Grupo Prisa de Federico Stubbe sigue construyendo a pesar de oposición de comunidad; vista en tribunal fue pospuesta hasta nuevo aviso; grupos se preparan
Mientras grupos comunitarios de Luquillo se cuestionan la lentitud para atender sus reclamos, una vista que había pautada ante el Tribunal de Fajardo esta mañana se pospuso hasta nuevo aviso y en el ínterin, la construcción de un hotel sobre un humedal sigue a toda prisa. Lo construye precisamente el Grupo Prisa, que pertenece al desarrollador Federico Stubbe.
Se trata del hotel Farifield Inn & Suites, de la cadena Marriott, con 104 habitaciones y cuya fecha de apertura se planifica para marzo del 2023. Desde el año pasado las comunidades han realizado protestas. Se oponen porque lo están construyendo sobre varios humedales, en una zona donde hay especies en peligro de extinción y había una zona protegida con yacimientos arqueológicos y piezas de la cultura pre-taína igneri, que fueron destruidas.
Los estudios que se han sometido para justificar la acelerada construcción del hotel están plagados de errores y uno de éstos fue hecho para Prisa, el exsecretario de Recursos Naturales en el gobierno de Luis Fortuño, Daniel Galán Kercadó.
“Esto es algo cada vez más inconcebible. En este país no se respeta el ambiente para estas y las futuras generaciones”, sostuvo Héctor Quintero Vilella, asesor científico de la organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente, que llevan un pleito para detener al grupo Prisa.
Friedel y Federico Stubbe
Hoy había una vista ante la jueza de primera instancia Irmarie Colón Massó, quien, según reportamos el pasado 26 de mayo, determinó que la construcción se hacía sobre un humedal que es un terreno de dominio público, por lo que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar.
“Hay un mosaico de humedales donde están construyendo este hotel y he estado analizando los documentos que se sometieron al Cuerpo de Ingenieros. Cuando se hace el análisis se encuentra muchos errores, omisiones, falta de información. Los estudios se hicieron mal, de una manera pobre. Hay hasta errores matemáticos que cualquier persona en este campo, incluso hasta alguien que esté comenzando, no los comete. Hasta un estudiante que lo revise se daría cuenta de los errores”, dijo Quintero Vilella
Galán Kercadó hizo un estudio y el otro lo realizó la firma de Walter Soler.
“¿Qué opciones tiene el pueblo para atender esto? Lo único que nos queda para detener esta destrucción es la corte”, agregó Quintero Vilella, al tiempo que mencionó que envió cartas a la División de Crímenes Ambientales del Departamento de Justicia federal en Washington, al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA).
“Sometí toda la información a las agencias federales y estoy dando seguimiento. Hasta sometí un FOIA, una petición de Freedom of Information Act al Cuerpo de Ingenieros el 31 de mayo, para que indiquen qué pasó con todo lo que habían escrito. Ellos me han dicho que están investigando”, agregó.
Desde el año pasado, vecinos de Luquillo comenzaron a protestar al notar la entrada y salida de camiones sobre un humedal. Se presume que los yacimientos indígenas en la zona fueron destruidos por la constante entrada y salida de camiones, el movimiento de terrenos y el relleno puesto por los desarrolladores.
En múltiples vídeos que circularon en las redes sociales y en los medios electrónicos durante las protestas en noviembre del 2021, se vio a una serie de encapuchados que salían de la construcción y se identificaron como empleados, agrediendo a mujeres y lanzando empujones, puños, ofensas lascivas, amenazas e intimidaciones. Nadie fue arrestado en aquel momento a pesar de que había policías en la zona.
Fue entonces cuando la comunidad se activó. Originalmente el caso lo vio el juez Juan A. Robles, del Tribunal de Fajardo, pero éste se inhibió. Había sido asesor de varios legisladores. El caso entonces pasó a la jueza Colón Massó, quien reconoció que el hotel se construye sobre una zona de dominio público, por lo que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar.
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| Protestas contra el hotel en Luquillo hace unos meses. |
Stubbe y el grupo Prisa alegan que tienen todos los permisos, aunque admitieron a la prensa en noviembre que rellenaron sobre 30 acres de terreno. Alegan que tienen permisos del Departamento de Recursos Naturales (DRNA).
La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) defiende al desarrollador. Alega que la construcción cumple con el Reglamento Conjunto del 2019 y 2020 de la Junta de Planificación. Ambos reglamentos fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por violar la ley. Entonces OGPE alegó que cumplen con el Reglamento Conjunto 2012, pero éste exigía que se celebrara una vista pública antes de iniciar la construcción, lo que el grupo Prisa nunca hizo.
La Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), el Cuerpo de Ingenieros y el propio DRNA han expresado que se construye sobre un humedal y que no se debía construir en la zona.
Estudios ambientales hechos demuestran que esa zona del humedal es el hábitat de especies en peligro de extinción cómo el Coquí Llanero, la boa puertorriqueña y la boa de las Islas Vírgenes. Quintero realizó un estudio para la expansión de la carretera PR-3 en el año 2018 y estableció que después del paso de los huracanes Irma y María en el 2017, se afectó el humedal y aumentó su tamaño, por lo que instó a que se realicen estudios más exhaustivos a los que Stubbe se ha negado.
En mayo la representante del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales también cuestionó los permisos que otorgó el gobierno para construir en esa zona protegida. Pidió una investigación administrativa en la Junta de Planificación, pero ésta la desestimó, en defensa del desarrollador.
Este proyecto coincide con la intención del gobierno de liberalizar aún más los permisos de construcción y eliminar leyes ambientes, tal y como se propone en el Reglamento Conjunto 2022 de la Junta de Planificación. ¡Ey! Boricua reveló en exclusiva el voluminoso documento de 923 páginas el pasado 5 de abril. Ese documento permitirá la construcción desmedida en todo el país, y se había mantenido oculto al público, aunque sí se mostró a ciertos desarrolladores y empresarios de la Ley 60 (antes Leyes 20-22), tal y como se corroboró mediante fotos.