Confinados denuncian que los obligan a tomar agua de los inodoros, uso indiscriminado de gas pimienta, “tasers” y castigos corporales en Ponce 1,000
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Prensa sin censura: https://prensasincensura.com/2023/04/02/denuncian-violaciones-a-derechos-civiles-en-carceles/
Por Asociación de Periodistas
Independientes de Puerto Rico (APIPR)
Los obligan a tomar agua de los inodoros; no les proveen medicamentos ni ropa, y cuando se quejan, aumentan los castigos corporales y el uso de gas pimienta.
Estas son algunas de las denuncias hechas por confinados ingresados en la Institución de Adultos Ponce 1,000, parte del Complejo Correccional de Las Cucharas, en Ponce.
“Aquí la mayoría de nuestras celdas no tienen agua potable en sus lavamanos, y nos encierran por períodos de tiempo largo. Estamos en tandas de 60 a 80 días sin salir de la celda y sin que nos den agua para poder tomarnos los medicamentos, para lavarnos las manos, para tomar o para enjuagarnos las manos y la boca. Tenemos que hacerlo en el retrete, o sea, en el inodoro, que es donde hacemos las necesidades. Esto es antihigiénico y tienen conocimiento ello”, informó uno de los confinados, cuyo nombre no se revela para proteger su identidad.
“Cuando uno se queja, la respuesta de ellos es: ¿para qué te la buscaste”, agregó.
Otros confinados y familiares han denunciado situaciones similares. Algunos familiares incluso han recurrido a hacer las denuncias en las redes sociales, compartiendo audios de los confinados haciendo las denuncias.
Los confinados temen por sus vidas porque alegan que ha habido aumentos en las agresiones de oficiales correccionales, y el uso indiscriminado de “tasers” y de gas pimienta (“pepper spray”).
“Implementan medidas de seguridad que son irrazonables, violando sus propias reglas para manejar situaciones dentro de la institución”, dijo el confinado, quien teme por su vida.
Las graves violaciones a los derechos civiles habían aumentado desde la pandemia, pero se ha visto un deterioro general a niveles peores desde principios de este año, cuando hasta la propia secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, tuvo que admitir que ha habido un aumento de muertes en las cárceles del país. No fue posible una reacción de Escobar Pabón al cierre de este artículo.
SIN DERECHOS HUMANOS
Alegan los confinados y sus familiares que cuando son ingresados, les dan “un colchón inservible, no se le dan sábanas, ni medias, ni suéter, ni otros artículos que se supone que les sustituyan”.
Cuando se quejan, entonces hacen registros rutinarios y sancionan injustamente, acusando a algunos reos de cometer contrabando, aunque sea falso, con el único fin de atemorizar al resto de la población correccional. Tampoco usan alcohol ni siguen protocolos anti-Covid.
“No nos permiten coger sol al menos media hora o una hora al día, como exigen los derechos humanos. Esto es salud. No es un capricho. La recreación activa se da una sola vez al mes”, agregó el confinado en uno de los audios en poder de este medio periodístico independiente.
También denunciaron que le otorgan trabajos a reos que no cualifican para ese tipo de bonificación, según el reglamento, tales como violadores y depravados sexuales.
Además, dijeron que cancelan las clases y estudios vocacionales de manera arbitraria y no proveen materiales como lápices o libretas para escribir. Como si eso fuera poco, denunciaron que las comisarías cobran el IVU, lo cual es una violación de ley y reglamento.
No es la primera vez que los reos denuncian condiciones infrahumanas en las cárceles. Después del paso de los huracanes Irma y María en el 2017, los terremotos del 2020 y el huracán Fiona en el 2022, reos en distintos complejos carcelarios denunciaron que la ausencia de agua y electricidad provocaba pestilencia por los excrementos y la orina acumulada, en algunos casos, hasta por semanas.
MUERTES RECIENTES
Entre enero y finales de febrero la secretaria Escobar Pabón tuvo que admitir que se habían registrado 13 muertes en las cárceles, lo que levantó preocupación sobre la inseguridad en los centros correccionales.
Reportaron entonces que la curva de muertes por causas “naturales”, que incluyen el padecimiento de enfermedades crónicas, o por causas “no naturales”, que incluyen asesinatos y sobredosis con substancias controladas, estaba en aumento vertiginoso desde el 2019.
