La secretaria de Justicia y quien será a partir del 2 de agosto la nueva gobernadora de Puerto Rico por una casualidad histórica, Wanda Vázquez, cometió una serie de acciones que la inhabilitan para trabajar en ambos cargos por ser coautora, encubridora y artífice de esquemas de corrupción que precisamente aceleraron la salida del poder de Ricardo Rosselló.
Documentos en poder de En Blanco y Negro con Sandra constatan que Vázquez incurrió en una serie de delitos y violaciones de ley que conllevan prisión por negarse a investigar el escándalo de los vagones en la distribución de los suministros con ayuda tras el huracán María. También hay prueba documental que coloca a Vázquez negándose a investigar un caso referido por el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, relacionado un esquema de venta de influencias en el otorgamiento de licencias para negocios vinculados a la Junta del Cannabis Medicinal. Ese esquema toca a La Fortaleza.
En el proceso Vázquez actuó como abogada de Rosselló, colocando en segundo o tercer plano al pueblo en el momento de mayor crisis. Esto explica además por qué razón ella optó porque fuera La Fortaleza en donde se determinaban cómo se investigarían los asuntos criminales, evitando así que casos controversiales cayeran en Justicia.
Los documentos incluyen copias de correos electrónicos, mensajes de chat, documentos de empresas vinculadas al Cannabis Medicinal, reglamentos, un informe hecho por Maldonado y un referido a Justicia.
Los documentos evidencian que Vázquez cometió una serie de delitos como la violación del Artículo 262 del código penal de incumplimiento del deber, el Artículo 263 negligencia en el cumplimiento del deber y el Artículo 280 de encubrimiento por negarse a investigar las irregularidades y traqueteos relacionados con el programa de Unidos por Puerto Rico de ayuda a los damnificados por el huracán.
Caso de los vagones
Mientras miles de personas morían, o pasaban hambre y sed tras el huracán María, trascendió públicamente que se desviaron vagones con suministros para beneficiar a personas del gobierno. Meses mas tarde, hubo voces en el gobierno encabezadas por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que exigieron que se llevara a cabo una investigación para hallar el porqué las ayudas no llegaron, lo cual a todas luces era ilegal.
En ese proceso, Vázquez adjudicó sin realizar una investigación, que no hubo comisión de delito con el tema de los vagones. Dicha acción constituye un abandono de su rol como secretaria de Justicia. Demuestra además un interés de no descubrir la verdad para proteger y beneficiar a la Primera Dama Beatriz Rosselló, y a los demás miembros de la junta vinculados al proyecto de Unidos por Puerto Rico, que era la organización que se creó para distribuir los fondos entre los damnificados.
“Me enviaron un borrador de comunicado de su oficina sobre el informe de los vagones. No tengo los elementos para opinar del mismo. Entiendo debe ser la OSG quien divulgue los resultados al pueblo. Desconozco la metodología y el proceso llevado a cabo. De hecho, si no hay conducta criminal, no se debe referir a Justicia”, sostuvo Vázquez en un intercambio en un chat con el exsecretario de la gobernación Raúl Maldonado.
Maldonado contestó: “Ok, cambio el comunicado y no envío el informe a Justicia. Hablamos mañana, y gracias por sus comentarios”. A esto Vázquez respondió: “Es lo mejor. Que no haya acción criminal y no requiere intervención de Justicia. Así no me ponen en posición de investigar y emitir opiniones”.
Caso de Cannabis Medicinal
El segundo caso se relaciona a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal donde Vázquez supo de un esquema de venta de influencias entre otras violaciones de ley, según se evidencia en los documentos en nuestro poder. Hasta el día de hoy, Vázquez no ha realizado la investigación requerida, ni tampoco actuó la jefa de fiscales Olga Castellón. Esto plantea un patrón de procesamiento selectivo y doble vara al momento de investigar casos de corrupción. Este caso se remonta a una serie de presiones indebidas y conflictos de interés cometidos por la exasesora del gobernador en el área de desarrollo e infraestructura, María Palau y su esposo, el abogado José Giovanni Ojeda Rodríguez.
Los documentos constatan que el matrimonio intentó y presionó para que se le otorgaran unas licencias para la operación de centros de cannabis medicinal a unas 69 empresas vinculadas a intereses de Ojeda Rodríguez.
Palau trató de que el director del Junta de Cannabis Medicinal, Antonio Quilinchini, entregara las licencias sin el debido proceso, a lo que éste se negó consistemente. Además, ella redactó 3 resoluciones para la firma de Quilinchini que él tenía que firmar, alegando que era por instrucciones del gobernador.
A principios de 2017 se llevaron a cabo tres reuniones en La Fortaleza con la entonces subsecretaria de la gobernación, Itza García, y Quilinchini. En las reuniones estuvo presente Ojeda Rodríguez, quien daba opinión sobre cómo trabajar los asuntos del cannabis medicinal, cuestionaba las acciones de Salud, recomendaba empresas a contratar, la cancelación de contratos y que se dieran licencias empresas nuevas. Ojeda Rodríguez no trabaja en el gobierno.
Quilinchini se negaba a seguir las instrucciones de Ojeda Rodríguez y de Palau, quienes decían que representaban al gobernador Rosselló. Posteriormente, Palau y su esposo comenzaron un patrón de presiones hacia Quilinchini para que se reuniera con empresas y les concediera licencias para operar dispensarios de cannabis. Palau además cabildeó en La Fortaleza para que el gobernador destituyera a Quilinchini y nombrara en su lugar a alguien que le respondiera a ella.
Enterado de las irregularidades, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, llevó la preocupación ante el entonces secretario de la gobernación Maldonado, quien primero se entrevistó con Quilinchini. En la reunión estaban varios abogados que redactaron una relación de hechos. Maldonado decide llevar el caso al gobernador Rosselló para que no le afectara, pero el mandatario lo descartó como si fuera un “chisme”.
Pero Maldonado seguía preocupado por el vínculo de Palau con La Fortaleza y cómo esto podría afectar a Rosselló, por lo que conversó el asunto con el amigo del gobernador, Elías Sánchez y con exasesor legal Alfonso Orona. Orona le dice que no refiera a Justicia. Sin embargo, Maldonado lo hizo. Lo discutió con Vázquez y con Olga Castellón. Esta última dice que hay que destituir a Palau, pero no hicieron nada.
Según el tracto documental, estos eventos ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2017, coincidiendo con la investigación por el escándalo del chat de WhatsApp, que terminó con la salida de García y William Villafañe de La Fortaleza. Una investigación colateral que provocó dicho caso para la misma fecha, fue en la que se cuestionó la intervención de Vázquez como secretaria de justicia para tener control del proceso en el cual su hija y yerno fueron “perjudicados” de un escalamiento en Gurabo. La residencia escalada era alquilada a la abuela del yerno, y uno de los escaladores era su primo hermano. Esto desembocó en la acusaciónde un FEI a Vázquez, que terminó con una determinación de no causa en la vista de Regla 6.