Quieren buscar las fuentes confidenciales de la prensa mediante el uso de un software espía "en nombre de la seguridad nacional"
Por Carlitos Vázquez y Sandra
Rodríguez Cotto
La Unión Europea se apresta a aprobar nuevas leyes que permitirían a los gobiernos espiar a los periodistas en nombre de la seguridad nacional.
La legislación ampliaría los "vacíos legales" que permiten a los gobiernos instalar software espía en los teléfonos y computadoras de los periodistas, incluyendo a los periodistas británicos que trabajan en la UE, advirtieron los defensores de la libertad de prensa. Gran Bretaña no forma parte de la UE.
Francia, Alemania, Países Bajos, Grecia, República Checa y Grecia abogan por legalizar el espionaje a periodistas cuando existan razones de “seguridad nacional”.
El proyecto de ley, que ha sido acordado por los embajadores de Bruselas, extiende las exenciones de "seguridad nacional" más allá de las que cubren el terrorismo y las amenazas a la seguridad nacional.
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| Ursula Von der Leyer, presidenta de la Comisión Europea |
Permitiría a los gobiernos de la UE utilizar una amplia gama de delitos, desde el asesinato hasta el robo y la piratería musical, como justificación legal para utilizar software de "vigilancia intrusiva" en los periodistas.
Los defensores de la libertad de prensa advirtieron que los cambios de último minuto exigidos por Francia podrían "abrir la puerta a todo tipo de abusos".
Las 32 ofensas enumeradas en la orden de arresto de la UE, junto con cualquier delito que pueda resultar en una condena de prisión de más de cinco años, podrían ser utilizadas bajo la nueva ley. También permitiría a los gobiernos de la UE eximirse de espiar a los periodistas si es un "requerimiento primordial del interés público".
TRUENA LA PRENSA
Los activistas criticaron el proyecto de ley, advirtiendo que podría representar una amenaza para la libertad de prensa y tener un "efecto inhibidor" en los denunciantes.
"La
posibilidad de vigilar a los periodistas en nombre de la seguridad nacional es
una puerta abierta a todo tipo de abusos", dijo Julie Majerczak, directora
de Reporteros Sin Fronteras en Bruselas.
Renate Schroeder, directora de la Federación Europea de Periodistas, denunció los "vacíos legales peligrosos" y dijo que las exenciones representaban un "golpe a la libertad de los medios". "Pone a los periodistas en aún más riesgo y además crea un efecto inhibidor en los denunciantes y otras fuentes", dijo a medios británicos.
Los embajadores de la UE llevarán ahora el proyecto de ley al Parlamento Europeo con el objetivo de negociar el texto final.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, dio la bienvenida al acuerdo de los estados miembros del bloque y pidió que el proyecto de ley se convierta pronto en ley.
"Un gran paso hacia las primeras normas de la UE para proteger el pluralismo y la libertad de los medios. Todos deberíamos hacer más para proteger a los periodistas", dijo a EFE la funcionaria de la comisión Vera Jourova, quien propuso la ley el año pasado.
ESPIONAJE A PERIODISTAS
Los gobiernos siempre han intentado espiar a la prensa, y no sólo en regímenes totalitarios sino hasta en los que reclaman ser democracias. Estados Unidos, por ejemplo, bajo el gobierno de Barack Obama espió periodistas supuestamente por seguridad nacional y violentó la primera Enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de prensa.
Lo mismo hicieron bajo el gobierno de Donald Trump, pero fue bajo Obama cuando hubo más espionaje y persecusión a la prensa. Obama usó la Ley de Espionaje para encarcelar a un número récord de fuentes de reporteros, según reportó U.S. Press Freedom Tracker. Además, interceptó cientos de teléfonos de reporteros de Associated Press, CNN, The New York Times y otros medios.
Un análisis comparativo de presidentes anteriores hecho por el Instituto Cato reveló que el gobierno de Obama no sólo metió a más periodistas a la cárcel, sino que persiguió a sus fuentes, hostigó reporteros y editores, allanaron documentos e interceptaba los teléfonos.
Lo mismo sucedió en varios países del hemisferio. En el 2020 la Agencia Federal de Inteligencia Argentina denunció al expresidente Mauricio Macri espió al menos a 400 periodistas con motivo de las cumbres de la OMC y el G20 organizadas en el país sudamericano.
En julio del 2021, a raíz del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el diario The Washington Post reveló que se había usado el software israelí Pegasus para espiar al menos a 37 periodistas y activistas en todo el mundo.
El 25 de julio de 2021 revelamos ese espionaje a periodistas en una edición en vídeo de En Blanco y Negro con Sandra.
