(Nota: Esta columna fue publicada originalmente en NotiCel el 2 de febrero de 2020, pero en este blog añadimos algunos documentos e imágenes que corroboran lo escrito. https://www.noticel.com/opiniones/blogs/en-blanco-y-negro-con-sandra/cabildero-que-manda-en-salud/1158658900)
Cuando todos entendíamos que la práctica donde los cabilderos asumen el control de las agencias públicas había terminado, vemos ahora cómo eso se entroniza en el Departamento de Salud, justo cuando se cumplen siete meses del arresto federal por esquemas similares del otrora contratista de esa agencia, Alberto Velázquez Piñol. Según se corrobora en documentos, fotografías y expresiones públicas recientes, ahora se trata del contratista y cabildero Roberto González Maldonado.
Y que conste, ser cabildero no es ilegal. Pero basado en las experiencias recientes, en Puerto Rico parece que esta función de las relaciones públicas y del derecho se ha convertido en sinónimo de dudas, señalamientos y corrupción.
Por lo general vienen como asesores, y terminan mandando como si fueran empleados o jefes. De eso fue lo que se le acusó a Velázquez Piñol cuando fue arrestado por fraude el año pasado junto a la exsecretaria de Educación Julia Keleher; la exdirectora de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Angie Ávila; el expresidente de la firma de contabilidad y consultoría BDO Puerto Rico, Fernando Sherrer; la contratista Glenda Ponce Mendoza y su hermana Mayra Ponce Mendoza. Todos enfrentan esquemas de fraude en Educación y en ASES.
Ahora se trata de González Maldonado, una persona que ha estado funcionando como la supuesta mano derecha del Secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, con y sin contratos. El 25 de septiembre del 2019 el secretario circuló un memo entre los empleados de Salud anunciando que González Maldonado fue designado “como enlace y coordinador de los CDC Public Health Crisis Response Cooperative Agreements” efectivo el 1ro de octubre.
El memo establecía que con su designación “el Sr. González Maldonado tiene la autoridad de convocar y coordinar reuniones con el personal y guiar el proceso de recuperación en salud pública”, además del “uso adecuado de los recursos humanos y fiscales”. En otras palabras, el secretario de salud lo puso como el que manda en su agencia.
González Maldonado es un coronel retirado quien a través de la empresa Academic Sciences of Puerto Rico (ASPR) desde el 2015 tenía interés en que se establecieran más controles en el negocio local del cannabis. Ahora aparece bajo la empresa Cornerstone & RAGonzalez & Associates. Pero su vínculo actual con el secretario de salud lo destapó el destituido exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat.
Vamos a los hechos. Hace como 10 días, en sendas entrevistas que concedió Gil Enseñat al programa de Telemundo Jay y sus Rayos X y al diario El Nuevo Día tras su destitución, dijo que estaba preocupado e incómodo por la presencia de este contratista en reuniones en representación del Secretario de Salud durante sus ausencias. Gil Enseñat dijo que se quejó con el designado Secretario de Estado, Elmer Román. Román no ha confirmado esta comunicación, pero en la cuenta oficial de La Fortaleza en Twitter, a las 9:00AM el martes 14 de enero de 2020, se incluye una foto que confirma la reunión con el texto: “Encabezados por el secretario de Estado, @Elmer_Roman_PR, jefes de agencias y representantes del gobierno federal y del @USGS discuten el plan de acción de hoy, así como progreso en la respuesta a la emergencia.” (https://t.co/IR3HPzKBL7)
González Maldonado no tiene contratos directos con Salud ya que su salario se le paga a la empresa RA González & Associates con fondos federales de la Asociación de Oficiales de Salud Estatal y Territorial (ASTHO por sus siglas en ingles), una organización que trabaja con los Centros para el Control y prevención de Enfermedades (CDC en inglés). El monto del contrato es de $120,000. Esos fondos para contratarlo se canalizan a través del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, pero es el departamento de salud el que escoge el personal y le asigna las funciones de día a día.
En palabras sencillas, el secretario escogió a su amigo militar, le pagan a través de su empresa, los fondos no salen de salud sino del Fideicomiso, pero él tiene poder como líder en Salud. Pregunto yo: ¿no es este mismo esquema el que se cuestionó a nivel federal en el caso de Velázquez Piñol?
Además de venir del mundo de la milicia, al parecer, el secretario y el cabildero tienen una relación desde los tiempos de Rodríguez Mercado en el Recinto de Ciencias Médicas. La oficina del Contralor demuestra que entre los años 2011 y 2014 el Recinto le otorgó a González Maldonado al menos 5 contratos y extensiones ascendientes a $173,000. Desde que entró el gobierno de Ricardo Rosselló, González Maldonado ha recibido contratos por $50,000 con el Recinto de Ciencias Médicas y $26,000 con Salud. Y cuando ocurrió el huracán María, González Maldonado tuvo el mismo acceso que tuvo el cabildero Velázquez Piñol con permiso del secretario de salud para estar dentro del COE.
Todo esto llama poderosamente la atención cuando hay tantos cuestionamientos por las funciones, acciones y omisiones del secretario por el uso de $1.6 millones fondos WIC y Medicaid para comprar ponchadores; el desvío de $35 a $40 millones del Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI); la designación en ASES del activista político y conocido troll en Twitter Jorge E. Galva; y lalentitud con la que atendió la amenaza del coronavirus diciendo: “La ventaja que tenemos nosotros es que aquí no se reciben vuelos internacionales de China”.
La pregunta es, ¿por qué el secretario Rodríguez Mercado tiene que contratar a tantos cabilderos para que funjan como jefes, como si fueran empleados públicos? Quizás es evidente que su función como cirujano, militar y profesor universitario tiene prioridad a la de ser secretario.