En impactante audio, mujer teme por la vida de su esposo confinado en Ponce 1000 mientras que la Secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón contesta todas las preguntas y ordena investigación preliminar ante denuncias
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| Pasillo en Ponce 1,000 (DCR) |
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Por
Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico
“Temo por la vida de mi esposo a manos de los oficiales de Corrección de la Ponce 1,000”, de manera tajante la esposa de uno de los confinados en esa institución aseguró que los guardias penales ya han amenazado a los reos por denunciar las condiciones infrahumanas y violaciones a los derechos civiles en esa cárcel que pertenece a Las Cucharas en Ponce.
“Si
algo le llega a pasar a mi esposo que no venga a decir que fue a manos de los
confinados porque eso es mentira. Que no vengan a decir que fue por drogas. Él
sale negativo en todos los exámenes. Va a ser a manos de los oficiales de corrección
porque ya lo amenazaron”, expresó.
La mujer cuya identidad se protege, expresa en el audio que desde que se comenzó a publicar reportajes sobre denuncias de malos tratos, los oficiales de custodia han amenazado a los reos.
“Un oficial de seguridad entró a su celda y le dijo: ‘no te preocupes porque todo esto se va a acabar porque te vamos a sacar de aquí. Nos vamos a deshacer de ti’. Esas son amenazas claras. Tengo miedo de que, por represalias, le hagan algún daño a mi esposo en la transición de traslado de uan cárcel a otra o que lo desaparezcan de ahí”, agregó. También dijo que confinados del Módulo 3N están dispuestos a decir a la prensa lo que está pasando, pero que los oficiales les cerraron las puertas en sus caras.
Desde el domingo se han ido publicado una serie de denuncias de supuestas violaciones a los derechos civiles. Reos expresaron que los obligan a tomar agua de los inodoros, además del uso indiscriminado de gas pimienta, “tasers” y castigos corporales por parte de oficiales de custodia en la cárcel Ponce 1,000.
Ayer lunes, Milagros Rivera Watterson, ex presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Confinados, habló en nombre de la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón. Negó las denuncias, pero dijo que la secretaria ordenó una investigación.
Hoy Escobar Pabón expresó en declaraciones escritas que tan pronto advino en conocimiento de las denuncias, ordenó al Inspector de Seguridad Correccional, José Cintrón, y los inspectores designados, al capitán Elvin Ocasio y al capitán Samuel Jackson, que inspeccionaran la institución Ponce 1000 para investigar preliminarmente cada uno de los aspectos denunciados.
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| Sec. de Corrección, Ana Escobar Pabón |
HALLAZGOS PRELIMINARES
Entre los hallazgos de la investigación preliminar de los inspectores se confirmó que al menos 29 celdas están en condiciones antihigiénicas con lavamanos defectuosos por lo que se solicitó la compra de las piezas para repararlos.
“Mientras esto ocurre, se les suministra agua potable para el lavado de boca y cualquier otra necesidad. Todas las fuentes de agua están en funcionamiento. A los confinados se les brinda agua embotellada para su consumo. No hay inodoros o duchas defectuosas. En los próximos días, evaluaremos la reubicación de esta población correccional en caso de que las piezas para la reparación de los lavamanos no se reciban esta semana”, prometió la secretaria.
Escobar Pabón también confirmó que los oficiales de custodia usan gas pimienta y otros agentes químicos como parte de los pasos contenidos en el uso y manejo de la fuerza cuando se pone en riesgo la seguridad de los miembros de la población correccional o empleados, cónsono con la reglamentación vigente. Dijo que desde el 1 de enero de 2023 al presente han ocurrido cinco (5) eventos donde se han utilizado agentes químicos para contrarrestar los mismos y evitar el uso de fuerza mayor.
Sobre la denuncia que hicieron los confinados y sus familiares de que cuando son ingresados se les da colchones inservibles, la secretaria dijo que la agencia cuenta con colchones para la población correccional y está en proceso de confeccionar colchones adicionales a través del Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas. Del 11 al 30 de marzo de 2023, se autorizó la entrada de artículos de higiene y personales a todos los miembros de la población correccional. Es una instalación con acondicionador de aire central por lo que se permite uso de sábanas, frisas y sudaderas, dijo.
En cuanto a los protocolos del Covid, expresó que aunque el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud han modificado los protocolos, la agencia continúa observando el lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento en las instituciones correccionales. La Oficina de Epidemiología e Investigaciones del Departamento de Salud en su informe más reciente detalla que 17 confinados dieron positivo a COVID-19. Están ubicados en el Centro de Ingreso Diagnóstico Clasificación de Ponce y Anexo 216 de Sabana Hoyos en Arecibo.
“Sobre el asunto de la recreación, es importante decir que ésta se ofrece de acuerdo con las regulaciones aplicables. Todo miembro de la población correccional tiene la oportunidad de trabajar o estudiar como parte de su plan institucional. Los delitos no son factores excluyentes para trabajar. Excepción a esto, lo es su condición de salud o la necesidad de custodia protectiva especial. Para trabajar en el exterior de la institución debe cumplir con los requisitos establecidos para salir ‘fuera’ (sic) de las instituciones por el Departamento de Corrección y Rehabilitación”, expresó.
La institución presentó evidencia de que en todas las secciones hay confinados que tienen oportunidad de trabajar y certificó que todos están asignados por el Comité de Clasificación y Tratamiento. En relación con las sanciones disciplinarias, las violaciones al reglamento para los miembros de la población correccional pueden conllevar la aplicación de sanciones.
Expresó que los superintendentes de Instituciones Correccionales pueden aplicar sanciones temporales que le permita el control inmediato de cualquier evento que puede afectar el clima institucional, confinados y empleados. No obstante, observando el debido proceso de ley, esta medida tiene que pasar por una investigación y resolución de un oficial examinador. Este podrá archivar, cancelar, o emitir las sanciones a ser aplicadas y por cuánto tiempo.
Por último, la titular de la agencia rechazó las denuncias de que los oficiales utilizan “tasers” ya que no cuentan con esto en el inventario de armas. “Las armas de fuego no son utilizadas dentro de la institución, sin embargo, dentro del proceso de Uso y Manejo de la Fuerza en caso de ser necesario es el último paso", expresó.
(Este artículo lo suscribe la mayoría de los periodistas que pertenecen a la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico (ASPIPR), Francisco Orlandi, Pablo Lemuel, Jaime Torres Torres, Daniel Nina, Sandra Rodríguez Cotto, Radamés Torres y Zulma Rodríguez, entre otros.)