Vecinos del edificio en Rincón finalmente cumplieron con orden del Tribunal de Aguadilla; pagaron $10,000 por construir ilegalmente en zona marítimo terrestre
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Los vecinos del polémico complejo turístico residencial Sol y Playa en Rincón, finalmente, cumplieron con un juez. Hoy la nueva junta de directores de la Asociación de Residentes pagó una multa de $10,000 por incumplir con una orden que había emitido el juez Abid Quiñones para que demolieran el muro, los 70 pilotes enterrados y una verja que construyeron ilegalmente en la playa Los Almendros.
El juez Quiñones impuso esa multa el pasado 15 de junio cuando los residentes incumplieron la orden de demolición que databa de hace más de un año, el 14 de febrero de 2022.
Este caso de Sol y Playa, donde ha habido manifestaciones y arrestos de personas protegiendo el ambiente, y se estableció un campamento de protesta galvanizó las luchas más recientes por la protección de las playas en todo Puerto Rico. Inició en el 2021, cuando en este medio En Blanco y Negro con Sandra, publicamos denuncias hechas por el ambientalista Eliezer Molina, y todavía el caso no ha concluido. Luego de años de polémicas y arrestos de manifestantes, el gobierno tuvo que hacer su trabajo y paralizar la construcción ilegal.
Como parte del proceso, finalmente la Junta de Planificación había demandado al condominio para la revocación de los permisos que ellos habían obtenido ilegalmente. El tribunal falló a de la JP y el juez había ordenado que los permisos estaban revocados, que habían sido emitidos de forma ilegal y fraudulenta.
El tribunal de Aguadilla había ordenado la demolición de lo que se había construido allí ilegalmente. Hasta ese momento eran los 70 pilotes que se habían barrenado a 40 pies de profundidad para bombear cemento, levantar esos pilote para que aguantaran el ‘galonaje’ de la piscina que se quería construir allí, y también demoler la verja o el famoso muro de hormigón que se había comenzado a construir en la playa Los Almendros”, explicó el licenciado Gabriel Olivieri Miranda.
“Luego de varios trámites legales, ya que el caso fue al Tribunal Apelativo en varias ocasiones e incluso hasta el Tribunal Supremo, finalmente la sentencia del juez de aguadilla se convirtió en final y firme en noviembre del 2022. Estamos en agosto, y todavía la día de hoy en el 2023, un caso que comenzó en el 2021, el condominio no ha cumplido con la sentencia”, agregó Olivieri Miranda.
La demolición de esas construcciones ilegales también tiene que cumplir con la ley para no dañar aún más el hábitat de careyes en la zona, y el juez Quiñones le había ordenado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a la Oficina de Gerencia de Permisos que aceleraran el proceso de permisología. La lentitud de los procesos molestó al juez Quiñones, como dijo en sala. Fue en ese momento que impuso la multa de $10,000 contra los condómines.
Olivieri Miranda recordó que hay
una vista de seguimiento pautada para el lunes 14 de agosto, a las dos de la
tarde, en el tribunal de Aguadilla en la sala del juez Abid Quiñones.
Ese juez había advertido que “en o antes” del 14 de agosto tienen que demoler el muro, cuando habrá transcurrido un año y seis meses desde que se les dio la orden judicial de demolición.
Sin embargo, los residentes de
Sol y Playa todavía se niegan a cumplir con la orden judicial de demoler el
muro y le pidieron al tribunal que los instruya respecto a lo que se exponen si
continúan actuando en violación de la ley.
En una orden moción sometida al tribunal, los residentes de Sol y Playa también dicen que no tienen el dinero para cumplir con la orden de limpieza y demolición: "Ante la postura de los condómines que se rehúsan al cumplimiento con la orden y por ende al pago de la derrama solicitamos de este Ilustre Foro el auxilio de forma tal que los titulares conozcan las consecuencias legales y personales a las que se exponen debido a su falta de cumplimiento. El fundamento de este pedimento al Honorable Tribunal obedece a que a pesar de que la Junta le ha explicado todas las posibles consecuencias legales, éstos se reiteran en no pagar la derrama y no cumplir. Toda vez que la fecha del comienzo de las labores para la demolición ordenada por este Honorable Tribunal es para el 14 de agosto de 2023, solicitamos un término de treinta (30) días adicionales para con el auxilio del Ilustre Foro poder levantar los fondos y comenzar la demolición", indica la moción informativa de los demandados.”