Tribunal Supremo determinó que tienen que remover escombros y dejar la playa orilla en su estado natural; decide “no ha lugar” a petición de residentes; reacciones
Se acabó el caso de Sol y Playa. El Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de emitir un “no ha lugar” a la intención de ciertos residentes del emblemático edificio Sol y Playa de Rincón, ordenando que remuevan los escombros y dejen la playa Los Almendros en su estado original.
Después de más de un año de protestas en las playas y en los tribunales, así termina el caso que provocó las más grandes protestas por asuntos ambientales en décadas, en un evento en el que el gobierno movilizó a sobre 500 policías para proteger una verja de una propiedad privada, mientras se destruía el hábitat de especies en peligro de extinción con la construcción de una vera ilegal en la zona marítimo terrestre.
El caso inició en enero del 2020 con una querella que radicó ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) uno de los residentes, el Lcdo. José Barea. Luego, en abril de 2020, Barea radicó otra querella ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). Se oponía a la gestión del consejo de Titulares que pretendía construir una piscina y una verja que perdieron durante el huracán María, ocupando una zona pública.
“Han sido dos años largos de mucha lucha, y finalmente todo ese esfuerzo de tantas personas rindió fruto. La lección que esto nos da es que, si usted como ciudadano ve algo que está haciéndose mal, tiene que tomar acción. Tiene que impugnar. La única forma de proteger nuestros recursos naturales y proteger nuestro país es señalar cuando está mal y denunciar cuando el gobierno no actúa para proteger nuestra naturaleza y viola las leyes”, dijo Barea.
Añadió que el pueblo se activó y que por un interdicto que sometió el excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, “se continuó y se potenció la lucha. Estamos celebrando”, dijo Barea.
Por su parte el ambientalista Molina, quien inicialmente dio a conocer lo que pasaba en Rincón a través de vídeos en sus redes sociales y fue hasta arrestado por órdenes de algunos de los vecinos del edificio, reaccionó.
“Se le hace justicia a los recursos naturales y el pueblo dijo ‘basta ya’. Se dieron cuenta de que hay que defender lo nuestro. Esto es un duro golpe para Walter Pierluisi y el ‘Cartel de los Permisos”, porque con esto se establece que los bienes de dominio público hay que protegerlos y son del pueblo”, dijo Molina.
Walter Pierluisi es titular en ese edificio y primo del gobernador, Pedro Pierluisi.
Tras meses de protestas y denuncias públicas, la Junta de Planificación llevó el caso. Los peticionarios incluían a Sol y Playa Corp., el consejo de titulares Condominio Sol y Playa a través de la presidente de la Junta de directores, Dr. Carlos Torres Salichs, Lcdo. Norman Irizarry Díaz como secretario de la Junta y en su carácter personal. La orden establece que se siga lo que determinó el Tribunal Apelativo que ordenó la demolición de la verja.
Durante las protestas e incluso la semana pasada, se avistaron tortugas marinas, que están en peligro de extinción, desovando en la zona que invadió el edificio.