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| Actividad del legislador "June" Rivera auspiciada por la empresaria que quiere controlar fondos de Educación Especial, con la empresa Compliance & Research Inc., según la información |
(NOTA: Esta columna apareció publicada originalmente en NotiCel el 13 de octubre de 2019 - https://www.noticel.com/opiniones/usureros-en-educacion-especial/1131570139 )
Esta semana padres y niños con diversidad funcional protestaron en una vigilia frente a La Fortaleza, pero pocos entienden la magnitud y el inminente caos de este problema. El nuevo proyecto de Educación Especial que aprobó la Cámara de Representantes es un palo de $500 millones de dólares. Los beneficiados no son los niños, sino los que quieren dar el tumbe: un grupo de legisladores y una empresa privada. Un ejemplo de este esquema es que esa empresa privada, en poco más de un año, ya tiene contratos por más de medio millón me dólares, en momentos en que en el país se discute que no hay chavos para los niños de Educación Especial.
Investigando este asunto encontramos intereses usureros detrás de todo este esquema. Y como si fuera un cartel del bajo mundo, a todo el que se pone en el medio, lo quieren sacar de circulación. Es decir, al que señale o se oponga al esquema usurero, lo reprimen, lo despiden, intenten desacreditarlos y tratan de sacarlos del medio, según se constata en los documentos.
Vamos a los hechos. Esta semana la Cámara de Representantes aprobó, sin vistas públicas, un nuevo proyecto de Educación Especial. El proyecto fue radicado por el representante Rafael “June” Rivera. Fue peor que la medida que había vetado el exgobernador Ricardo Rosselló, porque su objetivo es acaparar el poder político y regalarle un negocio de $500 millones a una empresa amarrada a los legisladores. Por eso todos los afectados se oponen.
El nuevo proyecto de Educación Especial tiene nombre y apellido. Se llama Marta Díaz y su empresa Compliance & Research Inc. Díaz es la directora ejecutiva de la comisión cameral que atendió la ley, fue la que redactó el anteproyecto a la medida de su empresa; es colaboradora y aporta a actividades del representante Rivera; y además, preside la empresa beneficiada una vez se le cree un negocio manejando la Educación Especial. De eso es que se trata.
La empresa Compliance & Research aparece en el Registro de Contratos del Departamento de Estado para proveer servicios de inclusión con el número de incorporación #363859. Entre el 2018 y el 2019 acaparó sobre medio millón en los siguientes contratos de consultoría:
- con la Cámara de Representantes #2018-000444 por $48,000;
- con el Departamento de la Familia Adsef #2019-329387 por $24,000;
- con el Departamento de la Familia Adsef #2019-329208 por $90,000;
- con el Departamento de la Familia Adsef #2019-0000 por $70,000;
- con la Autoridad de Carreteras y Transportación #2019-000201 por $34,698;
- con el Departamento de Educación #2018-000094 por $207,000 y
- con el Procurador de las Personas con Impedimentos #2019-151024 por $20,000.
- En el 2016 la empresa aparece con otro contrato con Educación, el #2016-000127 por $9,955.
Díaz, desde su posición como directora ejecutiva de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad de la Cámara, impulsó la medida que ella misma redactó. En síntesis, crea una nueva agencia de gobierno: la Secretaría de Educación Especial, separada del Departamento de Educación con un presupuesto que se elevaría $500 millones. Le da al gobernador y a los legisladores la potestad para nombrar al secretario asociado, a los jueces administrativos y puede controlar los fondos. Es decir, en momentos de crisis fiscal, los políticos tendrán el poder de atornillar a los suyos después de las elecciones.
Por eso es que desde que se aprobó el proyecto, todo el que sabe, se opone. Padres, maestros, profesionales que trabajan con la población de diversidad funcional, asociaciones, hasta el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos, y el único legislador que ha vivido en carne propia lo que es Educación Especial, Néstor Alonso, quien es invidente. Ramos y Alonso son del Partido Nuevo Progresista.
Todos saben que lo que han hecho Díaz y los legisladores es crear un negocio redondo incluso con el puesto de intercesor, o persona que apoya a padres en la búsqueda de servicios. La nueva ley obliga a que estos intercesores tomen cursos pagados y se certifiquen. La empresa que da esos adiestramientos será Compliance & Research. Es decir, la autora de la medida tendrá el control de los fondos, a quién le dan servicios, a quién no, y cobrará por ello.
A pesar de todo esto, la ley había que aprobarla. Por eso resulta altamente cuestionable que todos los que se han opuesto a esta medida, han sido víctimas de represión:
1. En abril 2019: Se usó la Comisión de Educación Especial que dirigía Díaz para perseguir e investigar a la Defensoría de Personas con Impedimentos.
2. En mayo 2019:Esto resultó en el despido de Carlos Molina, presidente del Consejo de Deficiencias en el Desarrollo. June Rivera anunció que investigaría “desmadre”.
3. En junio 2019: La Universidad de Puerto Rico despidió a María Miranda, directora del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP), puesto que tuvo desde el 1995 bajo distintos gobiernos, y a sólo 3 meses de que se pudiera acoger al retiro mínimo de la UPR. Miranda se oponía a la medida, y unos meses antes de su despido, June Rivera radicó el PC 2170 para trasladar el PRATP al Recinto de Ciencias Médicas.
4. En agosto de 2019: Empezaron los señalamientos contra Eliezer Ramos, el secretario asociado de Educación Especial y el representante José Aponte exigió su renuncia.
5. En septiembre de 2019 - El representante Néstor Alonso denunció chantaje por oponerse al proyecto de Educación Especial, ya que June Rivera le dijo que “habrían consecuencias” en su contra.
Los representantes que aprobaron esta medida asumen que como se trata de niños con discapacidad, los padres son iguales. Piensan que no se van a dar cuenta del traqueteo y los subestiman. Pero los padres están militantes e indignados.
Puerto Rico lleva varios años de ataques a la educación y a la población más vulnerable. Más de 500 escuelas han cerrado, en muchas no nombran a los maestros y se niegan los servicios. Para colmo, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, fue arrestada por las autoridades federales y enfrenta un caso peor al de Víctor Fajardo. Encima está la Junta de Control Fiscal que quiere dilapidar a Educación, es obvio que el programa de Educación Especial se quedará sin dinero. Entonces ahora aprueban esa medida, sin ir a vistas públicas y sabiendo la oposición general que hay, porque el interés es proteger sus finquitas privadas.
Ponen a la gente contra la pared, pero la gente se cansó. Por eso son las vigilias y las protestas de padres, como la que ocurrió esta semana frente a La Fortaleza, pero ni la secretaria de la gobernación Zoé Laboy, ni mucho menos, la gobernadora Wanda Vázquez los recibieron. ¿Por qué ese desprecio a una población que necesita ayuda?
No es un asunto partidista, sino de derechos, y los padres saben que es un acto inmoral lo que han hecho estos políticos. La forma en que la Cámara aprobó esta medida y los que están detrás de ese interés deben ser investigados. No pueden quedarse impunes porque se lucra mediante la usura, abusando de los niños. El problema pasa ahora al Senado. Thomas Rivera Schatz y los demás senadores tienen en sus manos el detener este pillaje. Si no lo hacen, demuestran que son parte del esquema.