El caso sobre el condominio de Rincón terminó con una multa y la orden de que los residentes tienen que demoler el muro construido ilegalmente en o antes del próximo 14 de agosto; pero expresidente le mintió al juez
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| Juez Abid Quiñones Portalatín, del Tribunal de Aguadilla |
La vista judicial sobre la construcción ilegal que hicieron los residentes del condominio Sol y Playa en la playa Los Almendros en Rincón terminó hoy con la imposicion de una multa de $10,000 y la orden de que los condómines tienen que demoler el muro construido ilegalmente en o antes del próximo 14 de agosto. Terminó también con la posible radicación de cargos por perjurio contra el expresidente de la junta de residentes de Sol y Playa, Kenny Gutiérrez.
En múltiples instancias el juez administrador del Tribunal de Aguadilla, Abid Quiñones Portalatín, quien dirigió los trabajos, se mostró molesto por la lentitud y las acciones tanto de los residentes de Sol y Playa, como la pasividad de las agencias del gobierno tales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
“Tuvo 23 días para radicar ese informe y lo hace hoy, el mismo día de la vista. Yo no quiero pensar que son tácticas de dilación", sostuvo el juez Quiñones Portalatín.
La vista se transmitió en la página de Poder Judicial de Puerto Rico como resultado de una petición hecha por Observadores Prensa Comunitaria y el periodista independiente José Luis Lebrón. El Tribunal Supremo concedió el permiso de transmitir ante la petición radicada por el Lcdo. Gabriel Olivieri Miranda en representación del periodismo independiente.
El anterior presidente de la Junta de Residentes de Sol y Playa, y quien fue la persona que llevaba casos y querellas contra manifestantes, Kenny Gutiérrez, renunció al puesto y hubo que hacer una asamblea para elegir la nueva junta. Por ese motivo hoy en sala estuvieron presentes en representación de los titulares de Sol y Playa la exjueza superior María Isabel Negrón García, quien se presentó como la nueva presidenta de la Junta de Residentes del complejo. Junto a ella estuvo la licenciada Olga Longoria Vélez como tesorera de la Junta.
En una vista anterior Gutiérrez dijo bajo juramento que los residentes de Sol y Playa ya habían contratado a un grupo de ingenieros para hacer el proyecto de demolición del muro ilegal construido en la playa, tal y como había ordenado el tribunal.
Sin embargo, hoy en sala, la exjueza Negrón García y Longoria Vélez le dijeron al juez Quiñones Portalatín, le expresaron al juez Quiñones Portalatín que no encontraron ninguna evidencia de que se haya contratado a ningún ingeniero, que no tenían contratos ni encontraron nada.
Ahí el juez Quiñones Portalatín se molestó porque entendía que se le mintió al tribunal. Dijo que escucharía la grabación de la vista anterior porque si lo que dijo Gutiérrez bajo juramento es distinto, significa que le mintió al tribunal bajo juramento y por lo tanto, cometió el delito de perjurio. Indicó que lo referiría al Departamento de Justicia y a la Fiscalía de Aguadilla para que determinen acusaciones.
Puede decirse que el condominio Sol y Playa fue lo que inició una toma de conciencia más reciente sobre la destrucción del medioambiente y robo de las playas al pueblo. Todo comenzó a mediados de mayo de 2021 cuando el excandidato a la gobernación Eliezer Molina, denunció en un vídeo en las redes sociales la construcción ilegal de una piscina en la zona marítimo terrestre. El vídeo fue replicado por En Blanco y Negro con Sandra y otros medios, y se convirtió en noticia.
Al cabo de menos de dos semanas ya había manifestantes en la zona, impidiendo que camiones de cemento, piedra y materiales de construcción entraran en la zona. Los residentes planificaban extender la verja que divide al complejo de la playa, pero extendieron para crear un área de gazebo y piscina. Había que hacer una verja porque la original fue destruida por el huracán María en el 2017.
Las protestas paralizaron los trabajos y desde entonces se inició un proceso en el que el Estado la emprendió con manifestantes. Más de quinientos oficiales de la Policía eran desplegados para la zona y hubo agresiones y múltiples arrestos de manifestantes, aunque los casos siempre caían en la corte.
Esa playa de Los Almendros donde queda Sol y Playa es zona de anidaje de tortugas y tinglares que es una de las 10 especies más amenazadas en el mundo, muchas de las cuales caían en la construcción ilegal o no podían entrar por la misma. Esto fue parte de lo que los manifestantes denunciaban.
Las manifestaciones continuaron y se iniciaron varios pleitos que llegaron hasta el Supremo, y en todo el proceso se evidenció la lentitud del Departamento de Recursos Naturales, la Oficina de Gerencia de Permisos y otras agencias del gobierno.
La continua movilización de policías y los arrestos de manifestantes se pueden atribuir a las conexiones de varios residentes de Sol y Playa. Allí tenía una propiedad el primo y director del comité de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, Walter Pierluisi Isern. Este último se declaró culpable a nivel federal en un esquema de hurto y fraude por más de $3.7 millones en fondos federales del Departamento de la Vivienda federal para residenciales públicos, entre los años 2014 y 2022.
La defensa de los recursos naturales en el caso de Sol y Playa que hicieron decenas de ciudadanos propició el establecimiento de campamentos de protesta y manifestaciones similares en Aguadilla, Arecibo, Ocean Park, Dorado, Salinas y El Escambrón, entre otros.