Esposa de herido por guardia de seguridad con pistola 9 milímetros es la presidenta del campamento Carey, denuncia al Hospital Buen Samaritano le niega acceso; hay 7 heridos; reaccionan Rep. Mariana Nogales y Eliezer Molina y el alcalde Julio Roldán
Han pasado más de cinco horas desde que un guardia de seguridad en Aguadilla le pegó un tiro a su marido, pero desde que llegó al Hospital Buen Samaritano a eso de las 2:30 de la tarde, le niegan el acceso a verlo y saber cómo se encuentra. Laura Rosario Nazario quién es manifestante contra la construcción ilegal en el muelle de azúcar y preside el Campamento Carey, asegura que tanto oficiales del Cuerpo de Investigaciones Especiales de la Policía, como la guardia de seguridad del hospital le impiden conocer la salud de su esposo, Ángel Luis Torres Rosado.
Su marido resultó herido con una pistola de nueve milímetros cuando se suscitó una ráfaga de disparos durante las protestas por la construcción ilegal que afecta la zona protegida que incluye la cueva Las Golondrinas.
“Lo hirieron a la pierna izquierda cerca del tobillo entrada y salida por fuera”, dijo Nazario. “Se escucharon aproximadamente 15 detonaciones automáticas. Hay fotos de sombreros que estaban en las cabezas de personas, con rotos de bala, y tenemos conocimiento que el señor Carlos Román González se encontraba en el almacén en el momento de los hechos”.
El comandante de la Policía, José Arocho Vega confirmó que el disparo fue hecho con una 9 milímetros y que la persona fue "herida de bala en una pierna, con entrada y salida". La Policía informó que se encuentran investigando los hechos.
“Hubo seis personas arrestadas, de las cuales todas han sido citadas para el 9 de febrero, y hubo uno de los dos guardias se seguridad que sabemos que cometieron agresiones contra los manifestantes. Uno de ellos fue llevado por la policía a recibir atención médica, pero no sabemos si lo arrestaron y si está sujeto a responder. Se nos dijo que había investigación en el área. Hay una séptima persona que es el herido de bala en la pierna”, dijo la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. Se refería a Torres Rosado quien es el séptimo de los agredidos por la violencia de los guardias.
Los nombres de los manifestantes arrestados incluyen José Soto, Joanna Santiago, Dennisse Pilar, Melanie Villalobos y Yamize Elías, según se informó.
Estas agresiones se suscitaron en el contexto de varias manifestaciones que vienen llevándose a cabo en Aguadilla, donde el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), la Instituto de Cultura (ICP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) denegaron los permisos de construir varios proyectos en terrenos públicos en la zona marítimo terrestre que afectan el hábitat de varias especies como el pelícano de esa zona y la cueva Las Golondrinas. Allí el desarrollador Carlos Román González planifica construir el proyecto residencial The Cliff y unos tanques para almacenar combustible de avión.
Desde hace varias semanas se han establecido varios campamentos de protesta en la zona, pero el gobierno central no ha detenido las obras. El municipio de Aguadilla tampoco lo ha detenido, amparándose de que viene una vista judicial. Es conocido que el desarrollador Román González es contribuyente a varios políticos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, incluyendo el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán.
Molina dijo que tiene casquillos de los tiros que hicieron y que la guardia de seguridad que contrató el desarrollador no está preparada. Según se informó preliminarmente se trata de la compañía SJA Security Police Inc.
“El criminal Carlos Román deben rendir cuentas por lo que acaba de ocurrir porque no es la primera vez. La semana pasada hirieron con un tubo y con una navaja a una manifestante, y ahora esto escaló a tiros con una (pistola) 9 milímetros. Esto es algo muy peligroso”, dijo Molina.
“Pero que sepa el gobernador (Pedro) Pierluisi, que nosotros, el pueblo, estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para recuperar lo que se nos ha robado. El gobierno y las agencias tienen que actuar o esto va a continuar escalando”, advirtió.
LE NIEGAN ACCESO A SU ESPOSO
Mientras tanto, la esposa del herido de bala, denunció que tanto la Policía como el hospital le violan a ella y a su esposos sus derechos. Nazario, quien además de presidir el campamento de protesta es abogada de profesión, denuncia la injusticia que vive.
“Pude ver a mi pareja por un minuto porque no me permiten entrar a verlo. Dicen que yo que yo no puedo entrar ni grabar con el celular, lo cual yo no estoy haciendo. Mi esposo me dice que quiere que le tome la foto de la herida antes de que sea atendida para él tenerla, pero no me dejan. Dicen que viola la ley IPA, pero él mismo pide eso” dijo Nazario.
“Allí en el hospital todos los pacientes juegan con sus celulares, pero a mí no me permiten ni tan siquiera llevarle una toalla. Tuvo que ir otra persona porque ellos dicen que yo estoy alterada. ¿Cómo no voy a estar alterada si le acaban de tirar un tiro a mi pareja y quiero verlo?”, cuestionó.
Nazario denunció además que cuando en el hospital le hicieron la entrevista inicial, ésta indicó que su marido es alérgico al yodo. Luego un policía le dijo a una de las manifestantes, no a ella, que a su esposo le habían puesto un medicamento con yodo y que estaba hinchado. Alega que la enfermera le dijo que le habían puesto un suero para que bajara la inflamación.
“¿Cómo van a hacer eso si les dije que era alérgico? Hay una serie de irregularidades en el trato al paciente y no le dejan acceso para saber lo que le pasa.”, denunció Nazario y dijo que los médicos no pueden delegar en policías o en el guardia de seguridad el dar información a los familiares de una víctima estando ellos allí.
Nadie en el Hospital Buen Samaritano quiso responder a los llamados de este medio para incluir su versión, a pasar de las insistentes peticiones a través del teléfono del cuadro 787-658-0200. Cuando contestaban el teléfono y se decía para qué era la pregunta, colgaban o dejaban de responder.
La detonación que afectó a Torres Rosado ocurrió en el muelle de azúcar a eso de las 2:30 de la tarde cerca de los establos en el área que tiene una orden de demolición del DRNA.
NOGALES Y MOLINA REACCIONAN
“Nos parece insólito que estén aislando a una persona cuando es su esposa y no la dejan tomar ni siquiera una foto de la herida en el pie, cuando quién tiene un reclamo de privacidad bajo la ley IPA es la misma persona afectada que lo cede”, dijo Nogales Molinelli.
Expresó que mañana tiene una audiencia pública sobre la investigación en el Departamento de Justicia con el caso de la fiscal Betzaida Quiñones, por lo que estará en el Capitolio, pero que hay personas que se mantienen en Aguadilla en el campamento que ella ayudó a fundar, el Campamento Pelícano.
Por su parte Molina dijo que la situación se está saliendo de control en Aguadilla y que el gobierno lo permite.
“Todo el país ha visto que nos dispararon con armas de fuego. Nos tiraron gases lacrimógenos y nos atacan, pero me parece que el hecho de que las plataformas sociales de varios periodistas independientes y medios le han dado visibilidad a lo que está pasando”, sostuvo Molina.
Molina dijo que las manifestaciones van a continuar hasta que se vienen se devuelva los bienes de marítimo público al pueblo. Pero, a pesar de que las protestas en Aguadilla se activaron hace varias semanas, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, ha guardado silencio.
“El pueblo le ha enviado una orden de cese y desista a la secretaría de Recursos Naturales. Que cese y desista de decir que hace algo, porque no hace lo que dice. Que se mueva”, reclamó el ambientalista y excandidato a la gobernación Eliezer Molina. “El pueblo va a recuperar lo que ella no tiene la capacidad de hacer”.
REACCIONA ALCALDE DE AGUADILLA
El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, emitió unas escuetas declaraciones escritas en las que dice que el municipio radicó un interdicto para ordenar la demolición de la estructura construida sobre la cueva Las Golondrinas y que están a la espera de que el tribunal adjudique en una vista que será en febrero.
“La administración municipal de Aguadilla rechaza cualquier tipo de acto de violencia como los acontecidos hoy a raíz de una protesta convocada contra la empresa desarrolladora Aguadilla Pier Corp”, sostuvo el alcalde.
La representante Nogales Molinelli advirtió que van a seguir investigando y denunciando los hechos.
“Cada día me convenzo más que el obstáculo principal en este proceso de los permisos es el municipio de Aguadilla. Esa no era mi impresión inicial, pero ya no me quedan dudas. Sabemos que hay vínculos ahí entre el alcalde y el desarrollador. Vimos un operativo de más de 60 vehículos de la Policía. Más de 150 oficiales, para proteger a una persona. Están protegiendo a Carlos Román González que estaba adentro”, dijo Nogales Molinelli.
El dueño del terreno es un desarrollador que viola todos los reglamentos, y ha robado terrenos privados de varios residentes de la zona (algo que hemos corroborado esta semana con documentos y entrevistas), al igual que invade la zona marítimo terrestre. Es decir, es un criminal ambiental. El Departamento de Recursos Naturales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y otras agencias decretaron que lo que se construye allí es ilegal (proyecto The Cliff y otros) y ordenaron la paralización de éstos hace meses. Sin embargo, el desarrollador Carlos Román sigue construyendo.
