Alcalde, legisladores y aquellos empleados que son testigos de irregularidades guardan silencio para no auto incriminarse en varias pesquisas del NIE, FEI, UPAD, Justicia, Ética
En el Municipio de Caguas se ha impuesto una especie de “Ley del Silencio” para prohibir que se comente sobre las múltiples pesquisas que pesan sobre la administración del alcalde William Miranda Torres y el auto retirado presidente de la Asamblea Municipal, José Torres Torres. Este último es imputado de usar personal, equipo y fondos del municipio para sus negocios personales y para beneficio de terceros, lo que provocó, entre otras cosas, el allanamiento por agentes de la División de Integridad Pública de Justicia y del Negociado de Investigaciones Federales (NIE) el lunes.
Torres Torres voluntariamente dejó su puesto a un sustituto en medio de las pesquisas, según dijo el alcalde Miranda Torres. Ayer, el presidente interino de la Legislatura Municipal, Juan Aguayo, emitió declaraciones escritas en las que expuso que guardaría silencio.
Pero varios empleados de distintas dependencias de Caguas y de la Legislatura Municipal enviaron mensajes a este medio alegando que hay órdenes para que nadie hable. Alegan también que en el Municipio han traído a varios expertos en el manejo de crisis en la comunicación pública y que hay un virtual control mediático de la imagen del Municipio por los contactos que tienen en varios medios para lograr silenciar coberturas que se perciben como negativas.
Esto incluye la pauta de anuncios y programas en medios comerciales, y el manejo de redes sociales de parte de Luis Herrero, reconocido asesor del Partido Popular; la participación del respetado comunicador José Cruz en la rueda de prensa el lunes, la participación del veterano comunicador Julio Núñez como portavoz de la Asamblea Municipal (es hijo de la legisladora municipal Sylvia Rodríguez Aponte); y el rol del Lcdo. Stefano Saltalamacchia Quiles como secretario de la Asamblea Municipal. Saltamaccia Quiles es hijo de la comentarista radial Inés Quiles, y según varios asambleístas, envió mensaje por WhatsApp ordenando que no hablen con nadie.
MÁS DE UN REFERIDO
El lunes, en medio de periodistas que lo cuestionaban por el allanamiento, el alcalde Miranda Torres dijo que él fue quien hizo el referido del presidente de la legislatura Torres Torres. Esa información no es del todo correcta. De hecho, ni evidencia sometió. Sólo fue una carta de dos páginas que emitió el director de la Oficina de Auditoría Interna de Caguas, el CPA Carlos Espada Colón al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas.
La carta fue del 1ro de febrero y en Ética la recibieron y poncharon el 2 de febrero. La carta hacía referencia a una petición de información que izo el programa de televisión que conduce el Lcdo. Jay Fonseca. Dicho programa fue al aire el 8 de febrero.
La realidad fue que semanas y meses antes empleados de Caguas acudieron a múltiples foros a radicar querellas y hasta demandas judiciales para denunciar actos de corrupción y persecución por delatarlos. El Departamento de Justicia también recibió información de irregularidades en Caguas de al menos dos testigos que no son ni el alcalde Miranda Torres ni el presidente Torres Torres.
Uno de los testigos de Caguas acudió ante la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, donde lo refirieron a la Unidad Administrativa de Procedimientos Disciplinarios (UPAD), que inició una pesquisa. La UPAD, por ejemplo fue la entidad que a finales de marzo pasado destituyó al alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez por presuntas irregularidades administrativas y se le prohibió acceso a la Casa Alcaldía o a instalaciones municipales, así como intervenir por sí o por medio de terceros con documentos o toma de decisiones en el municipio.
Hace meses hubo al menos 39 empleados que hicieron denuncias públicas en este medio y algunos acudieron a otros foros a denunciar el supuesto patrón de acoso y represalias contra los que revelaran actos de corrupción. Más de 30 programas de radio y de web En Blanco y Negro, así como artículos, han sido publicados por este medio desde el 4 de septiembre de 2020.
Uno de éstos es el de Elena Flores Dávila, quien por casi 30 años labora en el Municipio de Caguas en la oficina de Cultura. Ella es esposa del legislador municipal Esteban Ramírez Del Valle, uno de los que cuestionó las irregularidades de Torres Torres.
En entrevista con En Blanco y Negro el 6 de septiembre, Flores Dávila, denunció un patrón de represalias cometidas por sus supervisoras Lydia Sánchez y Carmen Muñoz, junto con la empleada de Recursos Humanos, Ada Martínez.
Otro empleado que denunció represión es Jesús Castro, quien labora en el área de reforestación y denunció irregularidades. Le nombraron supervisores y Castro demandó a nivel federal.
La secretaria Natacha Rivera Navarro alegó que le impedían prosperar en el empleo por denunciar la corrupción. Dijo que primero la obligaron a estudiar un bachillerato para conseguir una reclasificación. La madre de niños de diversidad funcional fue a la universidad y se graduó, pero cuando pidió la reclasificación, no se la otorgaron. Rivera Navarro, en entrevista y llorando, dijo que se sentía defraudada porque hizo campaña por Miranda Torres, pero el propio alcalde ignoró sus reclamos. Ella renunció a finales del 2021.
Actualmente varios entrevistados aseguran que autoridades estatales y federales investigan unas transacciones con unos terrenos del Municipio que fueron vendidos por menos de la mitad de tasación para construir viviendas de interés social, pero después de la venta se construyen instalaciones de lujo. También se cuestiona la venta de propiedades para supuestamente utilizar en escuelas municipales, pero luego el mismo Municipio las traspasa a corporaciones que luego alquila.
