. Torres supuestamente está “de vacaciones” esta semana.
La idea de Torres y Ríos quieren mover la sede de la ORCPS de donde están en el edificio de GM Group en Río Piedras (frente a La Electrónica) para un espacio en los pisos 11,12 y el Penthouse del edificio Metro Center #5 en la Calle Mayagüez, Esquina Cidra de Hato Rey. En ese edificio ubica también una de las oficinas de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). El contrato incluye un espacio de 33,438 pies cuadrados que se cobran a razón de $18 por pie cuadrado, para el costo mensual de $50,157. El costo anual es de $601,884.00. Se alega que tiene 50 estacionamientos.
No se han podido mudar por las dudas que hay en torno a este contrato, pero como su acuerdo actual en el edificio GM Group venció, aparentemente los están forzando a irse. Todo este proceso vuelve a levantar sospechas sobre las operaciones de la ORCPS y la manera dudosa en la Torres administra los fondos que pagan los profesionales de la salud. Estos procesos han sido investigados por este medio desde el 2019.
Traqueteos en la ORCPS
El pasado 15 de abril la Junta de Farmacia, que reglamenta a 14,000 farmacéuticos y técnicos de farmacia en el país, demandó a la ORCPS. Su representante legal es el expresidente del tribunal federal en Puerto Rico, el exjuez José A. Fusté. En la demanda los farmacéuticos y técnicos de farmacia alegan que la ORCPS traquetea con las licencias.
A Torres se le imputa: interferir ilegalmente con la concesión, suspensión o revocación de licencias y certificados de los profesionales de farmacia, lo cual es ilegal; interferir con los exámenes de reválida; impedir a la Junta de Farmacia hacer su trabajo; usurpar poderes y ocultar documentos; y malos manejos de los fondos que farmacéuticos y técnicos de farmacia pagan en cuotas, sellos y multas.Ese dinero no es del gobierno sino privado. La inmensa mayoría de los técnicos de farmacia ganan el salario mínimo federal.
El 10 de marzo de 2020 en este blog publicamos que hay una pesquisa federal en la ORCPS por el aparente esquema de corrupción, usurpación de poderes, incautación de récords y fondos privados, y hasta la posible concesión de licencias fraudulentas. El esquema incluye la usurpación de los poderes y responsabilidades de las distintas juntas de profesionales de la salud, que son entidades nombradas por el gobernador de turno.
Como parte de la investigación, encontramos fotos de documentos, expedientes con información personal como direcciones, números de seguro social y teléfonos de cientos de farmacéuticos y técnicos de farmacia tirados por el piso de la sede la ORCPS.
El 11 de marzo de 2020 en este medio se publicó que el exsecretario Rodríguez Mercado y su asesor legal Raúl Bandas del Pilar, entre otros, conocían de las irregularidades que se le imputan a Torres porque esperaban por acción de parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina del Inspector General en el Departamento de Salud Federal.
Los problemas en la ORCPS vienen desde hace tiempo. Los hechos se remontan a la administración de Alejandro García Padilla para el 2016, cuando empezaron a cuestionar por qué el dinero que aportan los farmacéuticos y técnicos de farmacia a un fondo de la Junta de Farmacia se usaban para otros propósitos, en vez de destinarse para uso exclusivo de esa entidad como dispone la ley.
El 26 de julio de 2019 y como parte de las investigaciones que se publicaron En Blanco y Negro con Sandra en el Verano #2019 durante las protestas y la renuncia del exgobernador Ricky Rosselló, se denunció un fraude que conllevó la desaparición de cerca de $11 millones de dólares en cuotas pertenecientes la Junta de Farmacia. Dicho fraude no fue investigado por la entonces secretaria de Justicia y sucesora de Rosselló en la gobernación, Wanda Vázquez.
REFERENCIAS
1) 26 de julio de 2019: Vázquez ignora fraude en Farmacia
2) 15 de abril de 2020: Demandan a Salud por traqueteos con licencias de Farmacia
3) 10 de marzo de 2020: Usurpación en la Junta de Farmacia
4) 11 de marzo de 2020: Gobierno sabe de los abusos con licencias (Parte 2 de investigación)