(NOTA: Esta columna fue publicada originalmente en NotiCel el 23 de marzo de 2016 - http://www.noticel.com/blog/188148/campanas-sordas-y-ciegas-audio.html )
En Puerto Rico el español no es el único idioma principal. Aquí hay más de 150,000 personas que usan otra lengua, pero eso, ninguno de los candidatos políticos actuales lo entiende. Ni si quiera lo reconocen porque para los políticos, esas personas no existen. Y si no existen, entonces, no ven la necesidad de comunicarse con ellos. Representan votos, pero no los políticos no los ven.
Se trata de los 150,000 sordos y personas con pérdidas auditivas que viven en Puerto Rico, según la más reciente revisión de los datos del Censo, al 2016. Si a éstos se añaden el estimado de otras 120,000 personas ciegas que viven aquí, se trata de una población de unas 270,000 personas. Casi todos esos puertorriqueños se comunican mediante lenguaje de señas o leen libros en Braille.
Sin embargo, no hay uno solo de los candidatos políticos en la contienda electoral que haya hecho el más mínimo acercamiento a esta población. Es como si no votaran. Y si no votan, menos les importan.
El problema es que en un país donde la emigración sigue subiendo, y en donde ya se anticipa que habrá una merma de electores en noviembre, todo voto cuenta. Ya hay politólogos que apuntan a que las próximas elecciones se pueden decidir por márgenes escasos, de menos de 5,000 votos. Entonces, ¿Cómo es que ningún político le ha dedicado un minuto a este segmento de la población? ¿Por qué ninguno de los estrategas de la propaganda política, o los comunicadores, han pensado en que tienen ahí una población significativa de electores? ¿Por qué hay tan mala comunicación?
La respuesta a estas interrogantes es sencilla y evidente: no los consideran porque los que siempre han sido olvidados, ahora son más invisibles que nunca.
Eso explica por qué ni Rafael Bernabe, ni Manuel Cidre, ni Alexandra Lúgaro, ni María de Lourdes Santiago, ni Ricky Rosselló, ni Pedro Pierluisi, ni David Bernier, que se sepa, han dirigido ni un ápice de sus campañas para comunicarse con estas personas en la manera en que los pueden entender. Ni ellos ni los aspirantes a la Comisaría Residente en Washington, ni los alcaldes, ni los legisladores. Nadie.
En cambio, en otras partes del mundo los políticos si lo hacen. En Inglaterra, Grecia, Hungría, Islandia, Bélgica, Canadá, Nueva Zelandia y Sur África, no sólo hacen campañas para sordos o ciegos, sino que han electo políticos que con esas condiciones. En América Latina, en países como Republica Dominicana y México, también han desarrollado campañas electorales para estas poblaciones. En los Estados Unidos ahora mismo la aspirante demócrata a la presidencia Hillary Clinton, tiene una campaña de anuncios y mensajes específicamente dirigidos a los sordos, aunque no a los ciegos.
Y el tema de la inclusión y el respeto a los derechos humanos de estas poblaciones están en la boca de todos. Hasta en el popular programa televisivo “Dancing with the stars” tienen a un concursante sordo. Pero en el Puerto Rico del 2016, nada.
Aquí siguen con la misma cantaleta política de siempre, con los mensajes reciclados y lo mismo de siempre. Con la misma comunicación política prefabricada y monolítica. Aquí la discusión pública parece un disco rayado porque siempre vuelve al uso del inglés o del español como las únicas lenguas. O mientras la atención gira en torno a la perspectiva de género y los políticos se afanan por hablarles a las comunidades LGBTT, a los dominicanos o a los evangélicos, estos sectores de la población que trascienden razas, credos y clases sociales, siguen marginados. Como no saben lenguaje de señas, no traen intérpretes ni tampoco incorporan servicios de audio o de braille en sus campañas, los políticos no se comunican con estos electores que bien podrían superar a 270,000 personas.
La mayoría de los sordos y los ciegos son personas con inteligencias superiores, pero se necesita más respeto y apego general a la ley. Y esto incluye a los candidatos y toda la maquinaria de propaganda. Para el conocimiento de los equipos de campaña, los estrategas y las campañas, hay varias leyes estatales y federales que protegen a estas poblaciones, y que hasta el momento, los partidos políticos y los candidatos incumplen:
· La Ley 230: Establece la política pública estatal para todas las personas con impedimentos y dice que los servicios y las necesidades de esta población deben atenderse prioritariamente, y garantiza acceso a servicios en todas las agencias del gobierno aunque en la práctica, en las oficinas se les discrimina.
· Ley 136: Establece que cada agencia de gobierno debe tener un intérprete del lenguaje de señas y un facilitador de la comunicación. Lo mismo en los hospitales y escuelas.
· Ley 229 (Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos): Ordena que toda agencia de gobierno que tenga página web debe cumplir con los requisitos de accesibilidad para servir a las personas con discapacidades. Sin embargo, apenas el 50% de las páginas web del gobierno están habilitadas para funcionar con lectores de voz.
· Ley IDEA(Individuals with Disabilities Education Act): Ley federal que fomenta la educación pública gratuita, en el ambiente menos restrictivo, a las personas con impedimentos.
· Ley ADA(Americans with Disabilities Act): Prohíbe el discrimen por discapacidad en el ámbito laboral, en servicios y en las telecomunicaciones. Esta ley incluso obliga al gobierno a proveer servicios de intérpretes en las cortes, otra sección de la ley garantiza que los sordos tienen derecho a la televisión por lo que los canales deben tener intérpretes o subtítulos. En particular los noticieros y contenidos en casos de emergencias.
El primer gobernante que actuó hacia sectores de esta población fue Carlos Romero Barceló, en parte porque la Primera Dama, Kate Donnelly, tomó cursos de lenguaje de señas. Luego, en los últimos años de mandato de Rafael Hernández Colon, pero principalmente bajo Pedro Rosselló, se incorporaron intérpretes de lenguaje de señas en sus mensajes de estado y ante la Asamblea Legislativa, que eran transmitidos por televisión. Rosselló fue un paso más e incluyó a los intérpretes en conferencias de prensa durante el paso de huracanes y otros fenómenos atmosféricos. A partir de entonces, todos los gobernantes los incluyen en sus discursos ante la Legislatura, pero hasta ahí llega la cosa.
Recientemente los legisladores populares Maritere González y Jorge Suárez radicaron resoluciones para indagar sobre las necesidades actuales de los jóvenes con impedimentos auditivos severos que reciben servicios del Departamento de Educación, así como evaluar el uso del lenguaje de señas en Puerto Rico, la certificación de intérpretes y los métodos de enseñanza. En todos los cuatrienios y en todas las décadas los legisladores impulsan medidas, pero como ahora, nada pasa.
Para la redacción de esta columna, se consultó con al menos cuatro sordos, dos intérpretes y dos ciegos. Todos coincidieron en que en términos de la política, ocurre como a nivel de gobierno. Los funcionarios y candidatos olvidan que siempre existe una necesidad de comunicación entre las personas. La principal barrera es de actitud.
Con tanta población sorda, el lenguaje de señas debería ser una obligación en las escuelas y en todas partes. Debería ser parte natural toda conversación. Igualmente deberían estar más accesibles los textos en braille y mayor acceso a grabaciones en audio para los ciegos. Estamos a tiempo para que los políticos se muevan e incorporen esto en sus programas de gobierno y los tornen en acciones concretas. La bola está en su cancha. ¿Quién se atreve a dar el primer paso? Aquí espero.
Vídeo: "Señas para elecciones: