El banco del coacusado en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez demandó en el tribunal federal en Carolina del Norte contra el síndico que vela bancos internacionales en Puerto Rico
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| El exagente federal y asesor financiero Mark Rossini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el banquero Julio Herrera Velutini |
La saga de los coacusados en el caso contra la
exgobernadora Wanda Vázquez Garced continúa a nivel federal, esta vez en la
corte de Carolina del Norte. Hasta allí fue Bancrédito Holding Corporation y el jueves radicó una “queja verificada” contra
el síndico Driven Administration Services LLC alegando que dañó su reptación y puso en riesgo al banco y
a sus accionistas en las operaciones en Puerto Rico.
Este caso se relaciona directamente a la recusación que hizo el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, a finales de septiembre, cuando se salió de dirigir el juicio por corrupción que se ventila aquí contra la exgobernadora Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero y exagente federal, Mark Rossini.
El síndico en este caso es Ryan Marín. Resta por ver si su función es cumplir las órdenes de Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la División de Crímenes Financieros del Departamento Del Tesoro Federal (Financial Crimes Enforcement o FinCen por sus siglas en inglés), o si en efecto, se mantiene neutral o independiente en su deber fiduciario. Marín fue quien aceleró la recusación del juez Arias Marxuach al dar a conocer que el bufete McConnell Valdés estaba involucrado. Antes de ser juez Arias Marxuach había trabajado en ese bufete y por eso se inhibió del caso para no violar los cánones de ética judiciales.
Cabe recordar que un gran jurado federal emitió el 3 de agosto de 2022 un pliego acusatorio de siete cargos contra Vázquez Garced, Rossini y Herrera Velutini, por soborno relacionado a un programa federal, fraude electrónico y fraude de servicios honestos. Los tres acusados han hecho alegaciones de no culpabilidad y han solicitado la desestimación de los cargos, mientras que varias personas supuestamente implicadas en la alegada conspiración ya se han declarado culpables en acuerdos de cooperación con la Fiscalía federal.
La Fiscalía federal sostiene que Vázquez Garced removió a George Joyner como director de la OCIF por petición de Herrera Velutini para detener una intervención de la entidad con su banco. A cambio, el banquero proveería a la exgobernadora ayuda financiera para su campaña primarista por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en los comicios de 2020.
Pero ahora Bancrédito, entidad que presidía Herrera Velutini, acudió ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Este de Carolina del Norte para reclamar los conflictos que hay con el síndico, la firma Driven Administration Services LLC. En el documento no se explica por qué se radicó en Carolina del Norte y no en el Distrito de Puerto Rico.
DEMANDA RADICADA
Bancredito Holding Corporation interpuso una acción “para proteger y preservar el valor y la reputación del banco que ha sido significativamente dañado y puesto en peligro” por la falta en los deberes fiduciarios impulsados hacia el banco y su único accionista el demandante, Driven.
Alega que Driven asumió esa responsabilidad fiduciaria cuando aceptó su
nombramiento para administrar el banco y su patrimonio. Pero incumplió dichos
deberes repetidamente, sobre todo a través de su decisión de firmar una orden
de consentimiento público con FinCEN.
El banco alega en el documento que ese acuerdo con FinCen contiene una serie de errores que han causado y continúan causando daño al banco porque Driven no ha hecho “ni la mínima gestión” para cumplir con su deber y que bajo las circunstancias evidencia “un grado de imprudencia tan extremo que sólo puede considerarse como algo intencional”.
Bancrédito International Bank Trust Corp. fue designado síndico por el Comisionado de Instituciones Financieras en Puerto Rico y como tal, ocupa una posición análoga a la de la dirección y el consejo de administración del banco.
Alega Bancrédito que Driven se negó a comunicarse, que brindó información inexacta, se negó a darle acceso a la información crítica sobre la situación financiera del banco, excluyó a los demandantes de sus negociaciones con FinCen e hizo admisiones que no sólo son directamente adversas para el banco, sino que son incorrectos y no están respaldados por la evidencia. Como consecuencia de la acción de Driven, alega Bancrédito que el banco enfrenta daños que incluyen, entre otros, una multa civil de 15 millones impuesta por FinCen.
En la demanda exige al tribunal que 1) evite que Driven o cualquier otro actúe en su nombre violen aún más su deber fiduciario para con el banco; 2) le requiera a Driven que de acceso a los libros y registros incluidos en la demanda; 3) permita el acceso ilimitado a los libros y registros del banco en el futuro; 4) conceda daños monetarios por violación motivada del deber fiduciario y negligencia profesional en una cantidad mayor de $75,000; 5) que Driven pague por los costos incluyendo el de abogados; y 6) le otorgue a Bancréditro orden y repare el daño según lo considere el tribunal.
EL TRACTO DE LA INHIBICIÓN
El pasado 28 de septiembre hubo una audiencia a puerta cerrada que se celebró en el Tribunal Federal de Hato Rey para atender varias mociones radicadas en el verano, pero el contenido de estas nunca se reveló porque se han mantenido muchas restricciones de acceso desde el principio de este caso. Fue al final de esa vista cuando entonces el juez Arias Marxuach se recusó alegando querer evitar un conflicto de interés.
En la orden informó que durante la audiencia se enteró que Francisco Rebollo, quien es el representante legal de Bancrédito International Bank, había sometido varias mociones que fueron preparadas con la asistencia del bufete de abogados McConnell Valdés. Esa fue la firma en la que Arias Marxuach trabajó antes de ser juez federal, por lo tanto, se tuvo que activar la recusación inmediata de su presencia en el caso como establecen los códigos de conducta de jueces en el foro federal.
Fue entonces cuando el caso fue transferido a la sala de la jueza de distrito Silvia Carreño Coll.
Los abogados de la exgobernadora trataron de evitar a toda costa la recusación de Arias Marxuach. En una moción que radicaron entonces, el abogado Ignacio Fernández planteó que esto atrasaría aún más el caso.
“La conducta ofensiva no tiene ninguna relación con Vázquez Garced. Sin embargo, ella será la parte más afectada por la recusación del tribunal. Como exgobernadora, el daño que la acusación le ha causado a ella, a su familia y a su reputación debería ser evidente”, dijo Fernández en su moción.
“Durante el último año ha esperado pacientemente su día en los tribunales y su reivindicación. Una recusación en esta etapa solo prolongará su terrible experiencia sin que sea culpa suya”, añadió. Pero no tuvo éxito.
Carreño Coll denegó la petición de reconsideración porque las representaciones
legales de Vázquez Garced ni Herrera Velutini han presentado “bases legales”
que le permitan al tribunal “alterar la decisión del juez Arias Marxuach de
recusarse de este caso”.
TRACTO DE LAS RECUSACIONES
Pero esta no es la primera vez que un juez se recusa en este caso. Cuando todo comenzó en agosto de 2022, el caso recayó en la jueza Aida Delgado Colón, quien se recusó sin divulgar motivo. Luego fue asignado al juez federal 'senior', Francisco Besosa, quien se recusó apuntando a que en su orden divulgando todas las personas cuya involucración provocarían su recusación está incluido el licenciado Ignacio Fernández de Lahongrais, uno de los abogados de Vázquez Garced.
Ahí fue que el caso cayó en la sala del juez presidente del tribunal federal en la isla, Raúl Arias Marxuach, quien no notificó ninguna causa para recusación de entrada, y rápidamente determinó que se emitiría una orden de mordaza, como ha ocurrido en otros procesos criminales de alto perfil. Pero, tras conocerse del rol del bufete McConnell Valdés, Arias Marxuach se recusó y ahora el caso lo tiene Carreño Coll.