Durante el año fiscal de 2019-2020, el DCR registró 59 muertes entre confinados, 13 de ellas identificadas como causas naturales y 30 por causas no naturales, mientras que 16 se mantenían en espera de la certificación del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) luego de que se les realizara la autopsia.
Para el año 2020-2021 la agencia registró 21 muertes naturales, 27 no naturales, y 32 que aún están pendientes por la autopsia forense para un total de 59 muertes de confinados. Mientras que para el 2021-2022, los números continuaron en ascenso con 23 muertes naturales, 16 no naturales y 55 pendientes por el proceso del ICF para un total de 94.
Cuando estos datos se hicieron públicos en febrero pasado, la secretaria Escobar Pabón admitió que el alza en muertes no era algo normal dentro del sistema correccional de Puerto Rico. Las muertes “no naturales”, explicó, no solo incluyen las muertes violentas en las cárceles sino aquellas por sobredosis de sustancias controladas como el fentanilo.
En enero pasado el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) concluyó 356 reportes de autopsia de confinados -119 de los cuales estaban en retraso-. Las 356 muertes fueron certificadas entre septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2022.
La mayoría de los decesos fueron por causas naturales, seguido por sobredosis de drogas, suicidios y homicidios.
Entre los confinados muertos por abuso de drogas se dijo al país que predomina el fentanilo. Este escenario confirma el grave problema de tráfico de drogas que persiste entre las instituciones carcelarias del país, según expresó entonces la secretaria Escobar.
El 2 de febrero se reportó de la muerte del confinado Andrew Colón Torres, de 58 años, en la Institución Máxima Seguridad del Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.
El 18 de febrero apareció muerto en el Complejo Correccional de Bayamón el confinado Joselito Ortiz Rodríguez, de 47 años.
El 25 de febrero encontraron el cuerpo sin vida del confinado Valentín Rivera Mercado, de 51 años, en la cárcel Las Cucharas en Ponce.
El 2 de marzo se reportó de la muerte en el complejo correccional Guerrero, en Aguadilla, del confinado Elí Saúl Cosme Cordero de 31 años y natural de Utuado. Fue encontrado inconsciente en el piso de la celda.
El 9 de marzo apareció muerto el confinado Jorge Iván Viruet Delgado, de 35 años, en el Centro Médico Correccional de Bayamón. Se alegó que la muerte fue por “causas desconocidas”.
HISTORIA DE HORROR
En septiembre del año 2016 el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico dictó sentencia final en el pleito Carlos Morales Feliciano v. Alejandro García Padilla, USDC Civil, mejor conocido como el Caso Morales Feliciano.
Se trata de un pleito de clase radicado en 1979, alegando que las condiciones de confinamiento provistas por el Estado constituían una violación de sus garantías constitucionales de los reos.
El entonces gobernador García Padilla firmó una Orden Ejecutiva en la que viabilizaba el fin del pleito. Se garantizó entonces que la población correccional en Puerto Rico contaba ya con servicios de salud, seguridad y recreación, en cumplimiento con los estándares constitucionales.
El caso Morales Feliciano condujo al establecimiento del Programa ABCD, la adopción de nuevas políticas y reglamentos en el DCR, y el compromiso de mejoras en las infraestructuras carcelarias. Los beneficios acordados incluyen la exención de matrícula en los cursos de educación continua en la Universidad de Puerto Rico (UPR) así como en los cursos de los institutos post secundarios del Departamento de Educación (DE) y del Departamento de Recreación y Deportes (DRD); materiales de construcción por parte del Departamento de la Vivienda; atención en los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Contagiosas del Departamento de Salud, descuento para certificaciones y cursos del Negociado del Cuerpo de Bomberos, entre otros.
Sin embargo, las agencias de gobierno comprometidas para compensar a quienes demandaron al Gobierno por las condiciones carcelarias en Puerto Rico se amparan en el desconocimiento y la falta de fondos para incumplir el acuerdo que cerró el pleito, según informó en el 2021.
(Este artículo lo suscribe la mayoría de los periodistas que pertenecen a la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico (APIPR) incluyendo a Pablo Lemuel, Jaime Torres Torres, Daniel Nina, Sandra Rodríguez Cotto, Radamés Torres, Francisco Orlandi y Zulma Rodríguez.)