Otro audio del donante del Súper PAC, Ricky Castro, explica rol del gobernador Pedro Pierluisi mientras fue asesor legal y cabildero; se le pidió que enmendara reglamento del cannabis medicinal
AUDIO: https://soundcloud.com/srcsandra/nuevo-audio-vincula-a-pierluisi-y-el-cannabis?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
En este nuevo audio en poder de En Blanco y Negro con Sandra, Castro explica el proceso que hizo para expandir su negocio de cannabis medicinal en Puerto Rico. Aunque no se detalla nada ilegal, el audio evidencia que hay un patrón de trabajos y coordinación de actividades entre el hoy gobernador Pierluisi y el donante de su Súper PAC.
Este audio trasciende un día después de que en este medio se publicó otro audio en el que Castro corrobora el rol de Andrés Guillermard como recaudador de fondos del Súper PAC para la campaña de Pierluisi. Guillemard está casado con la hermana del gobernador, Caridad, quien es la primera dama del país. Ambos audios fueron corroborados y autenticados por varias fuentes. Las fuentes, cuyos nombres se protegen, aseguran que hay más información.
Hace unos años Castro presidió la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA). El empresario y donante político tiene múltiples negocios como Castro Vicens Enterprise, y bajo Castro Business Enterprises LLC opera las tiendas National Guard Excange Military Stores. También es dueño de Upleave, un super dispensario de Cannabis ubicado en Hato Rey.
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| Empresario Ricky Castro (Foto END) |
“Cuando la ley vino tan restrictiva, y tú vas a ver lo que te voy a decir ahora, y está en el reglamento. La ley vino tan restrictiva que con esto que te voy a decir a mí se me paran los pelos”, comienza diciendo Castro en el audio que dura 1:47.
“Yo tengo una de las plantaciones de cannabis más grandes en los Estados Unidos. Vendo 37 millones de dólares en marihuana todos los años, y la ley viene restrictiva en el sentido de que capital exterior no puede entrar a Puerto Rico. Y yo le digo: Pedro (Pierluisi), yo tengo un inversionista que puede invertir 200 millones de dólares para poner el precio”, añade Castro.
“¿Tú sabes cuánto a mí me cuesta una libra? Un alto. A mí me cuesta la libra, producirla en Portland, Oregon, me cuesta 117 dólares la libra. Aquí está costando 800 dólares. Y yo le digo, yo tengo la tecnología, yo tengo la capacidad, pero necesito traer 200 millones de dólares de inversión en una corporación pública. Y la ley dice que no puede haber más del 51%, que tiene que ser local”, añade en el audio.
“Y yo le digo: Pedro (Pierluisi), si nosotros logramos que la ley se enmiende, que una corporación pública de Puerto Rico se vaya a la bolsa de valores y ‘levante’ (recaude) 200 millones de dólares, este es mi plan de trabajo. Necesito enmendar la ley para que diga así mismo:‘una corporación pública de Puerto Rico, que treidee (“to trade” en inglés o intercambie) en una bolsa de valores reconocida, que se le permita y se le haga una excepción a eso”, añade.
Castro concluye el audio diciendo: “Cuando me escribe el proyecto, yo empiezo a cabildear por el proyecto. Lo llevo a los senadores, no tuve el apoyo, pero lo vieron bien. ¿Y sabes lo que hicieron? Se lo dieron al reglamento. Y el reglamento dice eso mismo, el mismo proyecto que me escribió Pedro Pierluisi”.
Los múltiples intentos por contactar a Castro para que reaccionara a las noticias fueron infructuosos. Lo mismo sucedió con Guillemard, a quien este medio contactó a su celular privado. Según varias fuentes, Castro y Guillemard están fuera del país.
El gobernador, a través de su portavoz de prensa, Sheila Angleró, rechazó ayer haber tenido un PAC o súper PAC mediante el cual recibiera donativos para su campaña.
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| Gobernador Pedro Pierluisi y su hermana Caridad, la primera dama. |
En horas de la tarde de ayer la primera dama Caridad Pierluisi emitió una declaración a los periódicos en la que afirmó que ni su hermano ni su esposo tuvieron vínculos ni coordinaron con el Súper PAC Salvemos Puerto Rico. La coordinación entre un Súper PAC y la campaña de un candidato es un delito.
“Como directora de la campaña a la gobernación de Pedro R. Pierluisi repito, reitero y sostengo que nuestra campaña no tuvo coordinación con el PAC mencionado, ni con cualquier otro. El audio que se ha divulgado, no cambia esta verdad”, dijo la primera dama en declaraciones escritas.
En el audio circulado ayer, Castro dijo que Guillemard le dio instrucciones para donar. Dijo que primero se habló de crear un comité de acción política contra la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López. Pero desistieron porque López no era la favorita, según las encuestas. Ahí es cuando aporta $50,000 para apoyar a Pierluisi.
Castro es uno de los empresarios que aparece en la denuncia criminal federal contra Salvemos a Puerto Rico Inc. y su presidente y amigo del gobernador, Joseph “Joey” Fuentes Fernández, quien se declaró culpable por falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes, quienes aportaron $495,000 en la campaña electoral de Puerto Rico en 2020.
La denuncia criminal contra el súper PAC y Fuentes Fernández dice explícitamente que hubo comunicaciones con otros dos individuos, quienes “discutieron (entre sí) aspectos de su esquema para evadir informar la fuente verdadera de los donativos”. Esta acción va en violación de leyes electorales y criminales creadas para proveer mayor transparencia sobre la influencia del dinero en la política electoral.
Los súper PAC pueden recibir dinero ilimitado por parte de corporaciones, sindicatos, asociaciones e individuos, pero tienen la obligación de informar su procedencia.
En mayo del 2020 Castro le vendió al gobierno 50,000 pruebas rápidas de Covid-19 sin que cumplieran con los estándares de compra establecidos. Las pruebas enfrentaron problemas de calidad y no pudo cumplir con la entrega completa, según reveló una investigación una pesquisa que publicó el Centro de Periodismo Investigativo.
La asamblea legislativa a través de la Comisión de Salud en la cámara de representantes que dirigía entonces el representante Juan Óscar Morales, no refirió el contratista a las autoridades. A través de la compañía Castro Business Enterprises opera las tiendas militares del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Además, mensualmente paga $450,000 a la Guardia Nacional por la concesión de 10 tiendas.