El dinero bien utilizado en el Departamento de Salud, puede salvar vidas. Sin embargo, vemos cómo en vez de estar enfocados en cumplir con la misión, se insiste en hacer fiesta con el dinero público, aún en medio de la pandemia.
Copias de contratos, documentos, listados oficiales de la Oficina del Contralor y entrevistas realizadas , confirman que en Salud se pagan con fondos federales sobre $4 millones en salarios inflados para más de 20 personas que trabajan menos tiempo del que cobran, algunos empleados no están cualificadas y otros no tienen la experiencia para los puestos. Esta evidencia corrobora lo que hemos venido reportando desde hace más de un año, pero que continúa y se ha incrementado.
Lo más preocupante es que se usan fondos estatales y federales. La evidencia a continuación levanta serias interrogantes que ponen en duda la eficacia de la fiscalización del gobierno federal, desde la perspectiva proactiva y preventiva, no esperar a que ocurra el despilfarro, para entonces investigar.
También preocupa porque hace dos días, la gobernadora Wanda Vázquez presentó un nuevo plan con la llegada de sobre $2,240 millones en fondos federales. De esos, el Departamento de Salud recibirá $300 millones adicionales para pruebas de Covid-19 y “contact tracing”($150 millones), el programa de distanciamiento social ($100 millones) y la asistencia a hospitales públicos ($50 millones). La pregunta es, ¿qué harán para evitar el despilfarro?
Seguimos preguntando el por qué el gobierno federal no se ha involucrado más en investigar este uso de fondos, y tal parece que se trata de una investigación compleja. No es necesariamente porque la información no esté disponible, sino porque es posible que algunas personas en sitios como el Center for Disease Control (CDC), estén involucrados y hayan aprobado transacciones que no estaban en la autorización de aprobar. El CDC es la entidad que supervisa algunos desembolsos de fondos federales.
Puede que uno de esos profesionales contratados con jugosos salarios se gane eso o más de lo que se gana aquí en el sector privado, o puede que el salario esté dentro del estándar de la industria. Sin embargo, Puerto Rico está quiebra, pero los contratos que otorgan en Salud no corresponden a esa realidad. Hasta ahora el gasto corroborado es excesivo. Veamos cómo se gasta el dinero en el departamento de Salud.
LOS CONTRATOS MÁS RECIENTES
1. Dr. Lorenzo González, secretario de salud
Aquí el gobierno tiene que explicar por qué aparentemente lo traen para ser el Secretario de Salud al salario del gobierno y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) le da un contrato de consultor con fecha del 26 de abril al 30 de junio por $63,000(contrato incluido). Esto es igual a la manera en que la administración Rosselló-Vázquesz contrató al exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera y a la acusada por fraude y otros delitos, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher
En sí, el contrato de González se supone sea a $21,000 por 3 meses, pero basado en la fecha que salió, el contrato será por 2 meses y 4 días adicionales. La pregunta es: ¿Le van a pagar $42,000 y lo que le corresponda a los 4 días prorrateados, o le van a pagar por los 3 meses en un contrato de 2 meses? Más simple, si lo dejan cobrando $63,000 por el término del contrato, estaría cobrando $1,000 al día durante este contrato más potencialmente el salario de secretario. Este es el equivalente a un salario de $252,000 al año ($21,000 x 12 meses), más el salario de secretario de Salud que debe de estar entre $115,000-$125,000 al año. En otras palabras, el Dr. González pudiera estar cobrando el equivalente de $367,000-$377,000 al año.
Es curioso que el contrato se refiere, pero nunca explica específicamente las funciones de consultor que el Dr. González hace. Sin embargo, él esta requerido a proveer un informe escrito al completar cada función. El contrato parece ser un “copy/paste” del contrato de Keleher ya que sigue el mismo vocabulario y en un momento se refiere al contratista (Dr. González) con el pronombre de “her” en vez de “him”. Por lo menos el de la secretaria Keleher, si proveía unas labores a completar. Todo lo demás pareciera seguir el mismo formato y hasta vocabulario.
