Manifestantes que fueron arrestados en las protestas en La Parguera acudieron hoy a la Oficina del Monitor Federal de la Policía a denunciar engaño de agentes para sacarles declaraciones
Manifestantes que fueron arrestados en julio durante una protesta en contra de los crímenes ambientales en La Parguera denunciaron que fueron víctimas de un engaño por parte de miembros de la Policía de Puerto Rico, quienes fingieron ser agentes federales para tomarle declaraciones que los incriminaran. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio, pero hoy dos de los afectados fueron a querellarse ante la Oficina del Monitor Federal de la Policía, John Romero.
Las querellas fueron presentadas por Pedro Amengual Gutiérrez y Juan Edil Rodriguez González, quienes fueron entrevistados por varios agentes que fingieron ser federales de la Oficina del Monitor Federal, investigando casos de abuso cometido por la Policia de Puerto Rico. Resultaron ser agentes de la Policia y al menos uno fue identificado como Wesley Quintana Jiménez placa #35628. En la Oficina del Monitor Federal les recomendaron que radicaran querellas administrativas en la Policia, para poder iniciar la pesquisa.
“Cuando nos arrestaron y nos llevaron al cuartel en Lajas, al rato llegan estos dos policías bien vestidos, fornidos, fresquecitos que no estaban en la protesta y no parecían oficiales de la Policía de Puerto Rico. Nos dijeron que venían representando a la Oficina del Monitor Federal para investigar si habían ocurrido excesos o algún incidente de abuso policiaco. Tomaron declaraciones de todos nosotros”, contó Amengual Gutiérrez.
“A mi lo que me molestó fue que me decían “esos policías son unos abusadores”, refiriéndose a los guardias que nos arrestaron que eran los de (las unidades) de Operaciones Tácticas y de Arrestos Especiales. Entonces nosotros empezamos a contarles lo que pasó, cómo nos agredieron, y ellos a coger nota. Lo que hicieron fue engañarnos para usar nuestros testimonios como información suplementaria para fabricar sus casos”, agregó.
El representante del juez federal, Alex Del Carmen, dijo que no tendrían comentarios. Mientras que el portavoz de la Policía Axel Valencia, explicó el aspecto procesal cuando se radican querellas contra oficiales del Orden Público.
“Toda persona que entienda tener elementos suficientes y evidencia de ellos, tiene derecho a radicar uan querella administrativa en contra de un Policía. Una vez eso ocurre, la Policía no interviene ni emite comentarios, debido a que toda investigación que se lleve a cabo contra un agente del orden público se realiza de manera independiente por parte de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad profesional, cuyas labores son monitoreadas por el Tribunal Federal. En los casos donde exista una investigación administrativa, el reglamento prohíbe que se realicen expresiones hasta que concluya la misma, y su determinación sea final y firme”, manifestó Valencia en expresiones por escrito.
Los hechos remontan a la protesta que hubo en la caseta de José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la Comisionada Residente en Washington, Jennifer González. Cuando decenas de manifestantes rompieron una terraza que se había construido allí ilegalmente, intervinieron varias unidades de la Policía y se produjeron seis arrestos.
La mayoría de los arrestos se hicieron en horas del día, pero no fue sino hasta pasadas las nueve de la noche que la jueza municipal del Centro Judicial de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, encontró causa para seis manifestantes y les impuso una fianza combinada de sobre $490,000. Los abogados de defensa no pudieron argumentar porque la jueza recibió las querellas de la Policía en sala por declaraciones juradas.
Los arrestados incluían a Iona Fournier Gómez (fianza de $200,000), Imalay Arroyo Surita (fianza de $100,000), Amengual Vázquez (fianza de $100,000), Francheska Vélez Ramírez ($75,000 de fianza); Rodríguez González (fianza de $50,000), y Sheila Mejías Luciano, quien es esposa del ambientalista Eliezer Molina (fianza de $50,000). Todos tienen vista en el Tribunal de Primera Instancia el próximo viernes, 8 de septiembre.
“Ahora entiendo que la Policía tuvo dos semanas antes la versión de nosotros para fabricarnos bien los casos. Nosotros nunca habíamos sido arrestados y estamos en medio de un arresto, cuando los vimos y nos dijeron que eran federales de la Oficina del Monitor Federal, confiamos en ellos. Nos dijeron que nos iban a ayudar para el abuso policiaco que acabábamos de recibir, y era mentira”, se quejó Amengual Vázquez.