Ya para enero
de 2022 se confirmaba que ese software infectó los teléfonos de periodistas
en El Salvador. En marzo
de 2023 se anunció que el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos investigaban a la red social TikTok por espiar periodistas.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en mayo de 2023, la organización Amnistía Internacional denunció que en la República Dominicana estaban espiando con el software Pegasus a la reconocida periodista independiente dominicana Nuria Piera.
Su teléfono había sido infectado con Pegasus –que permite el acceso pleno y sin restricciones a un dispositivo— en tres ocasiones entre 2020 y 2021. Piera es una periodista de investigación cuyo trabajo se ha centrado en asuntos de corrupción e impunidad en República Dominicana a lo largo de una trayectoria profesional que inició hace decenios.
Tras este último descubrimiento, son ya al menos 18 los países en los que se ha confirmado mediante análisis forenses que se estaba atacando a periodistas con software espía, aunque es probable que la magnitud real de este abuso de la tecnología de vigilancia sea muy superior. República Dominicana es el tercer país de las Américas, después de México y El Salvador, donde Amnistía Internacional ha confirmado el uso de Pegasus tanto contra periodistas como contra defensores de los derechos humanos.
EN PUERTO RICO
La persecusión a la prensa en Puerto Rico en gran medida fue parte de la persecusión política que hubo desde principios del siglo 20, que se intensificó en la década del 30 con las carpetas.
Más de 50,000 puertorriqueños fueron catalogados como subversivos entonces, incluyendo periodistas. En el Archivo General de Puerto Rico, además de las 7,000 carpetas, hay miles de documentos de la División de Inteligencia de la Policía y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), que forman parte de este proceso aciago del que fueron víctimas miles de puertorriqueños a lo largo y ancho del País incluyendo periodistas.
Aunque no ha habido reportes confirmando o negando que los periodistas han sido espiados en Puerto Rico en años recientes, sí se sabe que Puerto Rico ha sido pieza clave en esfuerzos clandestinos de espionaje para varios países de Latinoamérica. Al menos eso fue lo que denunció el exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia, Edward J. Snowden en el año 2013. La información trascendió originalmente en el medio británico The Guardian, y luego publicada en las versiones cibernéticas de medios internacionales como O Globo en Brasil y El País en España.
A nivel local, el Centro de Periodismo Investigativo publicó en el 2013 que en efecto, Puerto Rico fue parte del esquema de espionaje denunciado por Snowden. Se reportó que Puerto Rico servía para coordinar con otras oficinas en Brasilia, Bogotá, Caracas, Ciudad de México y Ciudad de Panamá mediante un programa llamado Fornsat, con el que la NSA y la CIA interceptaron miles de millones de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos y de texto y comunicaciones por Internet privadas.
El periodista Glenn Greenwald, quien para el 2013 se mantenía reportando para The Guardian y fue quien primero informó sobre esos espionajes, ahora es periodista independiente desde esta plataforma de Substack.
Se sabe que el gobierno, las agencias de publicidad de los partidos políticos, de La Fortaleza y varias dependencias públicas, tienen sus listas de periodistas a los que les vigilan en las redes sociales o atacan mediante trolls.
Mucho de esto se confirmó luego del Verano del 2019, en el estudio titulado “Activismo Digital por Puerto Rico: #RickyRenuncia y #RickySeQueda durante el Verano del 19 y las Identidades Digitales” (“Engaging for Puerto Rico: #RickyRenuncia (and #RickySeQueda) during El Verano del 19 and digital identities”). Los autores son el profesor Danilo Pérez Rivera, de la Universidad de Puerto Rico; Christopher Torres Lugo de Indiana University en Bloomington, Indiana; y Alexis Santos Lozada, de Pennsylvania State University.
Y más recientemente, está la Ley 66 del 2020. Aunque no se trató de un caso de espionaje a la prensa, el gobierno sí intentó detener a los periodistas so color de “seguridad pública”. Esta ley permitía al gobernante encarcelar a cualquier periodista o persona que en medio de una declaración de emergencia, publicara información que al gobierno no le gustara o que ellos califican como falsa.
Por ejemplo, si un periodista publicaba que eran miles y no eran 64 muertes tras el huracán María, como decía el gobernador, podía ir preso. Lo mismo ocurría si un periodista cuestionaba las muertes oficiales por Covid. Esta ley fue impugnada hace tres años por la American Civil Liberties Union (ACLU) en representación de los periodistas Rafelli González y Sandra Rodríguez Cotto y el tribunal federal la declaró inconstitucional. Hace varias semanas el gobierno pidió una reconsideración, pero el juez federal Pedro Delgado declaró no ha lugar.