Otra pregunta es cómo le está pagando el gobierno y qué documentación se ha firmado. En el mejor de los casos, no cobra del gobierno, sino a nivel federal, pero hay documentos que así lo expresan. Esos documentos no se han dado a la opinión pública.
Aquí no se cuestiona el valor económico del secretario ni su experiencia, porque González bien podría estar ganando más que esto, el asunto es por qué no le explican al país. Por qué el gobierno esconde o hace estos tipos de acuerdos con uso de fondos públicos de espaldas al público. No hay transparencia.
2. Dr. David Capó, Epidemiólogo del Estado
Su contrato no está disponible, pero sí el récord en la Oficina del Contralor (incluido). Al Dr. Capo se le contrató por 2 meses (1 abril- 31 mayo) por $32,000. En otras palabras, al Dr. Capo se le está pagando $16,000 al mes, que es el doble de lo que se le pagaba a su antecesora a la Dra. Carmen Deseda. A Deseda, con toda el bagaje de experiencia que tenía, cobraba la mitad del Sr. Capó.
El website de la oficina del Contralor no permite al momento de publicación que veamos qué cuenta paga el salario de Capó, así que no sabemos si el Departamento de Salud está usando fondos estatales o federales para ese salario. Tal parece que el Dr. Capó trabaja bajo la Oficina de Epidemiologia del estado. A finales de este mes estaremos todavía trabajando la pandemia sin saber si él es un empleado de Salud o un contratista.
Ahora bien, el Dr. Lorenzo González, llego, hizo promesas, pero no hemos visto resultados. Se supone que los contratos de los allegados, familiares y amigos de las chicas del clan que incluía los contratos de Manpower fueran revisados, pero siguen ahí. De hecho, fuentes reportan un esfuerzo para algunos de estas personas, en particular las que yo he mencionado, se mantengan fuera de la vista pública hasta “que baje la atención” como dijo uno de estos mencionados. Estamos validando los nombres de los que específicamente el Departamento está escondiendo en vez de hacer lo correcto, pero venimos con ellos pronto.
Pero en esencia, nada ha cambiado. Aquí hay una distribución de salarios y un esfuerzo de un grupo de personas a aumentarse los salarios y a acomodarse en posiciones para las que no están cualificados. Unos con fondos estatales y muchos con fondos federales. Aquí algunos ejemplos:
3. Pedro Robles Maldonado
Maldonado ya había sido denunciando tanto en este blog como en el podcasty el programa radial En Blanco y Negro con Sandra. Llegó a Salud de la mano de la ex “chief of staff” Mabel Cabeza desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Maldonado posee un bachillerato en finanzas con experiencia laborando en el First Bank, de donde fue despedido por una serie de irregularidades. Se le imputa haber mostrado datos privados de clientes del banco a empleada. Maldonado impugnó su despido y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo, donde perdió. De ahí país a la CEE. Fue la persona que tuvo a su cargo en el momento en que el periodista Jesús Rodríguez García dio a conocer una serie de suministros del huracán María, que aparecieron en el estacionamiento de la CEE. Esto provocó su movida a Salud.
El actual secretario González lo nombró como el nuevo Director de la Oficina de Discapacidad Intelectual; posición para la cual que no está cualificado y no ha ocupado debido al cierre de oficinas de gobierno.
4. Mercedes Echeverria
Su nombre también se ha mencionado en el programa de radio y en el podcast como la secretaria personal del ex titular de Salud, Dr. Rafael Rodriguez Mercado. Se suponía que, al no tener la confianza del incumbente, Dr. Lorenzo González, ella perdiera su puesto de confianza y se quedara fuera del gobierno ya que no tenía puesto de carrera. Lo cierto es que personas de la confianza del Dr. González la dejaron cobrando en su puesto de confianza por más de 45 días en lo que se le tramitaba una posición en la oficina de Discapacidad Intelectual.
