Lcdo. Fermín Arraiza presenta caso ante ONU en su sede central en Ginebra; denuncia violaciones de derechos civiles y políticos que provoca el colonialismo explícito y continuo de Puerto Rico
La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó hoy el caso para la descolonización de Puerto Rico ante la sede central de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Este es el paso previo a la defensa del caso ante la sesión número 139 del Comité de Derechos Humanos de esa entidad, que se reunirá el martes 17 y miércoles 18 de octubre en esa ciudad europea.
La ponencia estuvo a cargo del reconocido abogado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU-Puerto Rico, quien por los pasados meses ha estado liderando esfuerzos, coordinando casos y presentando informes que demuestran cómo el colonialismo impacta todos los aspectos de la vida de la isla.
Esta visita es de suma importancia porque por primera vez en la historia los Estados Unidos de Norteamérica tendrán que responder ante el Comité de Descolonización de la ONU en su sede central, contestar preguntas y defender la información vertida incorrectamente en sus informes sobre el estatus de Puerto Rico. Ese comité supervisa el cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los componentes más importantes para la protección y promoción de los derechos humanos a nivel internacional.
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| Lcdo. Fermín Arraiza,director legal ACLU |
\“Puerto Rico no es un territorio sino un pueblo con derecho a la autodeterminación. Teniendo en cuenta la reciente decisiones judiciales como Sánchez Valle (2016), Aurelius (2020) Vaello (2021) y PROMESA (2016), que usurparon la autoridad gubernamental de Puerto Rico, la falta de autogobierno es más que evidente, y que Estados Unidos ha incumplido sus obligaciones internacionales sin haber presentado informes a la Asamblea General de las Naciones Unidas durante más de 70 años. Estas violaciones deben repararse planteando la cuestión ante la Asamblea General de conformidad con la resolución 1514 (XV) e iniciar un proceso de autodeterminación, incluyendo reparaciones, donde cualquier destino político y económico sea decidido por los nacionales puertorriqueños”, sostuvo Arraiza.
Arraiza fue invitado a deponer Suiza por Jamil Dakwar, director de Derechos
Humanos de la ACLU. Las primeras presentaciones de la ACLU-Puerto Rico ocurrieron
los días 26 de septiembre y 12 de octubre.
“Resta ahora hacer el cabildeo
en la sede central en Ginebra para que se incluya a Puerto Rico dentro de las
recomendaciones y conclusiones del Comité de Descolonización, después de
escuchar la ponencia de los Estados Unidos esta semana”, manifestó Arraiza en
comunicación con este medio.
El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos es uno de los componentes principales de la Carta
de Derechos Humanos compuesta por tres documentos: La Declaración Universal de
los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Unión Europea ratificó el
Pacto Internacional de Derechos Civiles en el 1992 y sometió su primer informe
de cumplimiento en el 1995. Hacía más de 10 años que no sometía informes, razón
por la cual esta sesión está revestida de una gran importancia, máxime en el
contexto geopolítico actual con conflictos entre Ucrania y Rusia, y Palestina e
Israel. Estos casos aumentan la importancia de lo que se discute en la presente
sesión del Comité de Derechos Humanos.
Hace unas semanas,
concretamente el pasado 13
de septiembre, En Blanco y Negro dimos a conocer el contenido de dos importantes
informes que fueron sometidos ante organismos internacionales plantean que el
caso de descolonización de Puerto Rico está maduro para ser evaluado por la
Corte Internacional de Derechos Humanos y la asamblea en pleno de la ONU. Los
dos informes fueron sometidos anoche a los organismos internacionales por la
Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU
por sus siglas en inglés) y por el Instituto Puertorriqueño de Relaciones
Internacionales (IPRI).
Uno de los informes es el que
sometió la ACLU y otras entidades como el Centro de Derechos Constitucionales y
Blue Ocean Law ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ese
informe se titula: “Hacia la descolonización y las reparaciones: Estados
Unidos, la libre determinación y la incompatibilidad del colonialismo y los
derechos humanos”. Se enfoca en los casos de Guam y Puerto Rico.
El segundo informe fue el que
sometió el IPRI ante la subcomisión de la ONU en Derechos Humanos, Cívicos y
Políticos, titulado “Informe sobre la Libre determinación”.
“Estados
Unidos puede ser llevado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos y la
asamblea en pleno de la ONU por mentir sobre el estatus colonial de Puerto
Rico”, manifestó el letrado.
TEXTO
DE LA PONENCIA DE LA ACLU
Puerto Rico tiene derecho a la
autodeterminación como pueblo, no como una minoría. En el 1953 Estados Unidos
logró sacar a Puerto Rico de la lista de colonias de la ONU y dejar de rendir
informes sobre el artículo 73 de la carta de conformidad con la resolución 748 (VIII).
Después de 70 años, es correcto que la Asamblea General revise el caso de
Puerto Rico. Todas las ramas de Estados Unidos han confirmado lo que el
embajador Menon de la India denunció entonces en el 1953: la comunidad
internacional estaba siendo testigo de la creación de nuevas formas de
colonialismo. También lo han dicho sentencias como Sánchez-Valle, Aurelius, Vaello
Madero, pero también en PROMESA.
Desde 1972 el Comité de
Descolonización viene reafirmando el derecho inalienable a la autodeterminación
del pueblo de Puerto Rico de conformidad con la Resolución 1514 (XV).
Bajo PROMESA se nombró una
junta de control que gobierna a pesar de que nunca fue electa por el pueblo de
Puerto Rico. Ha privado de sus derechos al pueblo y ha puesto en peligro la
reforma de la Policía de Puerto Rico.
Sin embargo, la deuda de
Puerto Rico fue provocada por el Congreso sin la supervisión de la ONU. Setenta
años sin informes a la Asamblea General no deben quedar desatendidos. Viola el
derecho internacional y el principio de no anexión.
Desde 1950, los plebiscitos en
Puerto Rico los deciden los ciudadanos estadounidenses, no los nacionales
puertorriqueños. Lo mismo ocurrió en Guam, Alaska y Hawaii, forzando la anexión.
El gobierno estadounidense en Puerto Rico se ha caracterizado por la represión
política, la discriminación, el asesinato, el desplazamiento, la dependencia
económica y la explotación militar.
Este Comité debe analizar el
impacto de la falta de informes de los Estados Unidos ante la Asamblea General
de la ONU. Tener colonias incluye responsabilidades: “El bienestar de esas
personas constituye un cometido sagrado de la civilización”. Esto ha sido
ignorado por Estados Unidos y debe corregirse con un proceso rápido de
autodeterminación, incluidas las reparaciones.