Entre acusaciones infundadas y la omisión de la prensa, emerge un escándalo de derechos civiles y libertad de expresión en el surco ambiental de Puerto Rico
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Esta semana se vio en el
Tribunal de Mayagüez lo que podría catalogarse como uno de los más peligrosos y
absurdos casos de represión política que se hayan visto en Puerto Rico desde la
época en que aquí se vigilaban, censuraban, perseguían, carpeteaban y metían
presos a los nacionalistas, y más adelante, a los a los independentistas por
sus ideales. Es un caso de absoluto abuso del poder, sin pruebas, sólo que
involucra la protesta contra un crimen ambiental que se comete ante la luz del
sol en La Parguera.
A los seis manifestantes que fueron arrestados en julio se les impuso más de medio millón de fianza y dos tienen grilletes electrónicos, pero esta semana el Ministerio Público no presentó pruebas que sustenten esas acusaciones porque no las tienen. De hecho, los fiscales ocultaron las pruebas exculpatorias a propósito, mientras siguen estirando un proceso altamente irregular, que nos cuesta a todos. Hay que recordar que es el pueblo es quien les paga los salarios a esos policías que se sentaron a testificar falsedades, a los tres fiscales que escondieron prueba exculpatoria y a las dos juezas que hasta ahora han visto en sala lo que ha ocurrido.
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| Los seis manifestantes arrestados en La Parguera. |
Pero lo más peligroso es que el
caso fue silenciado a propósito por los medios corporativos tradicionales que
actuaron igual que en épocas de antaño, como cuando Luis Muñoz Marín impuso la
Ley de la Mordaza y era el pretexto para arrestar y encarcelar nacionalistas
entre el 1940 y 1950; o en la época de Carlos Romero Barceló cuando se
perseguían independentistas en el contexto de los asesinatos del Cerro
Maravilla 1978 y otros casos. Los medios tradicionales cubrieron de todo para
ignorar la represión.
Lo que pasó en sala en ese Tribunal de Mayagüez contra los manifestantes de La Parguera es quizás el caso más importante en materia de derechos civiles, libertad de expresión y protección ambiental que se haya visto en décadas. El público se enteró gracias a los periodistas independientes, la prensa alternativa y algunos medios regionales que lo reportaron, y por ciudadanos, que al igual que esa prensa alternativa, difundieron lo que sucedía en las redes sociales.
Los medios corporativos optaron por ignorar esta noticia a pesar de que involucra directamente a una de las aspirantes a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, la Comisionada Residente en Washington, Jennifer González. ¿Es porque los medios corporativos quieren silenciar a González y favorecer al gobernador Pierluisi o es que no quieren cubrir porque hay empresarios mediáticos con casetas ilegales en La Parguera? ¿Es acaso porque el crimen lo denunció el excandidato independiente Eliezer Molina o es porque conocen jueces, empresarios y anunciantes de sus medios que tienen casetas ilegales allí?
Como quiera que se mire, es un escándalo. Máxime cuando había periodistas de tres canales de televisión y otros medios corporativos en ese mismo tribunal esperando a cubrir el caso contra el suspendido alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez. Pero vamos a los hechos que confirman por qué el caso de los manifestantes es importante.
Los hechos se remontan al 9 de julio cuando más de un centenar de oficiales de Operaciones Tácticas y otras unidades de la Policía de Puerto Rico arrestaron a ocho manifestantes que protestaban por el daño de las construcciones ilegales al mangle de la reserva natural de La Parguera. La jueza de Mayagüez María del Pilar Vázquez encontró causa para arresto e impuso una fianza global de sobre $500,000. Por declaraciones juradas esta jueza, identificada por su activismo político, impuso fianzas más altas que las impuestas a asesinos y pedófilos en ese mismo tribunal.
Los manifestantes golpeados por oficiales de la policía, como se ve en los vídeos, y acusados son Iona Fournier Gómez ($200,000 de fianza), Imalay Arroyo Surita ($100,000 de fianza más grillete), Pedro Amengual Gutiérrez ($100,000 de fianza y grillete); Francheska Vélez Ramírez ($75,000 de fianza), y a Juan Edil Rodríguez González y a Sheila Mejías Luciano les impusieron $50,000 de fianza a cada uno.