Fue el mismo Dr. González que le firmó el nombramiento para que empezara a trabajar en esa oficina el 1ro de mayo. Sin embargo, durante la semana pasada y lo que va de esta, la Sra. Echeverria sigue por su cuenta metida en la oficina del Dr. González sin nadie atreverse decirle que no debe de estar allí. La pregunta es ¿por qué? ¿Eso es sana administración? Si ella fue designada para otras funciones, ¿no debería estar en este momento ejecutando las funciones para las cual fue designada? ¿Tanto poder tiene?, o ¿quién la protege?
Nuestra investigación también nos lleva a un grupo de personas que se aumentaron sus salarios y aquí es donde las cosas se complican porque todo esto se hizo bajo la supervisión directa y potencial aprobación del CDC.
En nuestra investigación, constatamos que el Departamento de Salud recibió alrededor de $40 millones del CDC para unos proyectos de salud pública en apoyo al mejoramiento de servicios y la capacidad del Departamento de Salud luego del paso del huracán María. Estos esfuerzos iban a cubrir proyectos de epidemiologia, laboratorios, salud ambiental, promoción de la salud, prevención de suicidios, y muchos más. El dinero llego a Puerto Rico por fondos directos para ser contratados localmente, otros que llegaron de manera “in-kind” (intercambio) con personal del CDC, y otros que fueron asignados a una organización en Estados Unidos para apoyo a Puerto Rico. Esta organización subcontrata al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología por cerca de casi $8 millones para el manejo de 100 posiciones apoyando a estos programas, tal y como adelantamos el pasado mes de marzo.
5. Carolina Luna-Pinto
De esas personas que el CDC tenía en Puerto Rico, se destaca el nombre de Carolina Luna-Pinto. La Sra. Luna-Pinto, entre sus responsabilidades, era la coordinadora del CDC a cargo de estos esfuerzos. En el departamento de Salud, se organizó una oficina dirigida por la Dra. Jessica Irizarry para facilitar la comunicación con el CDC.
Esta oficina de la Dra. Irizarry y la Sra. Luna-Pinto se dio a la tarea de coordinar y aprobar cambios a los proyectos, reclutamientos y salarios que se alega, beneficiaban a los designados chicas del clan de Mabel Cabeza. Es decir, aquellos empleados protegidos por Cabeza, por la ayudante del Secretario, Carmen Ana Torres; por la directora de recursos humanos Azalia Rivera; y por la directora de compras y servicios, Adil Rosa.
Aunque estos salarios habían sido pre-negociados y aprobados por el CDC al contratar empleados, Luna-Pinto y la Dra. Irizarry decidieron hacer cambios donde sus amigos cercanos se beneficiaban.
Una de las cosas más interesantes es que cuando se empieza a indagar acerca de lo que estaba pasando con estos fondos y, las irregularidades con estos salarios y reclutamientos, el CDC se llevó inesperadamente del país a la Sra. Luna-Pinto.
Fuentes entrevistadas indican que esto es algo bien irregular, ya que ella contaba con el apoyo del Dr. Rodríguez Mercado, estaba permanentemente asignada a Puerto Rico (primero en la División de Cuarentena del aeropuerto y desde el 2017 en el Departamento de Salud). Además, ella tenía hijos en la escuela (mucho antes de que empezara la pandemia) que serían afectados, pero la sacaron rápido del panorama en cuestión de tres días para callar cualquier cuestionamiento. La pregunta, ¿por qué?
6. Jessica Irizarry
Ya presentada en este blog, la Dra. Irizarry era una facilitadora para las “chicas del clan” de Cabeza. Adil Rosa también la presentó ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes como la persona que le ayudó a conseguirle una posición con fondos federales en el departamento de Salud a su amiga Mariel Rivera Rivera.
La Dra. Irizarry fue inicialmente contratada a trabajar en el área de prevención y promoción a la Salud del Departamento. A ella la escogen para ser la manejadora y coordinadora de los fondos suplementarios del CDC junto a Carolina Luna-Pinto. Su trabajo era el de facilitar la coordinación y comunicación entre el CDC y el Departamento de Salud. Inicialmente, su contrato a través del Fideicomiso era de $75,000 al año.
