Fiscales del Departamento de Justicia se han reunido con empleados y personal vinculado al esquema de expropiaciones y compraventas de los llamados estorbos públicos en Caguas
Es un hecho que la pesquisa por el esquema de
expropiaciones y compraventa de los llamados estorbos públicos en el municipio
de Caguas está adelantada. Varias fuentes vinculadas al proceso corroboraron
ayer que ya ha habido varias reuniones en Fiscalía y que el Municipio desistió
de un caso de expropiación para tratar de cubrir las faltas éticas incurridas
por la administración municipal.
Se investigan posibles violaciones éticas del director de la Oficina de Permisos del Municipio, Jaime Plaza Velázquez, quien, como revelamos a finales de octubre en este medio, hace usó las funciones de su cargo para declarar estorbo público, y con esa información privilegiada, poder comprar por sólo $22,000 una propiedad valorada en el mercado en más de $100,000.
La propiedad ubica en el Lote B, Carretera 796
Km .8 del sector El Edén en el barrio Río Cañas, en Caguas. El número de catastro
es el 1999-000-003-25-001. Debe al Centro de Recaudación e Ingresos Municipales
(CRIM) $71,393.49, pero iban a comprarla por sólo $22,000. Quien presentó la
intención de compra era la esposa de Plaza Velázquez, pero en otro documento
ubicaron el nombre de una comadre suya.
Los documentos revisados y las declaraciones de fuentes corroboran que esta información era conocida por la supervisora directa de Plaza Velázquez, quien es la asesora ejecutiva del alcalde, Lcda. Mónica Vega. También era conocido por el alcalde Miranda Torres, y por el investigador-auditor que él designó para que atendiera las expropiaciones cuando empezó la controversia, el Lcdo. Alex Manuel Rivera Longchamps.
Cuando la noticia trascendió, la alta gerencia
del Municipio desistió de la expropiación, diciendo que no habían emplazado a
los dueños registrales, lo cual es falso. Documentos en poder de este medio así
lo corrobora. Además, la empresa Francis & Guest ya había emplazado a los
dueños por edictos.
El acalde de Caguas, William Miranda Torres, envió a los abogados al Tribunal de Primera Instancia con una excusa legal que no procede en derecho, según las fuentes, porque el Municipio intenta esconder actos impropios de Plaza Velázquuez como director de permisos de la propia Administración Municipal. Miranda Torres nunca ha contestado peticiones de este medio para ofrecer su versión de los hechos. Esta noticia sobre la investigación de Justicia trasciende un día antes de que el alcalde anuncie la radicación de su candidatura a la reelección.
Francis & Guetis emplazó por edictos, aunque faltaba presentar la evidencia al tribunal, pero en eso vino la cancelación del contrato. Además quien uien compra, vende y se beneficia a precio de quemazón con las propiedades, son los empleados municipales, sus familiares, amigos del alma y allegados del alcalde. El alcalde Miranda Torres refirió a Universal Properties Realty Government Service pero no lo hizo con la otra firma Francis & Guiets Law, encargadas de administrar los negocios de compraventa de estorbos públicos.
En octubre
en este medio
dimos a conocer que el tema con el programa de estorbos públicos estaba
caliente porque los empleados de confianza del alcalde y sus familiares y
amigos se alega que usaron información privilegiada para adquirir propiedades.
Documentos en poder de En Blanco y Negro con Sandra y entrevistas realizadas a
varios empleados del Municipio de Caguas revelaron que el alcalde no investigó,
y protegió a los empleados involucrados en dichas transacciones.
En aquel momento, este medio supo que le dijeron a Plaza Velázquez: “Chico, esto pudiste haberlo hecho de otra manera”, refiriéndose a su intención para comprar la propiedad que él mismo iba a expropiar a través de los contratistas del municipio. Esto constituye una posible violación a la Ley de Ética Gubernamental porque los empleados municipales tuvieron acceso a información privilegiada y entraron en negociación para favorecer a familiares y amigos o para beneficio personal, y así poder ser los primeros en adquirir propiedades baratas. Es decir, aprovechando la influencia directa sobre los contratistas del municipio que controlaban el manejo de estas propiedades que son declaradas estorbos públicos, y sometidas a un proceso de descuentos que llevaban estas propiedades a no tener valor alguno más allá de los honorarios legales del proceso de expropiación forzosa.
El alcalde Miranda Torres no ha solicitado la renuncia al director de la Oficina de Permisos y a otros empleados involucrados, ni los ha referido al Departamento de Justicia o a la Oficina de Ética Gubernamental.
ESCÁNDALO CON LOS ESTORBOS PÚBLICOS
En Puerto Rico se ha generado
todo un mercado de propiedades abandonadas o en desuso ya sea porque las
familias han emigrado -[patrón que aumentó a partir del huracán María]-, o
porque los dueños han muerto como parte del rápido envejecimiento
poblacional que se experimenta aquí. Esto movió a muchos alcaldes a crear
mecanismos para disponer de esas propiedades.
