Es imperativo alejar los intereses comerciales y políticos de la salud pública y alinearse con las directrices federales
Es como el refrán que advierte sobre el peligro de poner todos los huevos en una misma canasta. Parece que la Asamblea Legislativa, apoyada por el Ejecutivo, está a punto de hacer exactamente eso con ASES. ¿No aprenden de los errores históricos y las consecuencias que siempre termina pagando el pueblo?
Esta semana, probablemente veremos a legisladores como Sol Higgins y al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, respaldando esta iniciativa. Es probable que el Secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, argumente que el regulador federal “CMS” prefiere que los fondos de salud se gestionen bajo Medicaid, como en los Estados Unidos. Sin embargo, no hay que olvidar el desorden anterior cuando ASES estaba bajo “Saraf”, ahora “SARAFS”.
Los periodistas veteranos recordamos el despilfarro y los errores administrativos de esos días. La falta de responsabilidad, o “accountability” en inglés, era evidente.
La falta de transparencia persiste. ¿Dónde están las respuestas a los cuestionamientos sobre el manejo de fondos bajo la dirección de Edna Marín en ASES?
Hay que mencionar que Marín firmó acuerdos con algunas aseguradoras, pero no con otras, lo que ha complicado la situación financiera de ASES. A día de hoy, muchos proveedores desconocen las tarifas oficiales por servicios bajo el Plan Vital.
Es preocupante también la falta de claridad sobre los “rebates” de medicamentos administrados por los PBMs. El monto exacto y su distribución sigue siendo un misterio.
La corrupción y mala gestión en el Plan Vital son evidentes. El sistema de salud ha sufrido a manos de malversación, nepotismo y traslado de fondos. Esta situación ha dejado a muchos sin acceso adecuado a atención médica y medicamentos.
En medio de todo, el gobernador Pedro Pierluisi afirma que ASES funciona adecuadamente, pese a las investigaciones federales en curso. Su posición es, cuanto menos, sorprendente.
La solución requiere voluntad y acción. Es imperativo alejar los intereses comerciales y políticos de la salud pública y alinearse con las directrices federales. Quizás, y sólo quizás, el gobierno ya reconoce que no puede implementar cambios y espera una intervención federal. Pero mientras se define, la salud de 1.6 millones de puertorriqueños pende de un hilo.
Por Sandra D. Rodríguez Cotto