El 31 de mayo de 2019 se le da un contrato (incluido) por $84,700 hasta el 30 de junio del 2020. Este contrato es por 13 meses lo que representa un equivalente de $78,185 al año. En septiembre del 2019, el Departamento de Salud le autoriza $14,380 desde el 1 de octubre al 30 de junio del 2020. Al ser una enmienda al contrato se da a entender que se le está dando un ajuste de salario usando fondos federales. Pero ella, a su vez tuvo que ser la responsable de coordinar junto a la Sra. Luna Pinto por las transacciones favoreciendo a las chicas del clan como, por ejemplo:
7. Anais Laclaustra
Amiga de Mabel Cabeza, según ella misma testificó en las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara, Laclaustra también había sido denunciada en el podcast/programa de radio como una persona sin las cualificaciones ni credenciales necesarias para dirigir la Comisión de Suicidio del Departamento de Salud.
Su resumé no demuestra experiencia alguna en el área de salud o de trabajo social para dirigir un programa que evita el suicidio. Tampoco menciona la universidad donde estudió o de dónde se graduó, pero empezó en el departamento de Salud a $36,000 al año (contrato incluido).
De un año al otro, recibió un aumento a $57,600 al año (incluido) y como pareciera que no era suficiente, en agosto del 2019 le añadieron un diferencial con fondos federales de $11,000 al año. En otras palabras, una persona ocupa una posición a la cual no pudiera estar cualificada porque la posición requiere maestría, y sin experiencia en el área cobra $68,600 al año. ¿Su carta de presentación? Obviamente no su resume, pero si su amistad con Mabel Cabeza.
El contrato que le dieron para justificar los $11,000 de diferencial, procesado y coordinado por Jessica Irizarry y Carolina Luna-Pinto, incluye un sinnúmero de tareas no le correspondían, habían sido determinadas como innecesarias por la persona que solicitó el dinero de la propuesta, y estaban siendo hechas por la manejadora del programa.
Laclautra es la persona que recibió una carta de despido de parte de la Dra. Concepción Quiñones de Longo debido a problemas en la administración de fondos federales en la Comisión de Suicidio y a que perdieron o estuvieron a punto de perder millones de dólares. Cabeza intervino con el entonces secretario Rodríguez Mercado para que este cancelara la acción. En ese momento se habló de quitarle el diferencial, pero todavía ese contrato sigue vigente.
8. Roberto González
Este es otra persona conocida de muchos. En febrero pasado había denunciamos en este blog en el artículo “Cabildero que manda en Salud”, y el Centro de Periodismo Investigativo también lo ha identificado como cabildero, y amigo personal del exsecretario Dr. Rodríguez Mercado haciendo unas funciones que no eran medulares al Departamento.
Después de los terremotos que afectaron la zona sur y centro oeste de la isla a finales de 2019 y principios de 2020, el nombre de González se vinculó a una serie de polémicas. El periódico El Nuevo Día lo identificó como la persona que incomodaba al ex Secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, debido a sus visitas no autorizadas al COE después de los terremotos.
González tenía una relación con el Dr. Rodríguez Mercado de décadas, y se sabe que fungió como cabildero desde la época en que el doctor estaba en el Recinto de Ciencias Médicas. Para el 2018 lo llevó a Salud. El Dr. Rodriguez Mercado utilizó de los fondos federales para sustituir el contrato del Sr. González y lo convirtió en un contrato pago con los fondos suplementarios a razón de $10,000 al mes.
Como parte del equipo Mabel Cabeza y con la coordinación de Jessica Irizarry y Carolina Luna-Pinto, González recibe un aumento en septiembre 2019 a $14,000 al mes a través del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Todavía muchos en la agencia se preguntan qué funciones hacía este señor ya que no se conocen productos o resultados de ese dinero, aparte de acompañar al entonces secretario Rodríguez Mercado en reuniones.
9. Mariel Rivera Rivera
Adil Rosa admitió bajo juramento en las vistas de la Cámara de Representantes que fueron Jessica Irizarry y ella las que la trajeron a Mariel Rivera Rivera a Salud sin ella tener las cualificaciones. Sin embargo, sin la educación ni la experiencia ganó un salario de $33,600 por 8 meses. En otras palabras, le dieron un sueldo de $4,200 al mes.
