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| Miembros de la Junta de Control Fiscal (Foto WORA TV) |
La lucha se tiene que dar en Washington y nadie lo dice.
Hay que hablar claro.
Se tiene que comunicar la verdad al pueblo y ayer la Junta de Control Fiscal advirtió que lo viene no es bueno. Viene miseria, vienen despidos y viene mucho caos. Puerto Rico tiene que prepararse para un combate con el poder en Washington. La lucha verdadera se dará allá, no acá.
¿De qué vale llenar las redes sociales de memes y quejas si eso no produce cambios? ¿De qué vale hacer un piquete aquí si eso no tiene impacto en donde nos controlan que es en Washington? Para enfrentar lo que viene, no podemos permitir que los políticos sigan en la bobería.
No se puede permitir que el Gobernador Ricardo Rosselló siga en esas de pedirle ayuda Bad Bunny y otras bolas de humo que lanzan desde La Fortaleza para desviar la atención pública. Tampoco se le puede permitir blandenguería al dividido pseudo liderato del Partido Popular que están más pendientes a anunciar sus candidaturas que a dar alternativas para resolver la crisis que viene. En las mismas están en la Cámara y en el Senado con el silencio de los legisladores. Esto no se resuelve quejándose sin actuar, como hacen muchos portavoces del independentismo.
Tampoco se resuelve con tuits, y mucho menos si son errores crasos de comunicación como el de Rosselló ayer. En vez de criticar directamente el anuncio que hizo la Junta, Rosselló aceptó el mote de inepto que lanzó el presidente Donald Trump a él y hacia los demás políticos. “Inept politicians” dijo Trump y Rosselló respondió “I agree with you Mr. President”. Aunque sus portavoces y trolls digan que fue una tergiversación de la prensa o que no lo entendieron, no hay forma de que se pueda ocultar esa metida de pata del joven gobernante.
El mayor problema que tienen por igual Rosselló y el liderato de los demás sectores en el país es la falta de credibilidad y una seria dificultad para comunicarse. Esto se contrarrestaría si hablaran con la verdad. Si comunican con claridad lo que viene para que la gente se prepare, en vez de estar pensando en tácticas electoreras, podrían obtener el entendimiento y quizás el apoyo de la gente.
Lo primero que hay que admitir es que el plan fiscal certificado unánimemente por la Junta de Control Fiscal ayer nos sumirá a todos en la pobreza. Ese caos provocará más disloque social, mayor alza en la criminalidad y para colmo, permitirá la impunidad de los que siguen abusando de este pueblo.
En palabras sencillas, la Junta anunció que viene un cambio. Quieren imponer recortes en grande, despidos de empleados y prácticamente la aniquilación de la única institución que permitía a los pobres algún espacio de superación: la Universidad de Puerto Rico.
Que nos lo buscamos. Cierto. Se votó por décadas por los políticos que hicieron grandes obras endeudando a hijos y nietos. Pero lo que no dicen es que la Junta viola la propia ley que la creó.
El plan fiscal se basa en que Puerto Rico va a recibir cerca de $80 billones ($80,000 millones) en los fondos y ayudas federales para la reconstrucción después del huracán María. Según los cálculos de la Junta, de ese dinero quedará un sobrante que del 2019 al 2023 será de $17 billones ($17,000 millones). Con ese supuesto sobrante, la Junta quiere que se pague la deuda. Pero no dicen la verdad.
Para que se de ese sobrante de $17 billones, el gobierno de Rosselló tiene que acatar todo lo que dice la Junta que incluye: las reducciones en las pensiones, un recorte de $2,848 millones en gastos (que es igual que cerrar agencias, municipios y despedir empleados), y un aumento de los recaudos en $554 millones (que es igual a más impuestos). Si eso no se logra, la Junta no puede poner en vigor su plan. O sea, están pendientes de crear un superávit artificial para poder implementar su plan fiscal, aunque eso represente que están violando la propia ley que los creó.
La Ley PROMESA se basa en eliminar el déficit, ajustar la deuda y pagarles a los bonistas. Lo que se anunció ayer viola esas disposiciones de la ley porque la misma Junta admite que aún con el dinero de la reconstrucción, el gobierno tendrá un déficit. También admitió que no tienen un plan para reestructurar la deuda. Como Trump dijo ayer que no permitirá que ni un centavo de ayuda federal se use para la deuda, entonces, ¿qué realmente hizo la Junta? Nada que no sea augurar el empobrecimiento de la gente.
Si todo esto no fuera una ofensa suficiente grande, el plan fiscal de la Junta no tiene nada de desarrollo ni recuperación económica. Por el contrario, los miembros de la Junta salivan por vender las pocas propiedades del gobierno a precio de quemazón. Esto es un fraude y una componenda para empobrecer más al pueblo. Igualmente, es un engaño a los bonistas porque no tienen mecanismos reales para pagarles.
En otras palabras, es obvio que la Junta viola la ley que la creó. La pregunta es, ¿por qué nadie en la clase política lo dice con claridad? ¿Cuál es el miedo?
Ayer la administración Rosselló anunció que el gobierno retará el plan fiscal de la Junta ante el Tribunal del Primer Circuito en Boston. Según el gobierno, el plan fiscal se basa en proyecciones económicas irreales y rechazó las medidas de recortes que propone el documento. Sucio difícil porque la realidad es que no han sido exitosos en ese foro.
Me parece que el campo de batalla ya no son los tribunales, porque la Jueza Taylor Swain se alineó con la Junta. Llegó el momento en que los políticos de todos los sectores acudan al Congreso a cabildear para que se elimine la Junta porque no cumple con la ley PROMESA.
En vez de estar haciendo campaña por candidatos específicos, deberían ir a exigir que se cambie la Junta porque no ha hecho el trabajo según la ley que la creó.
El pelear en la radio o incitar a protestas aquí realmente no resolverá nada. Las decisiones se toman en Washington. Somos una colonia. Es hora de dejar de estar arrodillados cargándole las colas a los candidatos republicamos y demócratas, y exigirle acción. Se nos va la vida.