Siguen los líos en Salud. El expresidente del Tribunal Federal y actual asesor de la Gobernadora Wanda Vázquez, José A. Fusté, firmó ayer una demanda para tratar de detener los múltiples traqueteos con fondos y con las licencias que rigen el trabajo de sobre 4,000 farmacéuticos y 10,000 técnicos de farmacia en Puerto Rico. La demanda es contra la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS) y el secretario de Salud, Lorenzo González.
González no tuvo nada que ver con los traqueteos multimillonarios en la ORCPS con los fondos de los farmacéuticos y técnicos de farmacias, ya que apenas tiene dos semanas como secretario, pero se le incluyó en la demanda como “parte interesada a ser notificada” bajo la Regla 59.5 de Procedimiento Civil. El esquema data de la época del exsecretario Rafael Rodríguez Mercado, quien se alega en el documento, permitió los traqueteos.
La demanda es contra Norma Torres Delgado, es la directora ejecutiva de la ORCPS. Además, es asesora del actual secretario Lorenzo González. A Torres se le imputa interferir ilegalmente con la concesión, suspensión o revocación de licencias y certificados de los profesionales de farmacia, lo cual es ilegal; interferir con los exámenes de reválida; impedir a la Junta de Farmacia hacer su trabajo; usurpar poderes y ocultar documentos; y malos manejos de los fondos que farmacéuticos y técnicos de farmacia pagan en cuotas, sellos y multas. Ese dinero no es del gobierno sino privado. La inmensa mayoría de los técnicos de farmacia ganan el salario mínimo federal.
Las demandantes son tres miembros de la Junta de Farmacia que demandaron en su carácter personal, tras años de intentar ir por vías administrativas para que en Salud detuvieran la corrupción. Las demandantes son las farmacéuticas María Dueño Palmer y Dayna Quiñones Burgos, que son presidenta y vicepresidenta de la Junta, y Suzette Montalvo Ruiz, quien representa a los técnicos de farmacia.
Este nuevo escándalo que enreda aún más al Departamento de Salud, corrobora la investigación que inició este Blanco y Negro con Sandra durante el verano del 2019, y que reactivamos a principios del pasado mes de marzo, cuando publicamos dos artículos sobre la usurpación de poderes en la Junta de Farmacia y la evidencia de los líos de las licencias de profesionales de Salud.
Como parte de la investigación, trascendió que hubo un fraude de sobre $11 millones en los fondos que pagan los farmacéuticos y técnicos de farmacia, que data de la administración de Alejandro García Padilla y continuó bajo los gobierno de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. También se supo que Torres y dos abogadas manipularon licencias de profesionales de farmacia, sin serlo. Además, se reveló que miles de expedientes con información privada –[incluyendo números de seguro social, direcciones y otros]- que estaban tirados por el piso de la ORCPS.
La ORCPS está a cargo de reglamentar la educación continua de todas las entidades de la salud como los médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos, tecnólogos médicos, técnicos de laboratorios clínicos y otras 22 juntas reglamentadoras de profesionales de la salud.
El pasado 10 de marzo, cuando ya había sospechas de posibles contagios del coronavirus Covid-19 en Puerto Rico, el exjuez Fusté le envió un correo electrónico a Torres exigiendo información. La demanda que radicó ayer corrobora todas y cada una de las dudas planteadas en los correos electrónicos del exjuez Fusté.
En aquel momento Torres se comunicó con este medio y rechazó las imputaciones, pero rehusó dar declaraciones.
En la demanda también se imputa que Torres viola la Ley de Ética Gubernamental impide a la Junta hacer su trabajo, no mantiene documentos de forma confidencial y se niega a rendir cuentas. Alegan que Torres depositó los fondos de farmacéuticos y técnicos de farmacias en otras cuentas de crédito o débito de otras profesiones como la Junta Examinadora de Empleados de Salud y en el Tribunal Examinador de Médicos.
También se alega en la demanda que Torres tiene conflictos de interés porque además de manejar los fondos de las juntas, es la directora ejecutiva de la junta de licenciamiento y disciplina médica (antes conocido como el Tribunal Examinador de Médicos).
“Todo lo anteriormente aleado ha sido traído ante la consideración de la pasada administración del exgobernador Ricardo Rosselló. A su vez se ha traído a la consideración de la anterior administración del Dr. Rafael Rodríguez Mercado, exsecretario de Salud, habiendo de esa forma dado aviso”, dice la demanda.
Fusté es parte de un grupo al que también pertenece la exfiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, para asesorar a la gobernadora en el uso adecuado de los millones de fondos que se espera lleguen a la isla de los programas de vivienda. Creado por la Orden Ejecutiva (2020-16), ese consejo asesorará para evitar la corrupción en los programas de Community Development Block Grant (CDBG) y Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR).
En este caso Fusté es el abogado de defensa de una Junta que imputa actos de corrupción en Salud.
REFERENCIAS:
- 26 -Julio-2019 Vázquez ignora fraude en Farmacia https://enblancoynegromedia.blogspot.com/2019/07/vazquez-ignora-fraude-en-farmacia.html
- 10-marzo-2020 Usurpación en la Junta de Farmacia https://enblancoynegromedia.blogspot.com/2020/03/usurpacion-en-la-junta-de-farmacia.html