Si Rivera Rivera trabajara 1 año a ese sueldo, estuviera cobrando alrededor de $50,400 al año para una posición que no estaba cualificada a tener y su única cualificación era su amistad con Adil Rosa. El gobierno federal no ha actuado en este caso.
La Sra. Rivera Rivera fue contratada a hacer unas funciones que eran necesarias. Al no estar cualificada, las funciones están sin hacerse o lo está haciendo otro empleado. A la Sra. Rivera Rivera se le transfiere para trabajar el fallido contrato del millón de pruebas Covid-19, y ahora el sr. Johnny Colon, el que reemplazó a Adil Rosa, la está protegiendo, y se rehúsa a devolverla a su trabajo original. Todo esto, sin la autorización del gobierno federal.
10. Eric Perlloni
Otro de los amigos y protegidos de Cabeza, que se vio obligado a dejar el departamento luego de que publicamos un audio dirigiendo palabras soeces y de alto contenido sexual a la prensa. Todavía sigo investigando esta transacción. El departamento de Salud le estaba pagando $103,000 al año. Sin embargo, hay declaraciones informando que estaba recibiendo un diferencial no autorizado ya que se le había negado anteriormente pero supuestamente Carolina Luna-Pinto y Jessica Irizarry coordinaron para que el recibiera este dinero.
Así como pasaba con Perlloni, hay más de 20 personas en el Departamento trabajando con contratos inflados donde el gobierno federal autorizo una cantidad de dinero para un salario por 2 años; pero debido a las limitaciones de la vigencia de las propuestas y la lentitud en los reclutamientos, muchas de estas personas van a proveer servicios por 16-18 meses en vez de 24 meses. Lo que el Departamento ha hecho con ciertos contratos es que en vez de usar ese dinero de salarios no devengados por esos meses y usarlos en servicios al pueblo, cogieron el dinero total para los 24 meses y se le dio a los empleados por el periodo de menos tiempo.
Por ejemplo, el salario de Mariel Rivera para su posición (si estuviera cualificada) debió haber sido alrededor de $33,000 por 12 meses. Sin embargo, se le dio un contrato de $33,600 por solo 8 meses. Ese pudiera ser el caso también de Roberto González que inicialmente se suponía que cobrara $120,000 al año por 2 años para un total de $240,000 por 2 años. No obstante, se le dio uno de $10,000/mes por los primeros 9 meses y $14,000 por los últimos 9 meses de los 18 meses de trabajo. O sea que en vez de cobrar $180,000 que le hubieran correspondido, estuviera cobrando cerca de $216,000 por esos 18 meses.
11. Ángel Ojeda
Ojeda es un Ingeniero Industrial que supuestamente fue referido por Mabel Cabeza para convertirse en el manejador de propuestas del Departamento de Salud. De acuerdo con lo estipulado por el CDC, para ese puesto se aprobó un salario de $40,000 al año por un término de 2 años. Es decir, $80,000 en total. Sin embargo, como se tardaron 6 meses en lo que se aprobaba el contrato, el 17 de enero 2019 el Sr. Ojeda recibió un contrato hasta el 30 de junio 2020 (17.5 meses) por $82,800.
Mas simple, en vez de trabajar a $3,333 por 24 meses, le aprobaron $4,731 al mes por 17.5 meses. La historia de este individuo es interesante porque desde el principio su falta de conocimientos y experiencia causó tantos problemas, que el 15 de agosto del 2019 se le canceló su contrato. Pero no sin antes el entonces secretario Rodríguez Mercado, interfiriera y tratara de proteger el individuo de ser despedido.
Todos estos contratos evidencian que, para algunos dentro del Departamento de Salud, sigue operando como si Puerto Rico no estuviera en quiebra, ni hubiéramos pasado emergencia como el huracán María, los terremotos y ahora la pandemia.
CONTRATOS:
Lorenzo González
Lorenzo González 1
David Capó
Anais
Anais 2
Anais 3
Ángel Ojeda Sánchez
Jessica Irizarry
Mariel Rivera Rivera