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| Gobernador Ricardo Rosselló y el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz (Foto por Noticel) |
(NOTA: Esta columna fue publicada originalmente en NotiCel el 19 de mayo de 2018 -http://www.noticel.com/opiniones/blogs/en-blanco-y-negro-con-sandra/la-esclavitud-moderna/746220873)
El tema de la semana fue la Ley 80, pero nadie dice la realidad que está detrás de su eliminación. Es sencillo: Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal quieren imponer aquí la esclavitud moderna.
Le han quitado beneficios y derechos laborales a la gente, afectan la operación de empresas y negocios, y quieren quedar bien, o como dicen, “coolearse” ante la opinión pública, antes de privatizar. Porque es obvio lo que viene. Cuando privaticen entidades como el Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y vendan las escuelas a las chárters, los nuevos dueños privatizadores botarán a la mayoría de los empleados, y sin Ley 80, estos no podrán ir a pedir dinero a sus nuevos patronos.
Eso es lo que va a pasar y eso es lo que está detrás de la eliminación de esa ley. Es más, creo que eso lo sabe muy bien Thomas Rivera Schatz y por eso el presidente del Senado exige que produzcan estadísticas, pero eso tampoco va a ocurrir. No las hay. No hay manera que alguien la tenga porque no las puede haber.
Por más que 'Johnny' Méndez diga que al año solo se radican como 2,000 demandas por despido injustificado bajo la Ley 80 y que de estas solo un 3% prospera, la realidad es otra. Nadie tiene la estadística real, ni tan siquiera el Departamento del Trabajo, porque la inmensa mayoría de los casos se transan antes de llegar a esa agencia o a los tribunales para evitar procesos costosos. Pregúntele a cualquier director de recursos humanos, jefe de personal o abogado laboral y lo comprobará.
El hecho indiscutible aquí es que tanto el Gobernador como la Junta tienen que preparar el camino y hacerle rentable el negocio a los privatizadores. La estrategia de comunicación es clara. Desviar la atención del tronco y concentrarse en las ramas.
A los miembros de la Junta no les importa lo que piensen los trabajadores porque tienen mandato del Congreso federal y no fueron electos. Pero Rosselló no quiere que se vea como que él botó empleados del gobierno, y mucho menos a los que lo ayudaron a llegar al poder. Así que lo disfraza, mientras le pone en bandeja de plata el camino para que los nuevos dueños de las entidades privatizadas puedan eliminar esos costos de operación que representan tener un batatal de empleados políticos. A la calle es que van. Rosselló quedará bien y dirá: “no fui yo, fue la Junta que me obligó”. Pero el libreto está leído.
De hecho, eso es lo que dicen por lo bajo algunos de los ayudantes del Gobernador que ya están empezado a hablar mal de su jefe “off the record”, a sus espaldas, símbolo de las fisuras que ya se ven en su entorno político cercano. En el Fondo, por ejemplo, dicen que al primero que van a botar cuando privaticen es al administrador que llevó a 125 ayudantes especiales. Igual pasará en la AEE y en la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).
Como parte de la estrategia de comunicación tienen un libreto uniforme con los mismos “talking points” que les han dado a los portavoces de La Fortaleza en los programas de radio AM y entre los columnistas de opinión en los periódicos y va así: La Ley 80 no tiene impacto, hay que eliminarla, fue parte de una negociación con la Junta, y si no se elimina, se perderán el bono de Navidad y los días por enfermedad. Pero vamos a la realidad de cada “talking point”.
1. Mensaje: El sector privado quiere que eliminen la Ley 80 porque beneficia a las empresas. Realidad: Falso. Por el contrario, muchas empresas están preocupadas porque la Ley 80 establecía topes en las compensaciones por despidos. Si no existe esa ley, cualquier empleado que entienda que su despido fue injustificado puede ir contra su patrono y demandarlo para reclamar de sus haberes, de su capital personal y de las riquezas o dineros que haya acumulado en la entidad donde trabajaba. Por eso hay muchos abogados patronales preocupados. La Ley 80 protegía a los despedidos y al patrono a la vez al reducir costos y tiempo en un tribunal. Como establece un tope, la empresa sabe a qué atenerse. Si se elimina, eso queda por la libre.
