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| El expresidente del Tribunal Federal José A. Fusté; Nilsa Añeses Loperena de la Oficina del Contralor; la exjefa de la Fiscalía Federal Rosa Emilia Rodríguez y la Gobernadora Wanda Vázquez (Foto NotiCel) |
El secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado y su asesor legal Raúl Bandas del Pilar, entre otros, conocen desde hace tiempo las irregularidades que se le imputan a la directora ejecutiva de una de sus oficinas en que se otorgan las licencias a farmacéuticos y técnicos de farmacia para poder trabajar legalmente en Puerto Rico. No han actuado, pero el esquema está en la mira de al menos dos investigaciones por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General en el Departamento de Salud Federal.
En una serie de documentos, cartas y correos electrónicos se evidencia que el expresidente del Tribunal Federal, José A. Fusté, denunció el esquema de intromisión y control ilegal de documentos que mantiene la directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS), Norma Torres Delgado. Fusté advirtió que denunciaría ante la gobernadora Wanda Vázquez dichas irregularidades.
“Le concedo un plazo de 24 horas para retractarse” del “historial de abusos de su oficina”, sostuvo Fusté en un correo electrónico al que En Blanco y Negro con Sandra tuvo acceso.
“Se le pedirá a la Gobernadora que tome cartas en el asunto. El Departamento de Salud se afecta con posturas como la suya y usted será responsable de la mala imagen que del Departamento se ha de formar por sus actos”, agregó.
“Le pido que piense bien lo que va a hacer. No vamos a condonar u ocultar la realidad de lo que está sucediendo. Mediante copia al Secretario de Salud, a quien conozco y aprecio, le pido a él que tome cartas en este asunto inmediatamente”, agrega Fusté en el documento.
Fusté ahora mismo figura como asesor de la gobernadora, quien en febrero lo nombró junto a la exfiscal federal Rosa Emilia Rodríguez al Consejo Asesor para el Manejo de los Programas Federales Destinados a la Vivienda. Este comité buscará conseguir la asignación de fondos federales bajo los programas de Community Development Block grant (CDBG) y Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR) y se asegurará del manejo de adecuado y la sana administración de dichas asignaciones. El comité lo integran además el secretario de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet; el asesor de la gobernadora en Asuntos Municipales, Luis Roberto Rivera Cruz y como recurso externo la licenciada Nilsa Añeses Loperena, quien laboró durante 27 años para la Oficina del Contralor.
Ni Fusté ni Torres Delgado contestaron las peticiones de entrevista. Sin embargo, los documentos, fotografías, cartas, opiniones legales y copias de correos electrónicos corroboran el grave problema que persiste en la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud. Adscrita al Departamento de Salud, la ORCPS reglamenta la educación continua de todas las entidades de la salud como los médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos, tecnólogos médicos, técnicos de laboratorios clínicos y otras 22 juntas reglamentadoras de profesionales de la salud.
Ayer en este blog se reveló que Torres Delgado y las abogadas Olga Shepard y Luz Ríos son objeto de cuestionamientos federales por la aparente entrega y venta de licencias fraudulentas, violaciones a la Ley de Farmacia e imprecisión del Registro de Licencias de los farmacéuticos y técnicos de farmacia. La agente especial del FBI, Tamali Mercado, y otros dos agentes, ya comenzaron a hacer rondas de entrevistas con los implicados.
La investigación también se centra en un aparente esquema de corrupción, usurpación de poderes, incautación de récords y fondos privados, que afecta a los farmacéuticos y técnicos de farmacia en Puerto Rico, según se constató. Esta información trasciende y se corrobora precisamente esta cuando en Puerto Rico hay preocupación porque ya se decretó una pandemia global a causa del coronavirus Covid-19, situación que requiere un servicio crítico de los 4,000 farmacéuticos y 11,000 técnicos de farmacia en la isla.
Caso de 12 farmacéuticos
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| Expedientes con información privada de farmacéuticos y técnicos de farmacia en el piso en la ORCPS |
Los farmacéuticos y técnicos de farmacia son reglamentados por una junta creada por ley, cuyos miembros son designados por el gobernador de turno y confirmados por el Senado, aunque no devengan salario. La Junta de Farmacia es la entidad que determina por ley el otorgamiento de licencias y certificados de “good standing”, la celebración de vistas y otros asuntos.
Hace unos años, la Junta de Farmacia encontró que hubo un error clerical en las fechas que se imprimieron en las licencias de 12 farmacéuticos. Los profesionales no percataron hasta que después del huracán María, una farmacéutica que buscaba tener reciprocidad en el estado de la Florida. La Junta de Farmacia ordenó que se hiciera un informe explicando el error, pero Torres Delgado se negó a hacerlo, según los documentos. Torres Delgado confiscó los expedientes y amenazaba con quitarles las licencias de trabajo a los farmacéuticos, situación a la que no tiene derecho en ley. La ORCPS administra la educación continua, no determina quién tiene o no licencias en salud.
Se emitieron opiniones legales, incluso una por el propio Fusté, y el asesor legal de Salud, Banda, ordenó que se entregaran los expedientes de esos 12 farmacéuticos a la Junta. Torres Delgado se negó.
Luego se emitió una resolución y llegó a manos de Banda y del secretario Rodríguez Mercado. Fue entonces cuando Torres envió a una secretaria a entregarle a la Junta de Farmacia los informes que retuvo ilegalmente.
Otros profesionales
Este blog recibió información de que en otras profesiones de la salud Torres Delgado impone prácticas iguales, incluyendo en programas de prevención de suicidio y los terapistas ocupaciones, entre otros.
Ayer mismo, el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional envió un correo electrónico a todos los colegiados informando que la Junta Examinadora de Terapia Ocupacional fue declarada inoperante. Esto ha detenido todos los trabajos de licencias, renovación de estas, aprobación de cursos de educación continua e imposibilidad de tomar exámenes de reválida.
El correo electrónico, firmado por Mariangie Garay Tricoche, presidenta del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional, expone además que esa entidad desconoce por qué se declaró inoperante la Junta Examinadora. Pide además a los terapistas ocupaciones a que se comuniquen con ella.
