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| Secretario de salud, Rafael Rodríguez Mercado |
El Secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado concedió un contrato de $1.6 millones para la compra de sobre 200 ponchadores para vigilar el horario laboral los empleados de la agencia, pero volvió a usar fondos estatales y federales que eran destinados para otras oficinas y programas en necesidad de presupuesto.
El contrato fue suscrito con la empresa Interboro Systems el 22 de julio de 2019, pero Rodríguez Mercado se cuidó de no firmarlo porque el mismo aparece bajo la firma de la subsecretaria, Concepción Quiñones de Longo. Este contrato figura como parte de una pesquisa más extensa sobre las acciones del secretario, según se constató.
Este nuevo dudoso contrato aparece sólo a dos días de que el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Gustavo Gelpí, determinara que Salud es la única culpable del desvío y mal manejo de entre $35 y $40 millones para financiar servicios bajo el Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI). La agencia que dirige Rodríguez Mercado desvió esos fondos para otros usos en la agencia que no fueron especificados y no para las personas con impedimentos que los necesitan.
En una orden de dos páginas emitida el miércoles,4 de diciembre, según publicaron Noticely otros medios noticiosos, Gelpí puntualizó que no es la Junta de Control Fiscal (JCF) la responsable de que el programa PSPDI no haya sido financiado adecuadamente, como aducía Salud. Esta misma posición la expresó el Departamento de Justicia federal que tiene intervención en el caso debido a que el programa está bajo una sindicatura con un monitor federal. El caso está activo ante el Tribunal Federal desde 1999.
Empero, este nuevo contrato es para la compra, instalación y entrenamiento de un programa de asistencia para los empleados del departamento de Salud. Es lo que se le conoce como un ponchador digital. La compra es de sobre 200 ponchadores. El contrato aparece en la dirección: https://contratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=2682111
En la página 16 de este contrato establece que la oficina de Medicaid proveerá $72,000.00, la oficina de WIC proveerá $288,010.00, la oficina de Cannabis proveerá $400,000.00 y la Oficina de Sustancias Controladas proveerá $400,000.00 para pagar por este contrato. Las últimas páginas del contrato enseñan la distribución de estos ponchadores.
Pero precisamente estas divisiones presentan varios problemas graves para el secretario:
- Es el mismo esquema que descubrió el juez Gelpí donde dinero se mueve de programas para gastos que no tienen prioridad ninguna. En Blanco y Negro con Sandra advino en conocimiento que el juez Gelpí ya ordenó una auditoría federal a este programa de Salud y designaron al personal a cargo de dicha auditoría.
- No se explicaron las razones ni el proceso para seleccionar específicamente a las oficinas de WIC, Cannabis, Oficina de Sustancias Controladas y Medicad para mover los fondos, aun sabiendo que algunas de estas dependencias necesitan más presupuesto.
- Tampoco pidieron permiso al gobierno federal para el desvío de los fondos, lo que hace ilegal la transacción. Es decir, el dinero federal que se asigna para Medicaid y WIC sólo se puede usar para esos programas.
- Tampoco se pueden usar fondos federales para comprar ponchadores para el edificio administrativo, para las regiones, o para oficinas que son estrictamente estatales.
- En el documento aparecen entre 22 y 23 ponchadores que se compraron sin identificar donde iban a ser instalados. Es decir, se pagaron más de $67,000 en fondos públicos para poner esos equipos en un almacén por si acaso los necesitan. En ese proceso de esperar, las garantías de los equipos expiran.
- Dudas con los precios. En el contrato aparecen costos más altos por los equipos de ponchadores que hasta en Internet están más baratos. Los ponchadores “Kronos” se consiguen en Internet hasta por menos de $1,000.00, pero Salud está pagando $2,920 por cada ponchador en este contrato. De hecho, en Internet aparecen modelos más económicos y que ofrecen la misma tecnología, y también se encuentran hasta las instrucciones de instalación y manual de usuario.
Rodríguez Mercado tiene varios asuntos pendientes además de estos contratos. Los despidos de los Directores Regionales de la agencia alegando que fueron ordenados por la JCF, lo cual no es cierto, tal y como revelaron los periodistas Jesús Rodríguez García en Wapa TV y Jay Fonseca en su programa Rayos X de Telemundo. Ambos reportaron que la JCF no había eliminado los puestos y que fue el secretario quien los despidió porque éstos empleados no apoyaban a la candidata que Rodríguez Mercado tenía para dirigir el grupo político de “Empleados Progresistas”, encargado de recaudar fondos para el gobernador que renunció, Ricardo Rosselló.
Existen declaraciones juradas corroboradas, en las que se evidencia que el secretario les exigía a los empleados que usaran fondos federales para pagar empleados estatales, sabiendo que era ilegal. Una abogada de la JCF le había expresado a Salud que esta práctica era ilegal.
Según se desprende de la investigación en proceso, las autoridades también corroboran que el secretario se negó a entregar unos fondos para un Centro de Diagnóstico y Tratamiento en el municipio de Loíza, argumentando que la JCF le había quitado el presupuesto. Esto sucedió en una reunión que tuvo Rodríguez Mercado con la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, del Partido Popular, y con el representante del Partido Nuevo Progresista, Angel Bulerín Ramos. Este último lo desmintió en el acto diciendo que no era cierto que la Junta le había quitado el presupuesto.
También es parte de la pesquisa el argumento del secretario ante sus subalternos cercanos (staff) cuando alegó que fue la JCF quien envió a Alberto Velázquez Piñol al departamento de Salud. Velázquez Piñol era el consultor de la firma BDO Puerto Rico y asesor más cercano de Rodríguez, y que fue arrestadoel pasado 10 de julio en un operativo federal por el fraude y robo de fondos federales que superan los $15.5 millones, en un caso que incluyó además los arrestos de la directora de ASES, Angie Ávila y de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.
Según la información corroborada para este artículo, la investigación además se centra sobre alegaciones de Rodríguez Mercado ante su staff de que se contrató por más de $1 millón a la compañía London Group fue enviada por la JCF para reestructurar la agencia, cuando se alega que la misma fue promovida por el cabildero y mano derecha del exgobernador Rosselló, Elías Sánchez entre otros.
También investigan el alegado uso de sobre $20,000 en fondos de Medicaid para remodelar la oficina del secretario Rodríguez Mercado.