Expresidente de la Universidad Interamericana se vuelve a defender de demanda inciada por Junta de Síndicos con alegaciones "frívolas, malsanas y altamente difamatorias"
El destituido expresidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Manuel Fernós, volvió a defenderse hoy de la demanda que le radicaron ayer los miembros de la Junta de Síndicos en la que le exigen devolución de $1.4 millones de fondos federales para la pandemia.
En un comunicado de prensa, el también catedrático de derecho calificó la demanda de estar plagada de "alegaciones frívolas, malsanas y altamente difamatorias" que aducen a que la universidad realizó unos pagos sin haberse ofrecido los servicios relacionados de una empresa de expertos en la salud que se contrató para ayudar a robustecer las estrategias para proteger a la comunidad de la Inter de la pandemia del COVID.
"El COVID representó una verdadera amenaza para el mundo, pero en particular para las universidades que teníamos decenas de miles de estudiantes, profesores y personal administrativo que tenían que regresar a estudiar al mismo tiempo que convivían y compartían en sus hogares y en la comunidad, con potencial riesgo de contagio. Era imperativo robustecer nuestros protocolos internos para asegurar la salud de todos y que de surgir algún un brote pudiéramos actuar con certeza y rapidez" explicó.
"El equipo que contratamos estaba integrado por algunos de los mejores epidemiólogos que existen en Puerto Rico", añadió. Dicho equipo de expertos contaba con el consejo y respaldo de la excirujano general de los Estados Unidos, Dra. Antonia Coello , la actual Epidemióloga de Puerto Rico, Melisa Marzán y el equipo de bioestadísticas de la Universidad de Harvard. "No tengo dudas que ese equipo reforzó y mejoró los planes de la Universidad para prevenir y combatir el COVID-19", añadió Fernós.
En la demanda en su contra se describe detalladamente cómo el contrato, que fue por $1.5 millones y se enmendó en más de 12 ocasiones, alegadamente era ilícito, estaba “plagado de irregularidades”, y se hizo sin autorización y violando los estatutos internos de la propia universidad.
La demanda es por incumplimiento y resolución de contrato, además de daños y perjuicios ocasionados contra la UIPR por la empresa MAP Strategies LLC (MAPS) y Fernós, cuando era presidente, y a su entonces mano derecha, Dominique A. Gilormini de Gracia, quien era director ejecutivo de la presidencia. Reclama la universidad que la empresa y Fernós devuelvan $1.4 millones, más intereses.
La empresa MAP fue creada por el hermano de la epidemiloga Marzán, Miguel Marzán, quien no es epidemiólogo.
“El Lcdo. Fernós y Lcdo. Gilormini, abusaron de su discreción, fueron crasamente negligentes, incompetentes y actuaron contrario a los intereses de la UIPR. Debido a su negligencia en el cumplimiento de sus deberes, la UIPR desembolsó la cantidad de $1.4 millones de fondos federales para pagar a MAPS por servicios que no fueron prestados”, establece la demanda.
Fernós reiteró que eso contenido en la demanda es falso y se defenderá.
"Alegar que se les pagó por trabajo no realizado es una gran falsedad y una lamentable difamación. Decir en esa demanda que no se le informó a la Junta de Síndicos es otra falsedad. Acusar de que dividir el contrato por recintos era para evitar pasar por la aprobación de Junta es una muestra del total desconocimiento de las reglas que existieron para la utilización de esos fondos federales, que eran asignados a los recintos individualmente por lo que cada uno era responsable de pagar la parte proporcional que le correspondiera", sostuvo.
Fernós también anticipa que recibirá otras demandas.
"En esta demanda anuncian que esta es la primera de muchas otras que radicarán. Nuevamente se evidencia su afán de destruir el legado de eficiencia y pulcritud gerencial y financiera que marcaron los 23 años de mi presidencia. Esto deja aún más al descubierto el patrón de atropellos, acoso y persecución del cual he sido víctima desde que hice unos señalamientos sobre el presidente de la Junta de Síndicos, el señor José Muñoz", sentenció Fernós.
La demanda establece que ni Fernós ni Gilormini le notificaron a la Junta de Síndicos ni al Comité Ejecutivo sobre la contratación con MAPS, ni dieron explicaciones previas sobre el contrato plagado de irregularidades.
Las normas internas de la Interamericana ordenan que el presidente de la institución sólo puede otorgar contratos de servicios profesionales hasta $600,000, pero Fernós firmó ese contrato por $1.4 millones “que después fraccionó para no tener que presentarlo para que fuese autorizado por la Junta de Síndicos”.
También alegan que violaron las normas al no tener ejecutivos designados para los contratos fraccionados. O sea, se les pagó sin tener a alguien que certificara el trabajo realizado. Además, dice que “el esquema de pagos fijos es incompatible con el desglose de honorarios que se incluían el contrato” y que cobraron por servicios que ya la universidad había hecho anteriormente porque tienen amplio conocimiento y experiencia en ese tipo de protocolos.
Tras más de 23 años en el puesto, Fernós fue destituido fulminantemente de la presidencia de la Interamericana en mayo de 2022 luego de los resultados de una auditoría interna. El ex presidente alegó que se hizo por conflictos que tuvo con la Junta de Síndicos porque él se prestaba para denunciar unas posibles irregularidades en contrataciones realizadas por el presidente de la Junta de Síndicos de la Inter, José R. Muñoz Ávila.