2. Mensaje: Las personas despedidas pueden demandar por discrimen por edad, raza o género si no hay Ley 80. Realidad: En la práctica, toma tanto tiempo y es tan costoso que muchas personas se desaniman y no demandan. Más aún, para que un empleado pueda prevalecer en los casos, tiene que poder evidenciarlo. Por eso son más difíciles. Entonces, el patrono que violó la ley y maltrató al empleado queda impune.
3. Mensaje: Hay que equiparar a Puerto Rico a los estados en donde no existe la Ley 80. Realidad: No podemos comparar el mercado laboral de Puerto Rico con el de los estados porque allá hay excedente de trabajo, acá es a la inversa. El desempleo en los Estados Unidos es como de un 4% pero aquí es de más de un 12%. Con la política de Trump de cerrar fronteras a inmigrantes, hay demanda por mano de obra. Eso hace que los patronos den mejores beneficios porque necesitan retener a sus empleados. Aquí no.
4. Mensaje: Eliminar la Ley 80 creará empleos. Realidad: Falso de toda falsedad. Ese fue el mismo libreto que usaron con la reforma laboral y con la eliminación de la ley de cierre, pero todavía no hay los 60,000 empleos prometidos.
5. Mensaje: Son pocos los casos de Ley 80. Realidad: Mienten. Ni siquiera el secretario del Trabajo puede precisar la cantidad de casos reales porque la mayoría de las reclamaciones por despido injustificado se transan antes de llegar al foro administrativo o judicial.
6. Mensaje: Las mujeres no se afectan ni aumentarán los casos de hostigamiento sexual con la eliminación de la Ley 80 porque siempre pueden demandar por otras leyes. Realidad: No es cierto ni es tan fácil. Las víctimas de hostigamiento en el empleo tienen temor. Son muy pocas las que se atreven a radicar demandas en caso de despido. Si se elimina la Ley 80 esto podría empeorar.
7. Mensaje: La Ley 80 es la única carta que tiene el gobernador para negociar con la Junta, y evitar perder otros derechos como el bono de Navidad, los días por enfermedad, las vacaciones y los fondos para los municipios. Realidad: El bono de Navidad ya se había cortado la mitad. Como quiera, el gobierno y la Junta se corren el riesgo de recaudar lo esperado si sigue el patrón de emigración en la población.
Claro que hay que lograr que el país sea más competitivo a nivel de inversión empresarial, pero para todos los efectos, con las reducciones en derechos y beneficios para la gente, estamos regresando al Puerto Rico de los años 30 cuando los obreros eran casi esclavos. Ahora estamos sin beneficios, con un año en probatoria y con más trabajos “part time” que a tiempo completo.
En esencia, esto es como una esclavitud moderna. Nos acerca cada día más a la realidad de los países del tercer mundo y subdesarrollados en donde cerca de 25 millones de personas son víctimas de alguna forma de esclavitud, según estadísticas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. El 64% de esos 25 millones de trabajadores sufre explotación laboral, el 19% explotación sexual y el resto de otras formas de esclavitud. Una mayoría abrumadora, el 71% de esos 25 millones de personas, son mujeres. Eso es lo que está pasando aquí y que se va a empeorar con la austeridad que viene.
Yo creo que al país lo están tratando de dormir con esto de la Ley 80. Nos quieren entretener mientras nos clavan por detrás una puñalada trapera, especialmente a los más viejos y próximos a jubilarse. Mientras hablamos de Ley 80, ya están delineando los recortes a las pensiones. Así que, si usted creía que esto estaba fácil, se equivoca. Este tema no se puede tomar a la ligera ni con medias verdades. Los legisladores que deroguen la Ley 80 tendrán sobre sus frentes el carimbo de que llevaron a Puerto Rico a la esclavitud moderna.