Desde la venta de obras de arte hasta el uso de activos en medio de una sindicatura son algunas de las irregularidades que reclama el banco de Julio Herrera Velutini, coacusado en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez.
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Banquero Julio Herrera Velutini
SUSBTACK
Son demasiadas irregularidades que socavan derechos de los accionistas en el proceso de sindicatura. Esto, en esencia, es lo que reclama el Bancrédito Holding Corporation, entidad que presidía el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, coacusado en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez.
Esta es el segundo reclamo público que hace el banco, quien hace dos semanas radicó una moción ante el Tribunal Federal para pedir que se destituya y sancione al mayor bufete de abogados de Puerto Rico, McConnel Valdes (MCV), alegando que cometió graves violaciones a la ética legal federal y a la protección de la relación abogado-cliente, lo cual genera serias dudas sobre su imparcialidad. Las supuestas violaciones éticas que cometió el bufete MCV desembocaron en que el regulador federal, la Red de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), le impuso a Bancrédito una multa por $15 millones en el 2023.
“Resulta incomprensible que un banco que ha
pagado a todos sus depositantes desde hace más de 9 meses y cuenta con fondos
suficientes para pagar una multa impuesta por FinCen continúe bajo
sindicatura”, comentó Luis A. Zapata, Principal Oficial Ejecutivo de Bancrédito
Holding Corporation.
El banco impugna esta multa, lo que fue aceptado por los antiguos consultores legales del banco, McConnell Valdés y Holland & Knight, quienes tiempo atrás habían indicado por escrito a la Directiva del Banco que sus procesos eran los adecuados y que no había errores significativos que incumplieran las normativas legales vigentes. Aceptar esta multa impuesta, se contradice con la información provista por estos consultores, lo que puede ser calificado como negligencia profesional– particularmente dado a que parece que el síndico ha tenido la cantidad total del dinero disponible en las cuentas asignadas para la sindicatura, desde hace más de 5 meses y no ha concluido la sindicatura.
“Dada la falta de transparencia de tanto el síndico como del regulador, no entendemos que está pasando”, enfatizó Zapata.
El proceso de liquidación voluntaria de Bancrédito, inició el 8 de agosto de 2022 en acuerdo con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Según Zapata, esto ha derivado en un prolongado proceso de sindicatura que ha socavado los derechos del accionista del banco. A pesar de que nunca estuvo en riesgo el pago del 100% de las deudas del banco a sus acreedores, la falta de transparencia y la gestión cuestionable de la sindicatura han generado serias preocupaciones.
Alegan que durante casi 17 meses, el accionista ha sido excluido del acceso a información clave del proceso de sindicatura que la OCIF ha estado respaldando.
“La falta de claridad sobre los costos del síndico, los gastos legales y otros desembolsos ha sido una constante. Activos como obras de arte han sido dispuestos para supuestos pagos de facturas, a pesar de la existencia de un superávit de caja. Esta información solo salió a la luz debido a preguntas directas, ya que no se había comunicado de otra forma. Las reiteradas solicitudes de inspección de los libros durante este periodo no han sido atendidas ni por el síndico ni por el regulador, a pesar del derecho legal del accionista a esta información”, añadió en un comunicado de prensa.
Bancrédito es el único banco en proceso de sindicatura en Puerto Rico que ha pagado al 100% de sus depositantes, y, aun así, la sindicatura continúa.
Al banco también le preocupa que los informes de auditoría de 2022 no han sido finalizados o compartidos, a pesar de repetidas solicitudes del accionista conforme a la ley. El síndico ha declarado que el regulador está al tanto de la situación, que cuenta con la autorización de OCIF y que los auditores esperan el fin de la sindicatura para evaluar el impacto.
“Es increíble creer que cualquier auditor profesional de una entidad financiera sin licencia y cuyo fin será la liquidación, reciba esta excusa. Carece de todo sentido que se presenten las cuentas auditadas de 2022 a mediados del 2024. A la fecha tampoco tenemos información que explique esto. Con todas las sindicaturas concentradas en una sola firma, esta situación plantea la necesidad de considerar otras firmas consultoras que puedan aportar soluciones más efectivas”, añadió.
Bancrédito también ha presentado un recurso urgente contra el síndico ante la OCIF, ordenándole demostrar causa por la cual la sindicatura aún está abierta, dado que la propia información del síndico demuestra que no hay necesidad de que la sindicatura continúe, ya que existen fondos suficientes en la cuenta para pagar las deudas y para que la liquidación sea completada.
Para Bancrédito es imperativo que el regulador tome una decisión pronta y finalice este proceso, permitiendo al accionista recuperar los activos restantes y acceder a la información que legalmente le corresponde. Cada día de retraso supone una pérdida injustificada del patrimonio del accionista, situación que se ha visto facilitada por la anuencia del regulador.
Bancrédito fue fundado por Julio Herrera Velutini, quien, según la acusación federal en su contra, conspiró junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced para doblegar a al OCIF y así poder liberarse de una pesquisa que tenía la entidad. El tercer coacusado en este caso es el exagente federal Mark Rossini. Se ha informado que ese otro juicio podría iniciar a fines de 2024 o comienzos de 2025.