Dos días después del arresto, para el 11 de julio, la Unidad de Crímenes Cibernéticos de la Policía ya había descargado vídeos de varias páginas de Facebook y de Wapa TV, según testificó en sala esta semana el oficial de la Policía Dennis Martínez. El 20 de julio fue la vista de Regla 6 donde acusaron a los manifestantes por diversos delitos.
Casi tres meses más tarde, el lunes 30 de octubre, comenzó la vista preliminar ante la sala de la jueza Geysa Villanueva, quien se ocultó ante el pueblo al prohibir que las cámaras de transmisión del Poder Judicial que se enfocaran en ella. Fue en el testimonio de un policía cuando los abogados de defensa se enteran de que en ninguno de los vídeos que presentó la Fiscalía aparecían los acusados. Esto significa que la Fiscalía tuvo en su poder prueba exculpatoria contra los acusados y no la dio a la defensa como exige la ley y reglamentos. El jueves 2 de noviembre los abogados de defensa pidieron la desestimación, pero el caso sigue.
Los fiscales en este caso son Andrés Rodríguez Bonilla, Rosa Acevedo González y Vanessa Rivera Miranda, quienes responden a la fiscal de distrito, Blanca Portela, quien, a su vez, ha estado al frente de sobre 30 otros casos contra manifestantes en la zona oeste y todos los ha perdido. O sea, ¿cuánto dinero le costará esta incompetencia de Fiscalía al erario? La pregunta es ¿por qué ocultan evidencia? ¿Fue porque tenían que acusar de lo que fuera porque querían dar un escarmiento a los manifestantes, fue por órdenes del Secretario de Justicia Domingo Emanuelli, o fue porque los fiscales son incompetentes?
Mientras, los manifestantes
tienen lo que puede ser catalogado como un “dream team” o uno de los
equipos de defensa más sólidos en caso alguno en años recientes. Ese equipo se
compone por los abogados Gabriel Olivieri Miranda, Oscar Martínez Borrás,
Carlos Torres Viada, Carlos Padilla Montalvo, José Silva Riollano y Javier
Santiago Santos. Estos tendrán hasta el próximo 15 de diciembre para la
continuación de la vista, donde se supone que Fiscalía explique por qué ocultó
evidencia exculpatoria.
Pero en el ínterin, las vidas de
los manifestantes están trastocadas. Pedro Amengual Gutiérrez e Imalay Arroyo
Surita siguen sufriendo efectos físicos porque tendrán que seguir con un
grillete probablemente hasta marzo, que será la próxima cita judicial después del
próximo 15 de diciembre. Esto significa que llevarán el grillete por casi un
año, aunque no se les encuentre causa, como es casi seguro que ocurra. O sea,
el sistema siempre reprime al que defiende el ambiente o ejerce su libertad de
expresión.
Todas estas violaciones de
derechos han estado ocurriendo ante los ojos del pueblo y con el silencio
cómplice de los medios corporativos.
La excusa perfecta es que esta
fue una semana compleja en materia noticiosa. Le echaron dos cadenas perpetuas
al excampeón de boxeo Félix
Verdejo por el vil asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz; fue el arresto por agresión de Lisha
Ramón Mejías por mutilar a otra mujer;
un tribunal encontró causa y el FEI suspendió de sus funciones al
alcalde Ponce Luis
Irizarry Pabón por corrupción; y se determinó que procede el juicio contra
el destituido alcalde de Mayagüez
José Guillermo Rodríguez por malversación de $9.8 millones de fondos públicos.
Todo esto, sin contar con la visita de la secretaria de Energía Federal,
Jennifer Granholm, o el hecho de que la ayudante de la exrepresentante PNP
María Milagros Charbonnnier se declaró culpable lo que le complica su juicio
por extorsión.
Sí, fue una semana de mucha
noticia, pero el caso de La Parguera es crítico porque involucra a una
candidata a la gobernación, y más que nada porque es conocido que las
autoridades federales y el propio Departamento de Recursos Naturales, están
investigando. Esta semana promete, pero el público se enterará por la prensa
alternativa, regional y el periodismo independiente.