En diciembre de 2022 en
este medio revelamos, por ejemplo, que el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz,
admitió poseer 11 propiedades en su municipio, algunas de las cuales compró
después de que fueron definidas como estorbos públicos por él y por su propia
administración. En abril de 2023 el
Panel del Fiscal Especial Independiente determinó que no había prueba para
proceder en su contra por la compra de esas propiedades.
El 30 de marzo de 2023, los legisladores del
Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, revelaron un escandaloso esquema de
fraude con los estorbos públicos en 22 municipios. Exigieron al Departamento de
Justicia que investigara el plan para expropiar y vender inmuebles que
involucra a los ayuntamientos, la empresa de bienes raíces Universal Properties
Realty Government Services LLC y un
bufete legal bufete Francis y Gueits . Los municipios son: Humacao, Cidra, Canóvanas,
Arroyo, Arecibo, Juncos, Patillas, Toa Alta, Guayanilla, Loíza, Santa Isabel,
Las Piedras, Aibonito, San Germán, Ponce, Dorado, Guayama, Luquillo, Río
Grande, Caguas, Guánica y Morovis.
El 17 de abril pasado, en su turno en el hemiciclo del Senado, Santiago denunció que desde junio del 2022 se había inscrito en el Registro de la Propiedad en Caguas un propiedad vendida por $94,000, pero el día antes de esa venta, el Municipio de Caguas pagó $2,000 a sus dueños por expropiarla. https://www.youtube.com/watch . La senadora pipiola exigió que se investigara el esquema.
Según reportó el Centro de Periodismo
Investigativo la semana pasada, el alcalde de Caguas
Miranda Torres firmó la Resolución 17 de la Legislatura Municipal de Caguas
que creó un fondo especial de $656,600 para la
reparación de agravios como mecanismo para atender “las reclamaciones
ciudadanas resultantes de los actos u omisiones de la corporación Universal
Properties Realty Government Services”. La medida establece que, al momento de
la cancelación del contrato, la empresa había suscrito 31 acuerdos de
adquisición con terceros adquirentes sin que se iniciara el trámite judicial.
Al menos 21 de estos compradores han notificado al municipio su intención de
desistir de la adquisición de la propiedad.
Cuando explotó la controversia y salió Caguas en la lista de los municipios referidos por las expropiaciones, el alcalde Miranda Torres rápidamente le canceló el contrato a la empresa Universal Properties, que tenía sobre 500 propiedades declaradas estorbos públicos. Pero, el municipio mantuvo el contrato con el bufete Francis & Gueits Law Offices, que tenía asignadas unas 260 propiedades.
El contrato de Caguas con Francis & Gueits fue firmado por la Licenciada Vega y el director Plaza Velázquez el 11 de mayo de 2021, y el de Universal Properties el 17 de mayo de 2021. Esto parece un dato insignificante, pero no lo es porque la propiedad que Plaza Velázquez quería comprar $22,000 estaba en la lista que maneja Francis & Gueits.
Esto explica entonces, por qué
cuando el CPI le preguntó al funcionario qué opinaba sobre ambas empresas, él
dijo que se sentía “complacido”, pero
luego de que le cancelaron el contrato a Universal Properties, no puedo
explicar qué pasó.
Entonces, cuando el alcalde
trae al “oficial investigador” Rivera Longchamps, lo primero que él hace es
expresar que los únicos responsables por el problema son el bufete Francis
Gueits y Universal Properties. No investigó internamente entre los empleados
del municipio.
Para añadir a la controversia,
Rivera Longchamps es el tesorero del Comité Local del Partido Popular
Democrático en Caguas, es contratista independiente del Municipio desde el año
2008, y en el último año se agenció de siete (7) contratos adicionales con el
Municipio.
El alcalde Miranda Torres
refirió a Justicia a Universal Properties y luego demandó a la empresa.
Entonces Universal Properties contrademandó al municipio de Caguas.
En cambio, el alcalde no
refirió a Justicia a Francis Gueits. Tampoco demandó al bufete. La pregunta es
si esto se debe al interés de su subalterno y director de permisos, Plaza
Velázquez, en adquirir una propiedad del municipio a precio de baratija.
PROBLEMAS ANTERIORES
Esta no es la primera ocasión
que se señalan irregularidades en el Municipio de Caguas y bajo la anuencia del
alcalde Miranda Torres, quien no dice la verdad a la prensa.
Por los pasados dos años y medio
hemos dado a conocer un patrón de maltrato institucional y represalias contra
los empleados que delatan actos de corrupción en el Municipio de Caguas. Desde
el 2021 venimos publicando artículos, programas de radio y vídeos con
entrevistas a empleados, presentación de documentos y otros, como parte de las
pesquisas relacionadas. Parte de lo que investigamos desencadenó acciones al
punto que agentes del Negociado de Investigaciones Especiales allanaron las
oficinas de la Legislatura Municipal de Caguas en el 2022 . Faltan otras
pesquisas y el resultado de varias demandas judiciales contra el alcalde y el
municipio. En todo el proceso el alcalde Miranda Torres se ha reusado a
contestar preguntas de este medio ni ha querido presentar su punto de vista sobre
las alegaciones en su contra o contra su gestión.