(NOTA: Esta noticia fue publicada originalmente en Ey Boricua el 5 de marzo de 2022 - https://eyboricua.com/noticias/puerto-rico/nuevo-reglamento-de-la-junta-de-planificacion-abriria-la-puerta-a-construccion-desmedida/
Un "free for all". El gobierno se apresta a abrir las compuertas para permitir todo tipo de construcción en todas la zonas del país sin necesidad de consultas y evaluaciones, alterando toda la planificación vigente, eliminando el rol de profesionales como ingenieros, agrimensores y arquitectos, y quitándoles poderes a municipios y comunidades.
Se trata del Reglamento Conjunto 2022, un voluminoso documento de 983 páginas que la Junta de Planificación (JP) ha mantenido celosamente guardado y sólo lo ha compartido con algunos constructores, desarrolladores y empresarios de Ley 60 (antes 20-22). En Blanco y Negro con Sandra obtuvo en exclusiva una copia que se discute a nivel interagencial, aunque la JP no lo ha querido hacer público todavía.
El Reglamento Conjunto 2022 para la Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (RC-2022) altera totalmente la forma en que se conceden permisos para el desarrollo uso de terrenos, así como para la operación de negocios en Puerto Rico. El escandaloso documento evidencia que vienen a alterar totalmente la zonificación en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. La extensa carpeta del RC-2022 consta de un documento de 983 páginas que incluyen 7,736 enmiendas o 4143 cambios.
Esto permitiría, por ejemplo, que el Valle de Lajas en vez de ser zona agrícola protegida se convierta en un área para poner fincas de placas solares. Permitiría construcción de urbanizaciones, centros comerciales y hoteles en todos los terrenos aledaños al bosque de El Yunque que no pertenecen al Gobierno Federal. También legalizaría las construcciones que se investigan ahora mismo en la reserva marina en Salinas.
El nuevo RC-2022 permitiría, por ejemplo, que en una urbanización cerrada de baja intensidad poblacional se construya un hotel o un edificio de alquileres a corto plazo como Airbnb, o una iglesia, sin tener que avisarles a los vecinos. La notificación se haría por edicto y sólo requeriría una Consulta de Ubicación. Lo que es peor, permite que se aprueben esos proyectos sin la necesidad de evaluaciones de contexto y análisis de impactos como ruido, densidad, tránsito y otros. Esto podría levantar objeciones de todos los sectores afectados.
En los casos que las urbanizaciones tengan un distrito dotacional para una escuela o una instalación cultural o cívica, la misma podrá ser sustituida por un hospital, un cementerio, un hotel, una industria y un abultado listado de otros usos sin que haya que notificar o analizar impactos en los residentes de la zona. En ese sentido, afectaría al 78% de la población de Puerto Rico que vive en urbanizaciones de baja densidad poblacional, según fuentes.
CAMBIOS PRINCIPALES
Este nuevo RC-2022 es el sustituto del RC-2020 que el Tribunal Supremo decretó nulo, y que la JP siguió apelando hasta enero de este año cuando el Supremo ratificó su nulidad. La diferencia mayor es que amplía los poderes del estado para controlar lo que deciden los municipios y comunidades a nivel local. Son tres los cambios principales que trae el RC-2022:
- Cambiar la calificación vigente de los municipios sin seguir el debido proceso establecido en las leyes de la Junta de Planificación, los códigos municipales, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, y de las leyes especiales que crearon muchos planes en Puerto Rico
- Cambiar de manera automática todos los distritos de calificación vigentes en Puerto Rico por unos nuevos.
- Alterar la planificación vigente sin llevar a cabo un proceso de planificación y participación requerido en ley.
El documento también provocará:
- La pérdida de autonomía municipal.
- Derogación de todos los Planes de Ordenación Municipales.
- Eliminación de las oficinas de permisos municipales.
- Transformación de todas las áreas urbanas y rurales por nuevos distritos genéricos, con una gran cantidad de usos y densidades que no son compatibles con su realidad, que producirán un disloque social, físico y económico.
- Conflictos en las áreas residenciales, por las autorizaciones de hospederías y alquileres de corto plazo, y las empresas emergentes.
OTROS CAMBIOS
El RC-2022 elimina el requisito de colegiación activa para la presentación de trámites ante las agencias. Esto es un asunto que debe alarmar a los colegios profesionales de profesiones reguladas como los arquitectos, arquitectos paisajistas, ingenieros y agrimensores.
Además, liberalizan el trámite de vista pública eliminando el requisito que el planificador, especialista, analista o técnico del caso participe en el proceso acompañando al oficial examinador.
A todas las consultas de ubicación, incluso las que perdieron vigencia, se les concede un término de vigencia de 24 meses para las privadas 48 meses para las públicas. Esto hará, por ejemplo, que las consultas de ubicación aprobadas en el año 1996 continúen vigentes a pesar de que los análisis ambientales y de infraestructura, la política pública y contexto social y económico tienen mínimamente 26 años de retraso.
Las recomendaciones que haga la JP, tendrán un plazo de vigencia de un año con la posibilidad de dos prórrogas por un año cada una. También exime de notificación directa a partes afectadas y colindantes en transacciones, enmiendas de calificación y proyectos suprarregionales. La notificación se realizará por edicto solamente.
En este nuevo documento corrigen el error presente en el reglamento del 2020 que hacía referencia a los reglamentos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), lo cual sólo incluye reglamentos internos, ya que la OGPe no dicta política pública y tampoco adopta reglamentos sólo los administra.
Todo proyecto que fue autorizado utilizando el mecanismo de consulta de ubicación, si fuera enmendado para reducir su intensidad, no requerirá que se presente una nueva solicitud o una enmienda a dicho trámite.
El Tomo VI del Reglamento Conjunto 2022 supone un cambio de las calificaciones existentes escondidas en la llamada consolidación, pero cuyo efecto e intención es alterar los usos permitidos en todo Puerto Rico. Esto no es legal y la Junta de Planificación no lo puede hacer sin un proceso de planificación que cumpla con lo dispuesto en la Ley 75-1975 Ley de Planificación.
Cambian las referencias de calificación a zonificación. Este es un cambio esencialmente semántico, pero que crea espacios a desfases con leyes y otros reglamentos que no son parte de este proceso, según se constató con entendidos en el documento.
El borrador introduce el complicado sistema de clasificaciones industriales de North American Industry Classification System (NAICS), lo que conlleva una capacitación y discusión particular que requiere tiempo de adaptación. Este complejo sistema se utiliza en aquellos lugares donde existe una base reglamentaria estable, cosa que no es el caso en Puerto Rico, donde hasta el momento, hemos tenido tres reglamentos nulos.