Sin discusión pública anoche se aprobó medida que usurpa poderes a médicos y permitirá a enfermeros practicantes recetar, beneficia a cadenas de farmacias
En la oscuridad de la noche, sin prensa presente
para fiscalizar y ante el cierre de la sesión legislativa, senadores del Partido
Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, cambiaron el estado de
derecho y la práctica de la medicina en Puerto Rico. Aprobaron una medida que
le usurpa poderes a los doctores, cuya carrera en medicina requiere al menos de
12 años de estudios, y les otorga a enfermeros practicantes el derecho de
recetar medicamentos.
El Proyecto del Senado 1390 de la autoría de los senadores Thomas Rivera Schatz, del PNP y del presidente senatorial José Luis Dalmau, del PPD, es parte de una serie de medidas que vienen gestándose desde agosto para beneficiar a las cadenas de farmacias Walgreens, CVS y otros que aportan económicamente a las campañas de los políticos, pero afectan el funcionamiento de la salud, tal y como hemos venido reportando hace meses en este medio.
La medida aprobada anoche enmienda varios artículos en la Ley de Farmacia de Puerto Rico (Ley 247-2004) para incluir la figura de “Nurse practitioner” o “Enfermero practicante” como prescribiente autorizado para expedir recetas. La excusa que argumentan es que hay pocos médicos en el país, aunque diversos sectores de la salud, como médicos, tecnólogos, Asociación de Laboratorios y otros, llevan meses advirtiendo que esta es una estrategia para ganarle nuevos negocios a cadenas privadas de farmacias y a las aseguradoras.
El proyecto del Senado 1390, es parte de una serie de medidas que desde agosto vienen cabildeando las cadenas de farmacia Walgreens y CVS, entre otros, para ir consiguiendo nuevos mercados para ampliar sus negocios. Las medidas relegan la figura del médico a un segundo plano y les otorgan poderes a practicantes, técnicos de farmacia y otros.
El lunes el gobernador Pedro Pierluisi firmó el proyecto del Senado 258, conocido como “Proyecto Walgreens” y que ahora se denomina Ley 123 del 2023, y que crea la nueva Ley de Farmacia. Esa ley permite a los “Nurse practitioners”. pero eliminó una parte que estuvo en discusión en agosto, y que permitía a las farmacias la facultad de ocupar el campo profesional de los laboratorios clínicos para realizar pruebas de laboratorio.
“Esto es una barbaridad que se hizo en la oscuridad de la noche para beneficiar a las cadenas de farmacias y a las aseguradoras porque esto a quien único beneficia es a quien vende medicamentos, no al paciente”, denunció anoche el Dr. Héctor Rivera González, presidente de la Fundación Pro-Derechos de la Salud.
“La experiencia ha sido que cuando se otorgan privilegios limitados bajo supervisión médica, termina por no cumplirse lo que está regulando y comienzan a hacer lo que se les antoja, creando graves problemas. He escuchado de múltiples problemas serios que han tenido en algunos lugares en EE.UU., donde han permitido que enfermeros receten. Detrás de todo esto están las grandes cadenas farmacéuticas, la industria farmacéutica y las aseguradoras, todo es por el interés de lucro... Ahora que abrieron ese espacio con los farmacéuticos vienen los de enfermería, todo dirigido a aumentar el lucro genocida de la Industria farmacéutica y de las grandes cadenas de farmacias ¿Dónde está el interés del pueblo?”, cuestionó el galeno.
En septiembre en la Revista Seguros y En Blanco y Negro con Sandra revelamos que los directivos de farmacias de la comunidad, laboratorios clínicos, asociaciones y otras entidades vinculadas a la salud unieron fuerzas para lograr que la Legislatura detuviera la aprobación de una ley que permitiría a farmacias de cadena ofrecer servicios de laboratorios.
Entre los que se unieron en dicho reclamo estaban El Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, la Cooperativa de Dueños de Laboratorios Clínicos (COOPLAB), la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico, Farmacias COOPHARMA y el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico se unieron en este reclamo.
En aquel momento, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Dr. Carlos Díaz Vélez instó en aquel momento a la Legislatura a no perjudicar a los tecnólogos ni a destruir los laboratorios nacionales con dicha medida que promovía la “política de todo se vale” en la salud.
Otra medida que estaba en discusión, el P. del S. 258, buscaba modificar la Ley de Farmacias de Puerto Rico para permitir que los farmacéuticos realicen pruebas de laboratorio de ceñimiento exentas a nivel federal. Aunque en los Estados Unidos muchas de estas pruebas se efectúan en farmacias, la tendencia ha estado cambiando debido a su ineficiencia y los costos adicionales que conlleva.
La Dra. Norma Devarie, presidenta de la Coalición Nueva Visión de Salud, expresó entonces que todas las partes involucradas solicitaron la eliminación de esa sección de la ley.
Mientras que el empresario de laboratorios, José Sánchez, explicó a este medio los riesgos para la salud que representaban estas medidas impulsadas por la legislatura, que beneficiarían principalmente a las farmacias en cadena.