La ley habría tipificado como delito compartir información que el gobierno considera falsa sobre emergencias en Puerto Rico, incluida la pandemia de COVID-19 y los huracanes
https://sandrarodriguezcotto.substack.com/p/juez-federal-anula-ley-inconstitucional?sd=pf
En una importante victoria para la libertad de prensa y la libertad de expresión, la semana pasada el Tribunal Federal de Distrito de EE. UU. accedió a la solicitud de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de derogar una ley de Puerto Rico que convertía en delito dar a sabiendas una "falsa alarma" sobre emergencias públicas, sosteniendo que “[l]a función de vigilancia del habla nunca es más vital que durante una crisis a gran escala”.
El tribunal dictaminó que la ley violaba la Primera Enmienda porque su amplio alcance creaba un peligro de abuso partidista o aplicación selectiva, lo que permitía al gobierno suprimir o congelar el discurso que contradice su narrativa oficial. “[E]n lugar de criminalizar el discurso”, observó el tribunal, “la Asamblea Legislativa simplemente podría haber requerido que el Gobierno utilizara sus múltiples plataformas de comunicación para presentar una descripción completa y precisa de los hechos” relacionados con las emergencias en Puerto Rico.
“Esta es una victoria histórica para la libertad de prensa”, dijo Brian Hauss, abogado principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU. “Nos complace que el Tribunal haya reconocido que la transparencia, en lugar de la censura, es la clave para la seguridad pública en una sociedad libre y democrática”.
La ACLU y la ACLU de Puerto Rico argumentaron que la ley de Puerto Rico violaba la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos porque su terminología imprecisa y su amplio alcance le daban a la gente muy poca orientación sobre qué discurso puede constituir un delito, y el gobierno tenía demasiada discreción para decidir. a quien enjuiciar.
“Esta victoria envía un mensaje inequívoco de que, en Puerto Rico, donde la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión son casi inexistentes, la prensa no puede ser silenciada”, dijo William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU de Puerto Rico.
La ley amenazó con congelar la información sobre la crisis del COVID-19 y otras emergencias, porque los periodistas corrían el riesgo de ser procesados si el gobierno cuestionaba la precisión de sus informes. Aquellos que fueran acusados de violar esa ley podrían haber enfrentado hasta tres años de cárcel y una multa de hasta $5,000.
“La declaración de un ‘estado de emergencia’ nunca debe usarse para
promover la censura y la represión”, dijo Fermín Arraiza, director legal de
la ACLU de Puerto Rico. “Esta es una victoria importante para los
periodistas en Puerto Rico y en todo Estados Unidos”.
La ACLU y la ACLU de Puerto Rico presentaron la demanda en nombre de dos
periodistas, Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, quienes temían
que las leyes fueran utilizadas para castigarlos por sus reportajes sobre
emergencias públicas, especialmente reportajes que reflejan negativamente al
gobierno.
“Ningún periodista en Puerto Rico debe permitir la interferencia indebida del gobierno para restringir el derecho a la libertad de expresión que está consagrado tanto en la constitución federal como en la puertorriqueña, y mucho menos cuando se declara y está en vigor un estado de emergencia”, dijo Rafelli González Cotto, un demandante en el caso. “La información falsa solo se puede combatir con información verdadera, no con amenazas de encarcelamiento y grandes multas bajo la ley penal”.
Sandra Rodríguez Cotto señaló que ya se había enfrentado a intimidaciones por intentar informar la verdad cuando fue denunciada por el exjefe de gabinete del gobernador después de que cuestionó la veracidad del número oficial que daba el gobierno de muertos por el huracán María. Eventualmente se supo que el huracán cobró más de 3,000 vidas, en lugar de las 64 muertes reportadas inicialmente por el gobierno.
“Como periodistas, nuestro único deber es informar al público”, dijo Sandra Rodríguez Cotto, querellante en el caso. “Que este caso sirva como un recordatorio de que debemos estar siempre vigilantes para defender la libertad de prensa de cualquier intento de obstruir el acceso del público a la información”.